La Cámara de Diputados ha incluido en su agenda para la próxima semana un plenario conjunto de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales. El objetivo es avanzar en el debate sobre la reforma de la Ley N° 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
La reunión está programada para el martes a las 14:00 horas y contará con «invitados especiales en calidad de expositores», conforme a la citación oficial. Tras el encuentro, se espera obtener un dictamen favorable para luego, al día siguiente, llevar el proyecto al recinto de la Cámara de Diputados para su tratamiento y eventual sanción.
Desde la órbita oficialista, La Libertad Avanza preside ambas comisiones convocantes a la reunión del 7 de abril. Los diputados José Peluc (San Juan) y Nicolás Mayoraz (Santa Fe) están al frente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de la de Asuntos Constitucionales, respectivamente. El bloque oficialista también lideró las dos jornadas de audiencia pública celebradas el 26 y 27 de marzo.
Por su parte, la oposición planea impulsar una propuesta de consulta popular vinculante. El objetivo es que la población decida «por sí o por no» si aprueba las modificaciones propuestas a la Ley de Glaciares, cuyo proyecto ya cuenta con media sanción del Senado Nacional. Uno de los principales argumentos para recurrir a esta herramienta, contemplada en el artículo 40 de la Constitución Nacional reformada en 1994, radica en la limitada participación registrada en la audiencia pública. De las más de 100 mil personas y organizaciones inscriptas, solo alrededor de 400 lograron expresar su postura en las dos jornadas, tanto presenciales como virtuales.
«La audiencia no tuvo casi nada de pública«, afirmó el diputado nacional Diego Giuliano (Unión por la Patria – Santa Fe). Giuliano, junto a su colega Caren Tepp, es uno de los impulsores de esta consulta popular, que se sustenta en la Ley N° 25432 y será presentada en la reunión de comisiones.
Para el legislador, «no se puede decidir entre cuatro paredes» sobre un tema de tan vital relevancia. Es importante recordar que el balance de las dos jornadas de audiencia pública reveló una postura mayoritariamente crítica hacia la reforma propuesta por el Gobierno Nacional. Una de las expositoras fue Marta Maffei, autora de la Ley de Glaciares sancionada en 2010, quien advirtió sobre el carácter regresivo del proyecto en materia ambiental, entre otros argumentos.
También estuvieron presentes referentes del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, la institución encargada del inventario de glaciares en el país. Según sus datos, existen 16.968 cuerpos de hielo en Argentina, con una superficie total cercana a los 8.484 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 41 veces la extensión de la Ciudad de Buenos Aires. La inmensa mayoría de estos glaciares se localiza en la Cordillera de los Andes, mientras que solo 890 se encuentran en las Islas del Atlántico Sur.
Qué cambia en la ley
El proyecto de reforma de la Ley de Glaciares obtuvo media sanción del Senado Nacional a fines de febrero. Esta iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo para ser debatida en sesiones extraordinarias, logró en aquel período únicamente la aprobación de la Cámara Alta.
El eje central del proyecto busca redefinir el alcance de las áreas protegidas. La legislación vigente prohíbe las actividades extractivas, como la minería o la explotación hidrocarburífera, tanto en glaciares como en extensas zonas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua.
La propuesta oficialista, sin embargo, restringe esta tutela a aquellos cuerpos de hielo que cumplan una «función hídrica efectiva» y sean relevantes para la recarga de cuencas hidrográficas. Adicionalmente, el proyecto faculta a cada provincia a determinar qué glaciares proteger y en cuáles se permitirán actividades extractivas, como la minería.
Esta última cuestión fue planteada durante la reunión constitutiva de la Comisión de Minería, que desde el martes pasado es presidida por la diputada Fernanda Ávila (Catamarca). En ese marco, Unión por la Patria propuso que la modificación a la Ley de Glaciares sea girada también a dicha comisión, considerando que la minería es una de las actividades sobre las que se fundamenta el proyecto.
Los argumentos de la oposición
«Cuando una iniciativa legislativa convoca a decenas de miles de ciudadanos a participar activamente del proceso deliberativo, se configura una situación excepcional que justifica la utilización de mecanismos de democracia semidirecta«, sostienen los promotores de la consulta popular vinculante. Se trata de una herramienta aún no utilizada en la Argentina, que permitiría «que el conjunto del pueblo se pronuncie directamente sobre una decisión que compromete recursos naturales estratégicos y el futuro ambiental del país».
De las exposiciones escuchadas durante las dos jornadas de fines de marzo, se desprende que la cuestión de los glaciares no solo es relevante para las provincias donde se localizan estas formaciones de hielo, sino que también incide en la economía, el ambiente y la población de territorios más alejados.
«Desde el punto de vista jurídico y ambiental, son reservorios naturales de agua dulce que funcionan como reservas estratégicas de recursos hídricos, indispensables para el abastecimiento de agua para el consumo humano, la agricultura, la generación de energía y la preservación de la biodiversidad«, argumentan los impulsores de la consulta popular. Además, son «proveedores esenciales de agua para la recarga de cuencas hidrográficas».
En cuanto al ambiente periglacial, este «comprende el conjunto de geoformas y procesos geomorfológicos asociados a las zonas frías de alta montaña que, sin constituir glaciares propiamente dichos, se encuentran influenciados por la presencia de hielo permanente o estacional en el suelo, cumpliendo una función hidrológica esencial, ya que actúan como reservorio y regulador del agua de montaña, reteniendo humedad y liberándola gradualmente hacia las nacientes de ríos y arroyos».
Asimismo, «el ambiente periglacial se define en las fuentes como el principal regulador hídrico en el actual contexto de cambio climático y escasez de agua. Su preservación es fundamental para evitar el compromiso del acceso al agua en zonas áridas durante las próximas décadas, ya que estas geoformas aseguran el caudal en las nacientes de ríos ubicados en una o más provincias y que luego alimentan a múltiples provincias aguas abajo».
Esta crucial función fue expuesta de manera concreta por referentes de diversas provincias durante las jornadas de audiencia pública. «Las decisiones adoptadas en las nacientes de las cuencas pueden tener impactos directos sobre regiones ubicadas aguas abajo. En este sentido, la preservación de los glaciares posee una dimensión federal que trasciende los intereses particulares de cada jurisdicción«, añaden los fundamentos esgrimidos por la oposición.
La Voz de las Provincias
La lista de invitados para el plenario de comisiones programado para el martes es un factor clave. Inicialmente, trascendió que se convocaría a gobernadores de las provincias con actividad minera o proyectos vinculados a esta industria.
Sin embargo, un sector de la oposición, liderado por el diputado Maximiliano Ferraro (CC), solicitó que se incluyan las voces de todas las provincias. Argumentan que una modificación de la ley podría impactar en distritos cuyas cuencas hídricas resultarían afectadas por un cambio de criterio.
Resta definir qué criterio prevalecerá antes de que el tema sea elevado al recinto de sesiones.
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