Una nueva instancia procesal se abrió en la causa que involucra al docente santafesino Juan Francisco Trigatti. Un pedido de enjuiciamiento fue elevado contra los jueces Pablo Busaniche, Martín Torres y Cecilia Labanca, quienes en primera instancia habían absuelto al profesor de educación física en la causa por abuso sexual a cinco alumnas del Jardín de Infantes Ceferino Namuncurá. Posteriormente, la Cámara de Apelaciones revocó ese fallo y condenó a Trigatti a 12 años de prisión.
Tanto la condena como la prisión preventiva impuestas al docente ya se encuentran en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, mediante recursos de queja interpuestos por el abogado defensor Marcos Barceló. Ahora, el Máximo Tribunal deberá no solo resolver la situación procesal de Trigatti, sino también la admisibilidad de una denuncia que acusa a los jueces de primera instancia de haber incurrido en «fraude procesal» y «prevaricato».
El diputado provincial Fabián Palo Oliver fue quien solicitó la apertura de un Jury de Enjuiciamiento para los tres magistrados. La defensa de Trigatti, considerando la acción como un ataque a la independencia judicial, reaccionó presentándose este miércoles en los tribunales locales. Para Barceló, el pedido de Jury busca condicionar las futuras decisiones de la Corte respecto a la situación de su defendido.
La denuncia de la defensa de Trigatti
En el escrito presentado, el abogado Marcos Barceló solicitó formalmente el «rechazo in limine» de la denuncia formulada contra los jueces. La defensa considera que la actuación del legislador constituye un «atentado republicano» que pretende convertir el mecanismo del Jury en una «instancia de revisión política» de las sentencias.
El letrado afirmó que la denuncia tiene como propósito «amedrentar a los Ministros de esta Corte Suprema» para que no dicten resoluciones favorables a su defendido en los recursos pendientes. Barceló también señaló que el diputado habría violado el «deber de reserva» previsto en la ley de enjuiciamiento al difundir los términos de la denuncia antes de que esta fuera siquiera admitida.
«Se ha violado ese deber de reserva y la ley de enjuiciamiento de magistrados plantea concretamente multas severísimas», expresó Barceló. Por estas razones, el defensor solicitó que se declare la «temeridad y malicia» en la presentación de Palo Oliver y se le imponga la multa máxima «correspondiente a la suma de cien millones de pesos o arresto de 30 días».
Los argumentos del pedido de Jury
El pedido de enjuiciamiento presentado por el diputado Fabián Palo Oliver sostiene que los jueces Busaniche, Torres y Labanca incurrieron en «mal desempeño e ignorancia inexcusable y manifiesta del derecho». El documento judicial afirma que los magistrados realizaron una «manipulación y adulteración dolosa de la plataforma fáctica» de la causa al momento de dictar la sentencia absolutoria.
Entre los puntos más graves, Palo Oliver señaló la «posible comisión del delito de prevaricato», argumentando que el tribunal fundó su resolución en hechos falseados. Asimismo, acusó al tribunal de haber creado una «ficción jurídica» al sostener la hipótesis de una «contaminación e inoculación de los relatos» de las niñas por parte de sus familiares.
El pedido de Jury concluye que los magistrados «silenciaron a las víctimas» y actuaron con una «insoportable parcialidad», apartándose de los estándares internacionales de perspectiva de niñez y género. Por estas razones, se solicitó la suspensión preventiva de los magistrados y su posterior remoción.
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