El Senado de Santa Fe recibió un proyecto clave para reglamentar la participación ciudadana de la Constitución Provincial

El senador socialista Julio Francisco Garibaldi, en representación del departamento La Capital, ingresó al Senado de Santa Fe un proyecto de ley de 103 artículos para implementar los mecanismos de participación ciudadana, como la iniciativa popular y el referéndum, previstos en la reciente reforma constitucional.

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Impulso a la Participación Ciudadana en el Senado

Con una preferencia para ser tratado dentro de dos sesiones, ingresó a la agenda del Senado un proyecto de ley que busca implementar el mandato de la Reforma de 2025 para una mayor participación ciudadana.

Mecanismos Propuestos para la Democracia Directa

Este texto, impulsado por el senador Julio Francisco Garibaldi, propone en 103 artículos los mecanismos para la Iniciativa Popular, el Referéndum, la Consulta Popular, la Revocatoria de Mandato, las Audiencias Públicas, las Propuestas Ciudadanas y los Desafíos Públicos. La norma que promueve el senador socialista contiene formas participativas que la Constitución reformada no ordenó, pero tampoco vedó. De hecho, en coincidencia con el texto que ingresó a comisiones, el espíritu general de la reforma ha ido en el mismo sentido que ahora se propone, por ejemplo, al agregar la práctica de «desafíos ciudadanos».
El objetivo general expresado en el articulado es «regular los mecanismos de participación ciudadana, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de la democracia directa y promover la intervención activa de la ciudadanía en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas y acciones de gobierno».

Principios Rectores del Proyecto de Ley

En las primeras 30 carillas del proyecto se describen los principios rectores para que la participación ciudadana no se limite a votar autoridades y representantes, sino que también permita ejercer presión, terminar mandatos e incluso legislar. En este sentido, se menciona en primer lugar el «interés público» como «criterio rector en su diseño y ejecución», la «universalidad» con «acceso efectivo y sin discriminación», y la «transparencia» en la publicidad y difusión activa.
De igual modo, se busca la «participación informada, mediante el acceso a información veraz, suficiente y comprensible», bajo criterios de «inclusión y equidad». Entre estos principios, se proclama que el Estado provincial debe eliminar «barreras» a la participación y «favorecer la intervención de sectores en situación de vulnerabilidad». Asimismo, se enfatiza que el debate debe respetar el «lenguaje claro, garantizando la comprensión de los procedimientos, actos y comunicaciones».

El Fundamento Político del Senador Garibaldi

Los fundamentos del proyecto son aún más expresivos. «El presente proyecto de ley se inscribe en la convicción de que la democracia se la celebra, se sostiene y se renueva en la medida en que es capaz de reconocerse como una obra inacabada, abierta a la intervención permanente de la ciudadanía«, afirma Garibaldi. Y añade: «Allí reside su vitalidad«.
Tras recordar los «mandatos de la reciente reforma constitucional», la norma propuesta «reconoce y proyecta una trayectoria política concreta» y evoca las gestiones de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz (los tres del mismo partido que el representante por La Capital), cuando Santa Fe fue «pionera en la construcción de un Estado abierto, con políticas sostenidas en materia de transparencia, descentralización y participación ciudadana».

La Trayectoria de Santa Fe en Participación Ciudadana

«Solo a modo de ejemplo podemos mencionar: la elaboración del Plan Estratégico Provincial, con participación de miles de santafesinas y santafesinos, con una proyección desde el año 2008 hacia el año 2030; la creación del Consejo Económico y Social; la consolidación de instancias territoriales de diálogo y la institucionalización del acceso a la información pública«, se detalla en los fundamentos.
En ese recorrido, «una experiencia resulta especialmente significativa por su capacidad de anticipar los desafíos contemporáneos: el laboratorio de innovación pública Santalab«. Se pasó «de una participación ciudadana entendida como instancia de consulta, a otra concebida como co-creación de soluciones públicas». Santalab «partió de una hipótesis que hoy resulta central para pensar el diseño institucional del siglo XXI. Ya no alcanza con ‘decidir con’ la ciudadanía; es necesario ‘hacer con’ ella», se advierte. En definitiva, es «reconocer que el conocimiento, la inteligencia colectiva y la capacidad innovadora no están concentradas en el Estado, sino distribuidas en la sociedad».

Desafíos Contemporáneos: Tecnología y Tensiones

El proyecto cita las transformaciones tecnológicas, sociales y culturales de gran escala y habla de una «doble tensión» para las instituciones democráticas. «Por un lado, una ciudadanía cada vez más conectada, informada y demandante; y por otro, estructuras estatales muchas veces rígidas, verticales y alejadas de la sociedad», se sostiene. Se concluye que «la respuesta tiene que ser la apertura», y se explica que el proyecto «se inspira en modelos globales que hoy son el estándar de la innovación pública».

Modelos Internacionales de Innovación Pública

En Chile, con la Innovación Abierta (Laboratorio de Gobierno) y sus «Desafíos Públicos», el Estado trasandino «reconoce que la inteligencia está distribuida». Instituciones como la Policía de Investigaciones o municipios en climas extremos (como Cabo de Hornos) plantean problemas de alta complejidad técnica y financian el prototipado de soluciones creadas por ciudadanos y startups. Este modelo «transforma al ciudadano en un socio tecnológico que ayuda a proteger ecosistemas o mejorar la transparencia en el uso de recursos educativos».

En Madrid, existe «un portal de participación ciudadana que combina iniciativa individual, adhesión colectiva y obligación institucional de tratamiento». Cualquier persona registrada puede presentar una propuesta, que permanece activa durante 12 meses y puede recibir apoyos de ciudadanos mayores de 16 años empadronados. «Si alcanza suficiente apoyo, el Ayuntamiento debe someterla a votación pública. Si el resultado es favorable, el gobierno municipal evalúa su viabilidad para eventual implementación». Más de 400.000 personas han utilizado la plataforma; entre las propuestas aprobadas se destacan: Madrid 100% Sostenible y los trasbordos gratuitos entre autobús y metro.

En el caso de Islandia, su modelo de Democracia de Proximidad (Better Reykjavik), aprovecha una plataforma que «permite la iniciativa ciudadana directa sobre la agenda urbana». Las propuestas más apoyadas son canalizadas mensualmente hacia el gobierno local, que tiene el deber institucional de evaluarlas y responder públicamente sobre su viabilidad. De este modo, «la innovación ciudadana deja de depender de la discrecionalidad política y se integra en un circuito estable de rendición de cuentas». La ciudad ha implementado cerca de 700 ideas ciudadanas, con resultados visibles y prácticos en todos los barrios, que han mejorado para el disfrute de sus habitantes.

En Estados Unidos también hay Desafíos Públicos (Challenge.gov): «El gobierno federal norteamericano ha institucionalizado las ‘competencias por premios'». Se trata de una arquitectura donde el Estado define problemas críticos (desde el desarrollo de IA para cuidadores de salud hasta sistemas de detección de incendios forestales) y abre la resolución a cualquier ciudadano o empresa. Esto permite al Estado acceder a soluciones que su propia burocracia no podría generar, premiando el resultado concreto.

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