Impulsan consulta popular por la Ley de Glaciares tras audiencia masiva en Diputados

En el marco de la primera jornada de audiencia pública por la reforma a la Ley de Glaciares, se presentó un proyecto de convocatoria a consulta popular vinculante y obligatoria. La iniciativa fue encabezada por el diputado nacional Diego Giuliano, de Unión por la Patria (UxP), y su par Caren Tepp, ambos legisladores por Santa Fe.

La consulta, cuyo formato está previsto en el Artículo 40° de la Constitución Nacional (luego de la reforma de 1994) y la Ley 25.432, se formulará con la siguiente pregunta: «¿Está usted de acuerdo con realizar proyectos mineros en áreas de glaciares y/o periglaciares?». La respuesta deberá ser por «SÍ» o por «NO». Para su realización, la propuesta requiere la aprobación de ambas cámaras legislativas: la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

El proyecto cuenta también con las firmas de Cecilia Moreau, Martín Aveiro, Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Lorena Pokoik, Andrea Freites, Sabrina Selva, Agustín Rossi, Jimena López, Ramiro Gutiérrez, Carlos Castagneto, Ana María Ianni, Pablo Todero y Agustina Propato.

Los fundamentos de la iniciativa

Entre los argumentos principales, los legisladores de la oposición resaltaron la masiva convocatoria a la audiencia pública. Celebrada en el plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, esta «registró una evolución extraordinaria en la cantidad de inscriptos (más de 100 mil), evidenciando un nivel de participación social sin precedentes en el ámbito parlamentario argentino».

La audiencia se desarrolla como paso previo al dictamen que se elevará al recinto una vez que se defina la fecha de sesión. La modificación de la Ley de Glaciares ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.

Los firmantes del proyecto de consulta argumentan que «la magnitud de la convocatoria obligó a las comisiones intervinientes a reorganizar el esquema de la audiencia pública, incorporando modalidades de exposición presenciales, virtuales y presentaciones escritas, a fin de canalizar el volumen de intervenciones, lo que desnaturaliza, minimiza o debilita la participación ciudadana si no se logra materializarla en la práctica».

El desafío de la participación ciudadana

Como se informó oportunamente, el plenario de comisiones habilitó dos jornadas de exposición. La primera se llevó a cabo de manera presencial el miércoles, y la segunda el jueves con presentaciones virtuales. Este esquema se estableció tras fijar un límite a la cantidad de participantes y al tiempo de exposición individual. No obstante, los legisladores advierten que «si se diera participación a todos los inscriptos se requerirían varios meses de debate».

En este contexto, sostienen que «cuando una iniciativa legislativa convoca a decenas de miles de ciudadanos a participar activamente del proceso deliberativo, se configura una situación excepcional que justifica la utilización de mecanismos de democracia semidirecta». Es aquí donde, a su juicio, la consulta popular vinculante se presenta como una opción viable.

La importancia federal de los glaciares

El proyecto explica en detalle los conceptos de glaciar y ambiente periglacial, y subraya la trascendental importancia de estas masas de hielo como reservorios de agua dulce, esenciales para la vida humana, la energía y la producción. Su impacto se extiende no solo a las provincias o regiones donde se ubican, sino a un territorio mucho más vasto.

Esta dimensión federal explica que, entre los inscriptos para participar en la audiencia pública, se encuentren referentes de provincias sin glaciares propios, pero que sienten sus efectos directos, ya que en época de deshielo alimentan los caudales de sus ríos. Numerosos testimonios escuchados en la primera jornada ilustraron casos concretos de estos impactos.

Los autores del proyecto argumentan que «la preservación de los glaciares posee una dimensión federal que trasciende los intereses particulares de cada jurisdicción». Asimismo, enfatizan que «la participación ciudadana no constituye un elemento accesorio del derecho ambiental, sino una condición necesaria para la legitimidad democrática de las decisiones públicas que puedan afectar bienes naturales de carácter colectivo».

Consideran que, «en el caso de los glaciares y del ambiente periglacial, la participación adquiere una importancia aún mayor debido a la naturaleza estratégica de los recursos involucrados». En consecuencia, afirman, «las decisiones sobre su protección o eventual explotación deben adoptarse con el mayor grado posible de deliberación pública». Los fundamentos citan diversos documentos que respaldan esta postura, entre ellos, el Acuerdo de Escazú, al que la Argentina adhirió. No obstante, su aplicación efectiva en este caso fue cuestionada por varios participantes durante la audiencia pública.

Finalmente, los legisladores concluyen que «cuando se trata de decidir sobre recursos naturales estratégicos, sobre el acceso al agua y sobre el equilibrio ambiental de las próximas décadas, la participación del pueblo no constituye una concesión política sino una exigencia propia del constitucionalismo democrático contemporáneo». Especialmente, advierten, «cuando se trata del sistema glaciar argentino que forma parte del patrimonio natural común de la Nación«.


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