El Senado aprobó este viernes y convirtió en ley la reforma del Régimen Penal Juvenil, una iniciativa emblemática del Gobierno que busca reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La votación en general se saldó con 44 afirmativos, 27 negativos y 1 abstención. Tras la aprobación en particular, el recinto abordó el segundo tema del día: la reforma laboral, que había llegado en revisión desde la Cámara de Diputados.
La sesión dio inicio a las 11.14, con un quórum de 40 legisladores, y fue presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel. En medio de protestas frente al Congreso, el bloque de La Libertad Avanza difundió un video en redes sociales, afirmando que con esta reforma, el Gobierno impulsa «las reformas que Argentina necesita para ser cada día un país más seguro».
La nueva legislación reemplaza el régimen penal vigente desde 1980. El oficialismo reactivó el expediente en febrero, fundamentando su postura en dos argumentos recurrentes durante la jornada: el impacto social del crimen de Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe, y los cambios en la composición de ambas cámaras tras las elecciones legislativas de octubre.
La apertura del debate estuvo a cargo de Gonzalo Guzmán Coraita, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. El legislador oficialista sintetizó el espíritu del proyecto con la frase: «Estamos frente a una jornada histórica». Guzmán Coraita enfatizó que la actual Ley de Minoridad rige desde 1980, «anterior a la reforma constitucional de 1994» y a la jerarquización de la Convención de los Derechos del Niño. En este sentido, defendió la propuesta de un régimen «moderno, integral y especializado», que garantice el debido proceso para los adolescentes.
Detalles del Nuevo Régimen Penal Juvenil
La legislación sancionada reemplaza la normativa vigente desde 1980, reduciendo la edad de imputabilidad a 14 años. Asimismo, establece una estructura de procesos y sanciones orientada a «fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos» y a promover su «educación, resocialización e integración social». El objetivo primordial es que el adolescente «supere el riesgo social y la conflictividad» manifestada en el delito.
Entre sus puntos más relevantes, el nuevo régimen garantiza que, desde el inicio hasta la finalización del proceso, niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos y garantías que emanan de la Constitución Nacional y los tratados internacionales. También consagra el derecho de los padres o responsables a acceder a información sobre la imputación y los actos procesales. Además, define como principios rectores la «protección integral de la víctima y sus familiares», la «seguridad pública» y la «protección de la sociedad».
La intervención de la asesoría tutelar correspondiente será obligatoria en aquellos procesos donde una persona menor de 18 años sea imputada o víctima. La ley también exige que el juez y el Ministerio Público Fiscal protejan «en todo momento» los derechos de las víctimas y personas perjudicadas. Un aspecto relevante del nuevo marco legal es que los progenitores serán «responsables civilmente» por los ilícitos cometidos por sus hijos, en conformidad con el Código Civil y Comercial.
Para los casos de condena condicional o supuestos específicos, el juez deberá imponer medidas complementarias, como asesoramiento, asistencia a programas o tratamientos médicos, bajo estricto control judicial. La normativa establece que, en todos los casos, se deberá oír y considerar la opinión del adolescente imputado, su defensor, el fiscal y la víctima.
La ley contempla la sustitución de la prisión por penas alternativas en delitos con sanciones de hasta 3 años. Asimismo, confiere al tribunal la facultad de aplicar penas en el rango de 3 a 10 años, siempre que no haya existido muerte, violencia física o psíquica grave, lesiones gravísimas, muerte en delitos culposos o daño psíquico grave, y si el adolescente no posee condenas previas ni procesos con auto de procesamiento.
El Artículo 12 detalla las posibles sanciones: amonestación; prohibiciones de contacto o aproximación; restricciones para la conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición de salida del país; servicios a la comunidad; monitoreo electrónico; reparación integral del daño; y penas privativas de libertad.
Respecto a la privación de libertad, se establecen tres modalidades: en domicilio, en instituto abierto o en instituto especializado de detención. La norma prohíbe la reclusión perpetua y la prisión perpetua para menores, y fija un máximo de 15 años para las penas privativas de libertad. También prevé que, una vez cumplidos dos tercios de la pena y dadas las circunstancias del Código Penal para la libertad condicional, el tribunal pueda disponer que el resto se cumpla con penas restantes.
Si el adolescente incumple injustificadamente una pena alternativa, el juez deberá sustituirla por una más severa. Tras la determinación de medidas o penas, el juez designará a un supervisor especializado para garantizar el seguimiento, asistencia y control.
El alojamiento de los menores deberá realizarse en institutos adecuados, con personal capacitado y siguiendo reglas estrictas: sin contacto con mayores de edad; contemplando la personalidad y salud, la edad, la identidad cultural y educativa, y distinguiendo si la privación es cautelar o punitiva. Se garantiza atención médica, psicológica y psiquiátrica, y se promueven actividades formativas, capacitación laboral, deporte, cultura, religión y recreación para favorecer la inserción social y laboral.
