La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de Modernización Laboral durante una sesión extraordinaria celebrada este viernes. La iniciativa ahora debe regresar al Senado para que ratifique el texto y, de esa forma, la ley quede firme. El Gobierno busca su sanción definitiva antes de que el presidente Javier Milei asista al Congreso el domingo 1° de marzo.
Para lograr este objetivo, el oficialismo cedió en el artículo 44, relacionado con las licencias por enfermedad, a fin de asegurar la aprobación con modificaciones. Esta fue la única alteración respecto de la redacción que previamente había votado el Senado. Por ello, el proyecto deberá volver a la Cámara de origen para su ratificación y sanción definitiva, en una sesión que está prevista para el próximo viernes 27 de febrero.
El artículo 44, finalmente eliminado, establecía que, en caso de sufrir un accidente o una enfermedad no relacionada con las tareas del contrato de trabajo que impidiera la prestación laboral, el trabajador tendría derecho a percibir el 50% del sueldo durante 3 meses si no tuviera personas a cargo, o 6 meses si las tuviera. Si la imposibilidad de trabajar no resultara de una acción voluntaria y riesgosa, el trabajador recibiría el 75% de su salario en los mismos plazos.
Desarrollo de la sesión en Diputados
El inicio de la sesión enfrentó el desafío de alcanzar el quórum, que fue superado pasadas las 14:00 gracias al acompañamiento en bloque de los sectores que habían solicitado la sesión. La base de 130 legisladores se consolidó con la asistencia perfecta de La Libertad Avanza y el PRO, junto a los bloques de Innovación Federal, la UCR, Independencia, MID, Producción y Trabajo y La Neuquinidad.
La sesión elevó su temperatura cuando la diputada Cecilia Moreau impugnó la conducción del presidente de la Cámara, Martín Menem. Lo acusó de «pasarse de vivo» al dar por aprobado el Plan de Labor (refiriéndose al Proyecto de Modernización Laboral) mediante una maniobra apresurada a mano alzada. En medio de un clima de extrema hostilidad y ante las interrupciones de las bancadas oficialistas y aliadas, la diputada no retrocedió y lanzó un duro «cállense monigotes», logrando finalmente que se pusiera en consideración la moción de reconsideración.
Aunque los números no fueron suficientes para frenar el esquema de la sesión, el foco de la crítica de Moreau estuvo puesto en la claudicación de los sectores de origen peronista o radical que facilitaron el quórum.
«Usted está pasándose de vivo… Este bloque y otros no tenemos dos tercios, pero igual vamos a pedir la reconsideración porque, aunque perdamos, lo vamos a hacer con la frente en alto, evitando que hoy se consuma la traición de que aquellos que sean despedidos cobren su indemnización en cuotas. Ustedes, los que entraron en nombre de Yrigoyen o del campo nacional y popular, van a convalidar un retroceso en la vida de los trabajadores», fustigó la diputada.
Tras las acusaciones, se impuso la visión de La Libertad Avanza y el diputado correntino Lisandro Almirón comenzó con la lectura del dictamen de mayoría. Argumentó la necesidad de avanzar con el texto enviado por el Senado: «El proyecto actualiza la legislación laboral, remueve las distorsiones que afectan la creación de empleo formal y mejora la competitividad del mercado laboral», afirmó, defendiendo la norma como una herramienta de previsibilidad para las empresas.
Puntos clave del proyecto de modernización laboral
El proyecto, impulsado por el Gobierno de Javier Milei y que ya cuenta con media sanción del Senado, representa una reforma amplia destinada a modificar el régimen laboral argentino. Se enfoca en indemnizaciones, modalidades de contratación, licencias, convenios y la formalización del empleo.
Entre sus puntos principales, se mantiene la indemnización por despido sin causa, pero se modifica la base de cálculo. Esta ahora será solo la mejor remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo aguinaldo, premios y otros adicionales. Se establece un nuevo criterio de actualización: IPC + 3% anual.
Uno de los pilares de la reforma es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización obligatoria para empresas que funcionará como un fondo de afectación específica destinado a cubrir indemnizaciones y obligaciones derivadas de la desvinculación. A propuesta de la UCR en el Senado, se diferenciaron las contribuciones patronales para el financiamiento: las grandes empresas aportarán un 1% mensual, mientras que las micro, pequeñas y medianas contribuirán con el 2,5%. El texto original preveía un 3% sin distinción.
Respecto a la derogación de distintos estatutos profesionales, incluido el del periodista, se dispuso un plazo de un año (1° de enero de 2027). Asimismo, se posterga al 1° de enero de 2028 la eliminación de un fondo que financia la actividad del INCAA.
Sobre los cambios a la Ley de Contrato de Trabajo, se establece el mecanismo de «banco de horas», mediante el cual empleador y empleado podrán pactar modificaciones en el horario laboral. No se tratará de horas extra, sino de una compensación con días.
Las vacaciones, en tanto, podrán tomarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con la posibilidad de pactar otro período y de fraccionarlas en bloques no inferiores a 7 días.
Por otro lado, el extenso proyecto prevé la creación de un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) para promover la capacitación, empleabilidad y reconversión. También se contempla el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), que apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.
La iniciativa incorpora criterios para la actividad de repartidores y trabajadores de aplicaciones. Voces empresarias, como las de Rappi e IDEA, valoran que el proyecto fije «estándares y reglas claras» para la actividad.
