En respuesta al incremento de amenazas y mensajes intimidatorios en establecimientos educativos, el Gobierno de Entre Ríos avanzó en el análisis de medidas orientadas a que los padres o tutores de los menores involucrados afronten los costos derivados de los operativos de seguridad. La iniciativa se encuadra dentro de una figura de reparación civil por daños y perjuicios.
La discusión se dio en el marco de una reunión interministerial e interdisciplinaria que reunió a representantes del Consejo General de Educación (CGE), la Policía provincial, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y el área de Justicia.
Funcionarios y definición de medidas
Del encuentro participaron el presidente del CGE, Carlos Cuenca; el jefe de Policía, Claudio González; el secretario de Justicia, Julián Maneiro; y el juez Penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto, entre otros funcionarios. Allí se evaluaron alternativas legales y económicas para avanzar contra los responsables.
La vía civil como herramienta
A diferencia de las sanciones penales —que en muchos casos se ven condicionadas por la edad de los implicados—, la Provincia considera viable avanzar por la vía civil para recuperar los gastos ocasionados por cada operativo. Según se planteó, la activación de protocolos ante amenazas de bomba o tiroteo implica el despliegue de recursos humanos, tecnológicos y logísticos, con un costo elevado.
“Cada operativo moviliza recursos que tienen un impacto significativo en el presupuesto público. Se trata de un daño patrimonial generado por conductas irresponsables que el Estado no debe absorber”, señalaron durante la reunión.
De acuerdo con estimaciones de las áreas de seguridad, el monto total de los operativos desplegados ante este tipo de amenazas supera los 250 millones de pesos. La cifra contempla el uso de móviles, personal especializado, brigadas de explosivos, logística y horas de trabajo que se desvían de tareas de prevención del delito.
Responsabilidad de las familias
La estrategia oficial se apoya en lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación, que fija la responsabilidad de los progenitores o tutores por los daños causados por sus hijos menores de edad. Bajo ese marco, se prevé iniciar acciones legales para que los adultos responsables afronten los costos de los procedimientos ya realizados.
Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad de que las familias asuman un rol activo en el control del uso de dispositivos digitales por parte de los menores.
“No se trata de bromas estudiantiles, sino de hechos que configuran delitos, generan alarma pública y demandan recursos que deberían destinarse a la seguridad real”, concluyeron las autoridades.
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