La ley también amplía un capítulo de derechos para las víctimas, que incluye asistencia especializada, patrocinio jurídico gratuito en ciertos casos, y la posibilidad de acceder a instancias de mediación. Además, habilita al fiscal a prescindir total o parcialmente de la acción penal si el delito atribuido tiene una pena máxima igual o inferior a 6 años, siempre que no haya muerte, delitos culposos o lesiones gravísimas; y permite la suspensión del proceso a prueba en delitos de hasta 3 años cuando la mediación no sea posible.
Finalmente, la norma deroga la Ley 22.278 y sus modificatorias; invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a adecuar su legislación procesal penal y las normativas aplicables a adolescentes de 14 a 18 años. En cuanto al financiamiento, las erogaciones se atenderán con recursos presupuestarios, y para el año de entrada en vigencia se prevén $ 23.739.155.303,08. La Nación, las provincias y CABA podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación para cumplir con los estándares establecidos.
Implementación y recursos: el debate sobre el financiamiento
Un segmento significativo del debate se centró en la problemática del financiamiento de la norma, un desafío recurrente para el Congreso ante cualquier reforma. El senador chaqueño Jorge Capitanich expuso la cuestión de manera directa. Subrayó que «son las provincias las que efectivamente tienen que dar cumplimiento» al régimen penal, tanto en lo que respecta a la capacidad instalada y los lugares de alojamiento, como a las «políticas públicas necesarias» para abordar las causas y consecuencias. «Su aplicación y ejecución corresponde a las provincias y, si no se garantizan los recursos para su aplicación, puede quedar en letra muerta», advirtió.
En cuanto al presupuesto, Capitanich fue contundente: el monto de «24 mil millones de pesos» le resultó insuficiente si se proyecta la construcción de alojamientos. «Si tomamos alojamientos de 100 personas, esto implica una proyección para cada jurisdicción y equivale a 9 años. Este presupuesto es insuficiente porque no puede tardar 9 años un proceso de construcción de capacidades instaladas eficientes», argumentó. Su intervención concluyó con una reflexión política: «El exceso de punitivismo no resuelve el problema, solo lo traslada. Hay que atacar las causas».
En una línea argumental similar, la senadora Alicia Kirchner cuestionó la distribución del presupuesto hacia las provincias. «En Argentina tenemos 56 lugares de encierro para atender a los niños y niñas que han delinquido. Seis provincias no tienen absolutamente nada, ¿quién las va a apoyar?», inquirió. Planteó si sería la Nación la encargada de derivar los fondos o si «todo va a caer de nuevo en las provincias». Desde otra perspectiva, Kirchner remarcó que áreas como la salud mental también requieren inversión: «Hay artículos que no puedo dejar de compartir, pero sí me preocupa el cumplimiento concreto».
El eje federal fue una advertencia fundamental en el discurso del exgobernador santiagueño Gerardo Zamora, quien sostuvo que, de aprobarse «de esta manera», la reforma nacería como «una ley muerta» por vulnerar «el ordenamiento federal». Zamora criticó que «convertirán estas necesarias reformas en algo que prácticamente, al vulnerar el ordenamiento federal, nace como una ley muerta antes de nacer», apuntando tanto al diseño normativo como a la capacidad real del Estado para su implementación.
Posturas a favor de la reforma
Los votos afirmativos se fundamentaron en tres pilares argumentales reiterados: la reparación a las víctimas, la percepción de poner fin a la «impunidad» y la necesidad de actualizar una normativa pre-democrática.
La senadora radical Gabriela Valenzuela calificó la iniciativa como una «reforma trascendental». «No estamos discutiendo solamente edades o penas, estamos discutiendo qué Estado queremos frente a delitos cometidos por adolescentes. Si uno anclado en normas de la dictadura o uno sostenido en leyes de la democracia, que aporta garantías», afirmó. En esta línea, Valenzuela definió la reforma como una «deuda democrática» pendiente desde 1983: «No podemos sostener un régimen que permite amplias discrecionalidades».
Nadia Márquez, de La Libertad Avanza, adoptó una postura más directa y buscó un mensaje contundente: la ley actual «es arcaica, vetusta y vieja. No sirve. No permite solucionar los problemas». Márquez arremetió contra la oposición: «Me muero si alguien dice que un chico de 14 o 15 años no entiende o no sabe que robar está mal».
Por su parte, Beatriz Ávila sostuvo que el tema es «complejo, sensible, pero profundamente necesario», y que el Estado no puede permanecer «indiferente» ante los delitos cometidos por menores. A su entender, son jóvenes que, antes de delinquir, «ya han sido desprotegidos por el propio Estado«, pero la respuesta debe existir: «Hay que proteger a la sociedad y rescatar a esos jóvenes antes que el delito se convierta en una identidad».
