Los concejales del PJ santafesino, Jorgelina Mudallel y Jorge Fernández, solicitaron al intendente Juan Pablo Poletti que retire el proyecto para prorrogar la emergencia en el transporte público de la ciudad. Los ediles cuestionan la iniciativa, argumentando que perpetúa un estado de excepción sin sustento fáctico ni jurídico, lo que consideran una «ficción» que degrada la calidad institucional.
Preocupación por la prórroga de la emergencia en el transporte
Los concejales del Partido Justicialista de la ciudad de Santa Fe, Jorgelina Mudallel y Jorge Fernández, presentaron este martes 31 de marzo una nota formal al intendente Juan Pablo Poletti. En el escrito, solicitaron que retire el proyecto de ordenanza que busca extender la emergencia en el sistema de transporte público hasta febrero de 2027. Para los ediles, esta prórroga ahonda en lo que consideran una «ficción jurídica» que, en su visión, reemplaza la gestión habitual por la excepcionalidad, postergando así soluciones de fondo que la ciudadanía santafesina espera.
Una ‘ficción jurídica’ que se extiende por años
Desde el Concejo, los legisladores advirtieron que la iniciativa municipal no se trata de una simple diferencia de criterios sobre cómo se gestiona el servicio. Por el contrario, manifestaron una «profunda preocupación» por el deterioro de la técnica legislativa y el debilitamiento de la calidad institucional que implica perpetuar un «estado de excepción». Argumentan que dicho estado carece de sustento fáctico y jurídico, incluso a la luz de los propios datos oficiales que acompañan el mensaje.
Según los concejales, una emergencia se justifica ante una situación crítica, excepcional y sobreviniente que no puede ser abordada por los canales ordinarios. Sin embargo, recordaron que el informe de gestión que la Municipalidad adjunta al proyecto muestra indicadores que, a priori, serían positivos. Mencionaron, por ejemplo, la renovación del 35% de la flota de colectivos y un incremento del 5,7% en los kilómetros recorridos por las unidades en las calles de la capital provincial. «Resulta jurídicamente contradictorio fundamentar una prórroga de poderes extraordinarios en la mejora del sistema», sintetizaron.
En este marco, los ediles recordaron que el sistema de transporte público santafesino ha operado bajo esquemas de emergencia y precariedad por más de 16 años. Esta situación ha generado lo que denominaron una «captura regulatoria», donde el Estado municipal termina siendo «rehén de un monopolio de hecho» que domina el servicio.
Además, señalaron que la «suspensión sistemática» de los artículos de la ordenanza que otorgan al Concejo las facultades de control sobre recorridos, frecuencias y antigüedad de las unidades, «implica una abdicación de facultades legislativas que no puede sostenerse por más tiempo». Esto, afirmaron, vulnera el rol del Concejo como representante directo de los vecinos y vecinas de Santa Fe.
Más kilómetros, colectivos vacíos y boleto por las nubes
El resultado de este modelo, según los concejales, es un sistema donde, si bien «se recorren más kilómetros», los colectivos circulan «cada vez más vacíos». Esta paradoja se agrava con el aumento del boleto, que en 26 meses incrementó un 681,82%, muy por encima de los salarios de los trabajadores santafesinos, «expulsando así a los sectores más vulnerables de la ciudad». Este impacto directo en el bolsillo de las familias fue uno de los puntos centrales de su planteo.
Basta de parches: se necesita una solución integral
En declaraciones a la prensa, los concejales del PJ remarcaron que el problema del transporte no puede seguir abordándose con medidas transitorias. «Presentamos más de 90 proyectos vinculados al sistema de movilidad y seguimos insistiendo en que se necesita una propuesta superadora», expresaron. Y enfatizaron: «No podemos seguir sosteniendo un estado de excepcionalidad permanente. Hay que terminar con los parches y discutir una solución integral para los santafesinos».
Reclamo de fondos y defensa de los santafesinos
Los ediles también pusieron el foco en la necesidad de recuperar los recursos nacionales que, históricamente, aportaban al sistema. «Parte del problema tiene que ver con la falta del fondo compensador del transporte», indicaron. Sin embargo, aclararon que «eso no se resuelve con discursos: hay que judicializar la situación y reclamar lo que le corresponde a Santa Fe».
En ese sentido, cuestionaron las contradicciones que, a su entender, manifiesta el Ejecutivo municipal. «No se puede decir al mismo tiempo que el sistema mejora y justificar una emergencia. Los relatos no coinciden con la realidad que vive la gente en la ciudad», señalaron. La concejala Mudallel fue más allá y sentenció: «El intendente tiene que defender a los santafesinos y santafesinas». Y agregó: «Hace dos años que venimos planteando la necesidad de reclamar judicialmente los subsidios. Hay antecedentes de otras instituciones que lo hicieron y obtuvieron resultados. Acá falta decisión política».
Pensar en el vecino: un sistema que no funciona
Finalmente, los concejales pusieron el eje en las consecuencias concretas de la situación actual para los vecinos y vecinas de la capital provincial. «Estamos hablando de los chicos que van a la escuela, de los trabajadores que dependen del colectivo todos los días», remarcaron. Y concluyeron con una crítica directa: «No vemos una gestión que piense en la gente. Hoy se está subsidiando al empresario, pero no al usuario. Si el sistema no le sirve a la gente, entonces no está resolviendo nada».
Para finalizar su planteo, los ediles justicialistas fueron contundentes: «La emergencia, como ficción jurídica para sostener transferencias sin control, está agotada. Es momento de avanzar hacia una licitación pública y un esquema transparente, con una Mesa de Trabajo real que permita construir una solución estructural para la movilidad en la ciudad».
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