Este viernes, la justicia de Santa Fe dictó prisión preventiva morigerada para el empresario uruguayo Walter Antonio Roel de Armas, recién extraditado al país e imputado como coautor de tentativa de extorsión. Tras ser trasladado a la capital provincial por la PDI luego de su arribo con la Policía Federal, el imputado deberá fijar domicilio en un departamento alquilado en la ciudad para cumplir con la medida.
Imputaron a empresario uruguayo por extorsión
Walter Antonio Roel de Armas, un empresario uruguayo de 68 años, fue imputado este viernes en los tribunales de Santa Fe. Se le atribuyó la coautoría en grado de tentativa del delito de extorsión, en el marco de una investigación que ya cuenta con otros tres acusados detenidos. Tras ser extraditado desde la República Oriental del Uruguay mediante una notificación roja de Interpol, Roel de Armas quedó sometido a una medida cautelar de prisión preventiva morigerada.
La audiencia imputativa se desarrolló en el subsuelo de los tribunales santafesinos. Allí, la fiscal María Laura Urquiza le atribuyó al empresario haber actuado en coautoría funcional. Según la acusación, Roel de Armas operó sobre la base de un plan común y una clara distribución de roles, buscando obligar a un empresario local, titular de una firma de nutrición animal, a entregar 100 mil dólares entre el 1º y el 10 de octubre de 2025.
El juez Leandro Lazzarini dispuso que el imputado cumpla arresto domiciliario en la ciudad de Santa Fe. Esta medida fue concedida por razones de edad y salud, tal como acreditó la defensa a cargo del abogado Jorge Hernando Qüesta. Para tal fin, Roel de Armas debió alquilar un departamento en la capital provincial, donde fijará su domicilio durante el proceso. Se prevé que un familiar viaje desde Uruguay para asistirlo.
El rol de Roel de Armas en la maniobra
De acuerdo con la imputación, Walter Antonio Roel de Armas, empresario vinculado al rubro de importación de cereales, junto a Rodolfo Eduardo Liendo, transportista, habrían aportado el componente medular de la maniobra. Su rol consistió en suministrar información personal y sensible de la víctima y su entorno familiar, datos sin los cuales las amenazas posteriores habrían carecido de entidad intimidatoria.
La fiscal Urquiza detalló que esa información incluía números telefónicos del denunciante y de su hermano, su domicilio particular, el nombre de su pareja y de su hijo menor, el establecimiento educativo al que asiste el niño y los domicilios laborales de la mujer. Asimismo, se les atribuye haber impartido instrucciones sobre el falso origen del reclamo dinerario y la necesidad de ocultar su propia intervención en el hecho.
La ejecución del plan extorsivo
La ejecución material de las amenazas, consistente en el envío de mensajes y audios intimidatorios, fue atribuida a Guillermo Sebastián Pucheta y José Luis Ríos, este último detenido en Puerto Madryn. En las comunicaciones se exigía el pago de la supuesta deuda y se advertía sobre posibles agresiones contra la familia de la víctima. Para reforzar la coacción, el 9 de octubre de 2025, ambos sujetos se presentaron en una joyería céntrica, propiedad de la pareja del denunciante.
Para la fiscalía, la mecánica delictiva se configuró como una coautoría funcional: mientras algunos aportaban la información estratégica y coordinaban la maniobra, otros materializaban la intimidación. La calificación legal es la de coautor de extorsión en grado de tentativa, figura que prevé una pena en expectativa que, según explicó la acusadora, parte de un mínimo cercano a los dos años y medio y puede extenderse hasta los diez años de prisión.
Extradición y situación procesal
La investigación se inició en octubre de 2025 y derivó rápidamente en allanamientos simultáneos realizados en Santa Fe y otras jurisdicciones. Estos operativos culminaron con la detención de Liendo, Pucheta y Ríos. Roel de Armas, en cambio, se hallaba en la República Oriental del Uruguay.
A solicitud de la Fiscalía Regional I, se libró una notificación roja de Interpol y se activaron los mecanismos de cooperación internacional. Su aprehensión se concretó en diciembre en la localidad uruguaya de Pan de Azúcar. Tras el trámite judicial correspondiente, el empresario fue extraditado por vía aérea a la Argentina, con intervención de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina, y entregado a la Policía de Investigaciones (PDI) para su traslado a la capital santafesina.
La fiscalía también le atribuye a Roel de Armas el delito de tenencia de arma de fuego. En paralelo, se registra un conflicto de índole civil vinculado a relaciones comerciales entre las partes involucradas. Mientras los otros tres imputados permanecen con prisión preventiva efectiva, el empresario uruguayo transitará el proceso bajo arresto domiciliario en la capital santafesina. La investigación continúa en etapa preparatoria, con negociaciones abiertas entre las defensas, la fiscalía y la víctima, con miras a una eventual salida alternativa o la elevación a juicio.
La perspectiva de la Fiscalía
Tras la audiencia imputativa, la fiscal María Laura Urquiza brindó precisiones sobre la atribución formulada contra el empresario uruguayo extraditado. La funcionaria judicial explicó por qué la intervención de Roel de Armas es considerada central dentro del esquema delictivo. «Se realizó la audiencia imputativa para hacerle conocer el hecho por el cual estaba siendo investigado desde octubre de 2025. Se le atribuyó el delito de tentativa de extorsión en coautoría con otras tres personas», sostuvo Urquiza.
Respecto al papel específico que le endilga la acusación, la fiscal remarcó: «Su rol como coautor fue el de aportar la información esencial y sensible sobre la vida privada de la víctima. Sin esos datos, las amenazas posteriores hubieran carecido de fuerza intimidatoria». Y agregó: «Es una pieza medular del plan. Sin esa información, la coacción no hubiese tenido sentido ni gravedad».
Urquiza detalló que la víctima comenzó a recibir mensajes de distintos números en los que se le reclamaba el pago de una supuesta deuda por 100 mil dólares. «Los mensajes eran cada vez más frecuentes y más graves. Se enviaban fotografías del núcleo familiar, precisiones sobre la escuela del hijo menor y datos sobre el lugar de trabajo de su pareja», describió. Finalmente, la fiscal también explicó que dos de los imputados se presentaron en el local comercial de la mujer para reforzar la intimidación. «Fue una forma de demostrar que no se trataba de una broma, que podían llegar hasta el lugar», concluyó.
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