El senador misionero Carlos Arce insistió en que «no es un proyecto punitivo, es un proyecto formativo», y señaló que el debate público se concentró excesivamente en la edad. Al mismo tiempo, Arce destacó el papel de las víctimas: «Estamos acá para proteger a las víctimas». Finalmente, adelantó el voto afirmativo de los dos legisladores misioneros de su espacio.
Edgardo «Peteco» Vischi, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), respaldó la reforma, pero solicitó no reducirla a un «enfoque policial». Hizo referencia a la pobreza consolidada y la falta de esperanza, y abogó por reconstruir un «contrato social» para que los jóvenes sientan que el país les ofrece futuro. «El problema de la juventud y la delincuencia es una deuda de la política, no es una cuestión de mano dura o blanda», sintetizó.
Edith Terenzi también intentó mitigar el dramatismo en torno al «encierro masivo». «Acá nadie está pensando en encarcelar masivamente a menores», afirmó, y recalcó que la ley es explícita al limitar la privación de libertad a riesgos procesales ciertos, con dependencias acondicionadas, personal idóneo y la prohibición de alojamiento junto a adultos.
Martín Goerling, senador por Misiones, describió la reforma como «una ley del sentido común» frente a «menores que delinquen y matan», y la contextualizó mediante una comparación regional: Brasil con 12 años, Uruguay con 13, y el resto de los países «ya zanjó el debate». «Mano de obra barata, impune», expresó, aludiendo a la utilización de adolescentes por parte de redes delictivas.
Desde el oficialismo, Ezequiel Atauche enmarcó la reforma como parte de una identidad de gestión: «Los mayores de 14 años entienden perfectamente qué están haciendo y tienen que ser reinsertados en la sociedad a través de un procedimiento». «Esta ley es un avance de un gobierno reformista que ataca de frente los problemas de la gente», aseveró.
Juan Carlos Pagotto añadió una crítica política clásica, cuestionando al kirchnerismo por objetar la norma después de «haber sido gobierno en cuatro períodos». Luis Juez, ya integrado en el bloque libertario, instó a «hablar con los padres de las víctimas» y criticó la discusión por «politiquería» y «discurso berreta». Para Juez, la reducción de la edad es «casi accesoria» frente al resto del sistema que se ajusta a compromisos internacionales.
Desde Santa Fe, la senadora Carolina Losada defendió enfáticamente la baja de la imputabilidad. «Las madres de los soldaditos en Rosario me dicen que si aprobamos la baja de la edad de imputabilidad vamos a salvar más chicos», relató. Y concluyó: «Tenemos que mirar a las familias de víctimas de frente y darles una respuesta».
Rechazos y críticas a la iniciativa
En la vereda contraria, el Peronismo y otros sectores de la oposición enfocaron sus argumentos en el impacto real de la ley, las estadísticas de delitos juveniles y el riesgo de que la medida se interprete más como un gesto político que como una solución efectiva.
Lucía Corpacci calificó el proyecto como «una pantalla de distracción» que «no busca mejorar la inseguridad». «No estamos para responder el enojo. Sino para dictar leyes que hagan una sociedad mejor», declaró. La senadora afirmó que «solo el 0,45% del universo de adolescentes tuvo conflicto con la ley» y que Argentina ostenta «el menor índice de delitos en toda América Latina«. «Ustedes nos quieren hacer creer que la mano dura es lo que mejora todo», sostuvo, lanzando una pregunta que resonó en el recinto: «¿A quién se le ocurre que encerrar a un niño de 14 años va a construir una sociedad más justa?».
El cierre del Bloque Justicialista estuvo a cargo de Martín Soria, quien argumentó que no hubo «un debate serio y responsable» y acusó al oficialismo de manipular las condiciones. «Esta ley es muy mala, tiene errores, no va a solucionar lo que ustedes creen que va a solucionar», sentenció. Soria también criticó el eslogan de «pena de adulto para delito de adulto» y comparó este debate con la fallida discusión de 2025. Señaló, además, que en el Senado se modificaron artículos «porque contradecían la Constitución Nacional y tratados internacionales». En su conclusión política, Soria delineó la brecha conceptual: «Queremos un Estado que brinde una respuesta integral, y del otro lado únicamente la respuesta es penal: cárcel o bala».
El último discurso oficialista fue pronunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien celebró una votación «histórica» y dirigió críticas al kirchnerismo. «El kirchnerismo hizo de la Seguridad el mundo del revés. Habló del victimario, nunca de la víctima», afirmó. Y añadió: «Convirtió a los detenidos en personas que parecían que habían cometido un delito porque la sociedad no se había desarrollado».
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