El Gobierno nacional reformó la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) mediante el decreto 139/26, buscando ampliar la oferta de talleres y simplificar los controles a cargo del ministerio de Federico Sturzenegger. La medida extiende los plazos de vencimiento para vehículos 0 km, que harán su primera revisión a los cinco años, y elimina trámites como el Informe de Configuración de Modelo (ICM), aunque su aplicación efectiva dependerá de la adhesión de cada provincia.
El Gobierno nacional ha ratificado, mediante el Decreto 139/26, una reforma significativa de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida como VTV en la mayoría de las provincias. Esta iniciativa busca fundamentalmente abrir el mercado a un mayor número de prestadores, simplificar trámites burocráticos y espaciar los controles periódicos. No obstante, su aplicación efectiva dependerá de la adhesión de cada jurisdicción.
Nuevos Plazos y Fundamentos Técnicos
El esquema propuesto por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, introduce cambios sustanciales en la periodicidad de las revisiones. Los vehículos 0 km deberán realizar su primera RTO a los 5 años desde el patentamiento. Posteriormente, entre los 5 y los 10 años de antigüedad, la verificación será obligatoria cada 2 años. Para los rodados con más de 10 años, la frecuencia se mantendrá más asidua, equiparándose en la práctica a una revisión anual.
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo argumenta que la extensión de estos plazos se fundamenta en informes técnicos que analizan la evolución del parque automotor y señalan que una porción considerable de los siniestros viales se atribuye a factores humanos, más que a fallas mecánicas de los vehículos.
Implementación Gradual y Adhesión Provincial
Si bien el anuncio tiene carácter nacional, el propio Gobierno ha especificado que la reforma no entrará en vigor de manera automática en todo el país. Su implementación está ligada, en gran medida, a la adhesión de las provincias, que son las entidades con potestad para controlar el tránsito en sus respectivos territorios.
Además, el proceso no será inmediato. Nación anticipa un despliegue gradual que incluirá la habilitación de nuevos talleres, la certificación técnica de los mismos, y la adaptación de los sistemas y mecanismos de fiscalización.
Mayor Oferta de Prestadores y Menos Burocracia
Otro pilar fundamental de la reforma es la apertura del mercado de verificación. El objetivo es que la revisión pueda realizarse en una diversidad de lugares, incluyendo concesionarias, talleres habilitados y otros centros que actualmente ya efectúan controles para el transporte, siempre que cuenten con el equipamiento técnico requerido.
El texto oficial critica el esquema anterior por generar «barreras de entrada». Bajo el nuevo criterio, la autoridad jurisdiccional no podrá limitar la cantidad de talleres disponibles ni establecer tarifas mínimas o máximas obligatorias, buscando así fomentar la competencia y, consecuentemente, reducir los costos para los usuarios.
Eliminación del Informe de Configuración de Modelo (ICM)
La reforma también contempla la eliminación del Informe de Configuración de Modelo (ICM), un trámite previo que se exigía en casos de modificaciones vehiculares y que adicionaba costos y tiempos al proceso antes de la revisión.
El decreto argumenta que la seguridad vehicular no debe depender de «burocracia de homologación», sino del control técnico riguroso y de la responsabilidad profesional de quienes certifican las modificaciones realizadas.
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