Este viernes se alcanza un hito fundamental en el proceso licitatorio para la concesión de la Vía Navegable Troncal de la Hidrovía Paraná-Paraguay, que definirá su administración durante las próximas dos décadas y media. La jornada marcará el cierre del plazo para la presentación de ofertas, dando paso a la apertura de sobres para conocer a los competidores interesados en el mantenimiento, dragado y balizamiento de este corredor fluvial. Se espera que el 27 de febrero se revelen los nombres de los oferentes.
La hidrovía es vital para el comercio exterior argentino, ya que por ella circula cerca del 90% de los bienes que ingresan y egresan del país. Además, posee una injerencia significativa en las operaciones de Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil, impactando directamente en los costos logísticos, la competitividad exportadora y la inserción internacional de la región.
Hasta el momento, el debate público y técnico se había centrado en el contenido del pliego de bases y condiciones, la transparencia del proceso, el alcance técnico de las obras y la participación de cámaras empresariales, provincias, países limítrofes y usuarios del sistema. Ahora, la atención se traslada a las empresas que competirán por esta concesión de 25 años, la cual contempla inversiones estimadas en más de 10.000 millones de dólares.
El proceso licitatorio fue gestionado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Contó con más de 200 consultas, múltiples gestiones y una auditoría respaldada por las Naciones Unidas, lo que buscó asegurar estándares internacionales de transparencia y buenas prácticas. La provincia de Santa Fe fue invitada a integrar el Consejo de Control, dada su relevancia estratégica al estar involucrada en ambas divisiones de la Vía Navegable Troncal.
El llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional fue oficializado el martes 23 de diciembre mediante la publicación de la Resolución 67/2025 en el Boletín Oficial. Dicha normativa aprobó los pliegos de bases y condiciones que regirán la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización, así como las tareas de dragado de la principal vía fluvial del país.
El tramo licitado se extiende desde el kilómetro 1238 del río Paraná, en el punto Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales del Río de la Plata exterior, ubicada a la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio. Adicionalmente, la concesión abarca las vías del Canal Ingeniero Emilio Mitre y los ríos Paraná de las Palmas, Bravo, Guazú, Talavera y el sistema Paraná-Océano Atlántico, configurando el eje central del comercio fluvial argentino.
Evaluación de las ofertas tras la apertura de sobres
El cierre del plazo para la presentación de ofertas no implica una adjudicación inmediata. Por el contrario, da inicio a una secuencia de evaluación que, debido a su complejidad y magnitud, demandará un tiempo considerable. El análisis de las propuestas se realizará en etapas: primero, una revisión jurídica y contable; luego, una evaluación de las propuestas técnicas; y, finalmente, después de un período estimado de entre un mes y medio y dos meses, se avanzará en la comparación de los precios ofertados.
Este esquema de evaluación es fundamental en una licitación de esta envergadura. Si bien el precio es un factor importante, la capacidad operativa, la experiencia, la flota disponible y la solidez para sostener durante 25 años las tareas de dragado, balizamiento y mantenimiento en uno de los corredores fluviales más transitados del mundo, son elementos determinantes. No basta con la intención, se requiere una probada capacidad de ejecución.
El propio proceso fue concebido como una construcción técnica y participativa. A lo largo de 2025, la Administración Nacional de la Vía Navegable (ANPyVN) convocó a diversas mesas de trabajo que reunieron a empresas navieras, productores exportadores e importadores, gobiernos provinciales, representantes de países limítrofes, cámaras empresarias y organizaciones de trabajadores.
Según lo informado, los aportes surgidos de estas instancias fueron incorporados al pliego licitatorio. La expectativa oficial y empresarial no se limita a la existencia de competencia, sino también a que esta se traduzca en una concesión ejecutable, con reglas claras, controles sostenidos y una mejora efectiva en la operación de la hidrovía, reconociendo la diferencia entre lo establecido en papel y la realidad operativa en el río.
Puntos clave del pliego de condiciones
Uno de los aspectos políticos y económicos más relevantes del proceso es el respaldo explícito de las principales entidades vinculadas al comercio exterior y al sistema portuario. En una declaración conjunta, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas manifestaron: “Reafirmamos nuestra disposición a seguir colaborando activamente para que este proceso concluya exitosamente y siente las bases de una nueva etapa de crecimiento y competitividad para el comercio exterior nacional”.
Entre los puntos destacados del pliego que explican dicho respaldo, se menciona el incremento de la profundidad a 40 pies, una mejora que busca optimizar las operaciones portuarias y reducir costos logísticos. También se establece la obligación de realizar inversiones en tecnología para mejorar la navegación y reforzar la seguridad, incluyendo herramientas para la prevención del narcotráfico.
Otro punto subrayado es la incorporación de la provincia de Entre Ríos a la Hidrovía, medida anunciada en octubre pasado por el presidente Javier Milei junto al gobernador Rogelio Frigerio. Esta incorporación contempla el dragado de los brazos Paraná Bravo y Paraná Guazú a 34 pies de profundidad.
Transparencia y el antecedente de 2025
Para garantizar la transparencia en la licitación, se solicitó a las Naciones Unidas una auditoría de cada etapa del proceso. El objetivo fue dotar de estándares internacionales y buenas prácticas a una concesión que, por su volumen e impacto económico, concentra una significativa atención a nivel local e internacional.
Según información de sitios especializados, al menos ocho empresas a nivel global cuentan con la capacidad para competir en esta licitación. Se mencionan a DEME, Jan de Nul, Boskalis y Van Oord como firmas con la capacidad técnica y flota suficiente para cumplir con los requerimientos exigidos.
Además, se especula que otras compañías como Inai Kiara, Rhode Nielsen, Great Lakes and Dock Co. y Weeks Marine podrían integrar consorcios para alcanzar los estándares solicitados.
En este contexto, se recuerda el fallido antecedente de 2025, que llevó a la anulación de una licitación previa. En aquella ocasión, la apertura de sobres había revelado la participación formal de una sola firma. Ante esta situación, el Gobierno de entonces declaró la nulidad del proceso y solicitó a la Justicia que investigara la maniobra, lo que derivó en la apertura de este nuevo proceso con el respaldo de la ONU y el monitoreo del Consejo de Control.
A su vez, este proceso incluyó la realización de dos audiencias públicas durante noviembre: una destinada a organizaciones ambientalistas y otra de carácter informativo, abierta a la población general. Esta etapa fue presentada como parte de una secuencia de validación técnica, social y regulatoria del pliego, con la intención de abordar los distintos frentes de discusión antes del cierre de la presentación de ofertas.
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