Los representantes de ocho municipios asistieron a la reunión de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados y coincidieron en la necesidad de solicitar cambios al proyecto de ley aprobado previamente por el Senado. La iniciativa busca regular y reducir la actividad de los cuidacoches, conocidos popularmente como «trapitos».
El encuentro, que se extendió por más de dos horas, sirvió para analizar el proyecto que propone modificar artículos del Código de Convivencia y abordar integralmente la situación social de las personas que desempeñan esta actividad.
Martín Rosúa, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados y encargado de cursar las invitaciones, destacó el carácter positivo de la reunión: «Fue una buena reunión, vamos a trabajar ante el reclamo de los intendentes». Por su parte, la socialista Lionella Cattalini, vicepresidenta de la Comisión, explicó que los municipios pidieron cambios «porque entienden que no tienen la estructura suficiente para instar la acción en estos casos de contravenciones».
Representación
La convocatoria original se extendió a los secretarios de Control de los ocho municipios. No obstante, dos intendentes se hicieron presentes en la reunión: Leonardo Viotti de Rafaela y Miguel Weiss Ackerly de Santo Tomé. La Ciudad de Santa Fe estuvo representada por su secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo, y Rosario, por su secretario de Control, Diego Herrera. También participaron secretarios de Reconquista, Villa Gobernador Gálvez, Venado Tuerto, Villa Constitución y el Municipio de Esperanza.
Desde la Cámara de Diputados, se sumaron varios legisladores, además de los miembros de la Comisión de Seguridad, junto al senador por Rosario, Ciro Seisas, autor del proyecto original que obtuvo media sanción en el Senado.
Puntos de conflicto
Cattalini aclaró que, mientras el expediente estuvo casi un año en el Senado, en la Cámara de Diputados el tema se abrió a consultas recién ahora. En principio, la propuesta deberá transitar por tres comisiones antes de obtener dictamen.
Mastropaolo compartió que Santa Fe es uno de los pocos municipios que tiene censados a los cuidacoches, registrando 370 «trapitos». Durante el encuentro, cada municipio expuso su situación particular, las estrategias implementadas y las alternativas laborales exploradas.
Al finalizar la reunión, Mastropaolo precisó que Santa Fe, al igual que otros municipios, cuestiona específicamente el artículo 4° del proyecto. Dicho artículo, surgido del Senado, establece que «la acción por las contravenciones establecidas en los artículos precedentes estará a cargo de los Municipios, quienes actuarán como actores contravencionales públicos en los términos del artículo 36 de la Ley N° 10.703 y modificatorias -Código de Convivencia de la Provincia de Santa Fe-, con exclusión de toda otra autoridad, sin perjuicio de la actuación del querellante particular en su caso».
Los representantes municipales manifestaron su preocupación por la carga de recursos: «Tenemos que duplicar los letrados de áreas de Control». Algunos propusieron que la competencia recaiga en el Ministerio Público de la Acusación, una opción que ya había sido desechada durante el debate en el Senado.
El desafío de legislar con responsabilidad
Cattalini, quien también preside la Comisión de Asuntos Constitucionales –la instancia final que debe dictaminar el tema–, afirmó: «Nos quedamos con muchos datos que nos sirven para analizar y ver cómo implementamos esos cambios».
La legisladora socialista señaló la diversidad de regulaciones existentes entre las ciudades: «Algunas tienen ordenanzas, algunas tienen ordenanzas de prevención, algunas tienen decretos y algunas no tienen ni ordenanzas». Subrayó la complejidad del desafío legislativo: «Nos toca a nosotros una tarea que es la de legislar con mucha responsabilidad. Es un tema delicado que abarca violencia en algunos casos, en algunos otros casos abarca pobreza, falta de empleo. Tenemos que ser muy responsables a la hora de hablar de este tema y no vender espejitos de colores, porque el problema de los cuidacoches puede ser una de tantas soluciones, pero no lo vamos a resolver con una ley y mucho menos con una ley debatida a las apuradas».
El proyecto votado por el Senado reforma varios artículos del Código de Convivencia, asigna la primera acción de control a los municipios y encarga al Poder Ejecutivo la implementación de acciones de prevención e inclusión social. Estas incluirán capacitación, formación en oficios, intermediación laboral y abordaje en materia de salud mental y consumos problemáticos, entre otros, priorizando la articulación con los gobiernos locales, conforme lo establezca la reglamentación.
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