Santa Fe se posiciona a la cabeza de la litigiosidad laboral en Argentina, registrando 296 juicios por cada 10.000 trabajadores registrados. Esta cifra supera en un 123% la media nacional y se manifiesta significativamente superior a la de otras provincias, como Córdoba, donde un trabajador tiene menos de la mitad de probabilidades de iniciar una demanda. Esta elevada conflictividad judicial genera un impacto directo en la economía regional.
Las empresas santafesinas abonan una alícuota promedio de ART del 4,03%, lo que representa un 45% más que el promedio nacional, establecido en el 2,78%, y se traduce en un sobrecosto estimado en US$ 100 millones anuales para el sector productivo de la provincia.
Factores que explican la situación en la provincia
Según un informe de la Unión Argentina de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), los factores principales que explican esta problemática en Santa Fe son diversos. En primer lugar, se destaca el sistema de honorarios de los peritos médicos judiciales, quienes actualmente cobran en proporción al monto de la sentencia o al porcentaje de incapacidad que ellos mismos determinan.
Esto, de acuerdo con el informe, genera un incentivo perverso para la asignación de porcentajes de lesión superiores a los reales, con el fin de aumentar su propia retribución económica. En segundo lugar, el documento señala la demora en la aplicación de la Ley Nacional 27.348, la cual busca profesionalizar las pericias a través de Cuerpos Médicos Forenses con honorarios fijos.
Si bien la normativa nacional está vigente, Santa Fe recién inició en 2025 el concurso para conformar este cuerpo y designar a sus primeros peritos oficiales. Finalmente, el informe menciona la falta de obligatoriedad efectiva de las instancias previas al juicio. En este sentido, un proyecto de reforma que se debate en la Legislatura provincial busca establecer las comisiones médicas como un paso obligatorio previo al inicio de una demanda judicial, siguiendo modelos de otras jurisdicciones que han logrado reducir la litigiosidad de manera más efectiva.
El panorama nacional del sistema de riesgos del trabajo
El informe de la UART detalla una crítica situación del sistema de riesgos del trabajo en Argentina, subrayando un incremento del 6,4% en los juicios laborales durante 2025. Resulta alarmante para la entidad que las demandas aumenten significativamente a pesar de que los accidentes y fallecimientos han disminuido drásticamente en las últimas décadas.
De hecho, los siniestros laborales se redujeron un 55% y los fallecimientos laborales bajaron un 80%, lo que equivale, según el informe, a haber salvado más de 19.000 vidas. La UART señala que el ingreso de 134.141 nuevos juicios laborales por riesgos del trabajo en 2025, lo que equivale a 132,8 juicios por cada 10.000 trabajadores cubiertos, sigue agravando la situación del sistema y lo empuja hacia un escenario de extrema tensión institucional y financiera.
A nivel país, el 73% de los juicios se concentra en tres jurisdicciones: Buenos Aires, CABA y Santa Fe, distritos que, en conjunto, reúnen el 61% de los trabajadores cubiertos. Esta marcada concentración territorial revela que el problema responde a distorsiones estructurales del proceso judicial en determinadas jurisdicciones.
El fenómeno se atribuye mayoritariamente a las fallas en el sistema pericial médico, donde los honorarios suelen estar vinculados directamente al monto de la sentencia. Como solución, el sector empresario propone la plena implementación de la Ley Nacional 27.348, que permitiría profesionalizar las pericias mediante la conformación de cuerpos forenses con sueldos fijos.
La propuesta de reforma provincial en debate
En la provincia de Santa Fe, existe un proyecto de reforma parcial al Código Procesal Laboral impulsado por el diputado provincial José Corral y respaldado por la Federación de Industriales de Santa Fe (Fisfe). Esta iniciativa busca corregir las distorsiones estructurales que, según sus impulsores, han generado una alta litigiosidad y sobrecostos en el sistema de Riesgos del Trabajo local.
Los pilares fundamentales de esta propuesta incluyen la obligatoriedad de las Comisiones Médicas, lo que implicaría establecer el paso por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales como una instancia obligatoria y previa a cualquier demanda judicial.
El objetivo de este paso administrativo es agilizar los tiempos de resolución de los reclamos y evitar que todos los casos terminen directamente en los tribunales. Otro punto central de la reforma es la modificación del sistema de pericias médicas, buscando resolver el «desorden pericial».
Los cambios propuestos buscan desvincular los honorarios de los peritos del monto de la sentencia o del porcentaje de incapacidad que ellos mismos determinan, eliminando así el incentivo económico actual que tienen los profesionales para asignar lesiones más graves con el fin de aumentar su propia retribución.
Se propone avanzar hacia la conformación de Cuerpos Médicos Forenses con profesionales que perciban honorarios fijos, garantizando mayor imparcialidad y rigor científico. Finalmente, el proyecto contempla la adhesión efectiva a la Ley Nacional 27.348, buscando una integración real con la normativa nacional vigente y siguiendo modelos exitosos implementados en otras provincias para reducir la litigiosidad, lo que implica la necesidad de corregir plazos como el de caducidad de 2 años.
Objetivos y beneficios esperados de la reforma
Según la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) y los autores del proyecto, los beneficios de esta reforma se traducirían en una reducción de costos para las empresas del orden de los US$ 100 millones al año.
Asimismo, marcan una mayor competitividad para la industria local al disminuir la litigiosidad «espuria», lo que permitiría que las empresas santafesinas dejen de estar en desventaja frente a provincias como Córdoba.
Por último, destacan la celeridad en los procesos para el trabajador, aspirando a un sistema más ordenado que permita a los afectados que realmente sufrieron un siniestro recibir su reparación de manera más rápida y justa, sin esperas judiciales innecesarias.
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