Los padres de Mauro Daniel González, el hombre de 35 años fallecido en enero pasado bajo custodia en la Seccional 8ª de Santa Fe, fueron recibidos este jueves por el secretario provincial de Derechos Humanos, Emilio Jatón. Su abogado querellante, Rodolfo Mingarini, sostiene que la detención fue ilegal y estuvo acompañada de apremios, en un caso que investiga la Unidad Fiscal de Violencia Institucional.
La familia González, querellante en la causa por la muerte en la Seccional 8ª
La familia de Mauro Daniel González (35), el hombre fallecido en la Seccional 8ª de la ciudad de Santa Fe, fue recibida este jueves por el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Emilio Jatón. Los padres de la víctima, a través del abogado querellante Rodolfo Mingarini, se constituyeron formalmente en el expediente que investiga la muerte bajo custodia estatal. La reunión se llevó a cabo en la sede de la Secretaría de Derechos Humanos, donde el funcionario se comprometió a interceder ante la Defensa Pública y el Ministerio de Seguridad para garantizar el acceso a la información y el seguimiento institucional de la causa.
El deceso en la comisaría
El fallecimiento de Mauro Daniel González (35) se produjo en la madrugada del 18 de enero, mientras el hombre se encontraba alojado en un calabozo de la dependencia policial ubicada sobre avenida General Paz al 7300. Horas antes, el fiscal Roberto Olcese había dispuesto su libertad, una decisión que fue comunicada a la comisaría a las 22.40 del sábado. Sin embargo, en la madrugada, al intentar notificarlo para efectivizar la medida, el personal policial constató que González no respondía a los estímulos. La causa fue inicialmente caratulada como “investigación de muerte”.
Querella admitida y curso de la investigación
El 21 de enero, los padres, los tres hermanos y los cinco hijos menores de edad de la víctima se constituyeron como querellantes a través del Dr. Mingarini. El Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia hizo lugar al planteo, habilitando su participación activa en la producción de prueba y el control de la investigación.
En un primer momento intervino el fiscal de Homicidios, Estanislao Giavedoni, quien dispuso las medidas urgentes, entre ellas la participación de la División Científica Forense de la PDI, Asuntos Internos, División Judiciales de la URI y autoridades policiales de la zona. Asimismo, se aplicó el Protocolo de Minnesota para la realización de la autopsia. Posteriormente, el legajo pasó a la órbita de la Unidad Fiscal de Violencia Institucional, a cargo del Dr. Ezequiel Hernández.
Puntos bajo análisis de la querella
Desde la querella sostienen que el abordaje de la investigación debe ser integral, abarcando no solo el momento del hallazgo en la celda, sino también las circunstancias previas a la detención, el traslado y la evaluación médica. “No se trata de fragmentar la investigación, porque hay acciones pero también omisiones”, planteó el abogado Mingarini.
González había sido aprehendido el sábado 17 de enero por personal del Comando Radioeléctrico en barrio Yapeyú, tras un llamado al 911 que denunciaba desorden en la vía pública. De acuerdo con la reconstrucción impulsada por la querella, la detención habría sido ilegal y estuvo acompañada de apremios. Según esa hipótesis, fue reducido en la puerta de su vivienda de calle Hermanos Figueroa al 9600, donde fue esposado y trasladado en un móvil policial. La defensa sostiene que existen testigos presenciales y registros de cámaras de seguridad –tanto del sistema 911 como municipales y privadas– que documentan distintos tramos del procedimiento.
Tras pasar por otras dependencias, González fue examinado por un médico que consignó lesiones con un tiempo estimado de recuperación de siete días. Finalmente, ingresó a la Seccional 8ª alrededor de las 16. Más tarde, otros aprehendidos habrían advertido que presentaba dificultades respiratorias. El diagnóstico preliminar habló de una posible broncoaspiración, aunque los resultados definitivos de la autopsia y estudios complementarios aún no fueron incorporados al expediente.
El caso también puso bajo la lupa la comunicación a la Defensa Pública –que, según la querella, no habría sido notificada en el plazo correspondiente– y la calificación inicial del procedimiento como “resistencia a la autoridad”.
Mientras se aguardan los informes periciales, la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos agrega un seguimiento político-institucional a una investigación que analiza responsabilidades por una muerte ocurrida en un ámbito de custodia estatal.
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