La Cámara de Apelaciones de Santa Fe ratificó la condena a tres años de prisión en suspenso para Francisco Mario Sánchez, declarado responsable del homicidio culposo de Luciano Nicola. El fatal incidente ocurrió la madrugada del 25 de diciembre de 2020 sobre la Ruta Nacional 168, a la altura de la capital provincial.
La cámara de apelaciones confirmó condena por homicidio culposo
La Cámara de Apelaciones de Santa Fe confirmó la condena impuesta a Francisco Mario Sánchez, de 37 años, quien fue hallado responsable del homicidio culposo de Luciano Nicola, un joven de 19 años. El hecho tuvo lugar en la madrugada del 25 de diciembre de 2020.
El juez de segunda instancia, Alejandro Tizón, ratificó la sentencia que declara a Sánchez autor de «homicidio culposo doblemente agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y por darse a la fuga o no intentar socorrer a la víctima».
La resolución mantuvo la pena de tres años de prisión de ejecución condicional. Sin embargo, el magistrado modificó la sanción accesoria, reduciendo la inhabilitación especial para conducir automotores de seis años —la pena original— a cinco años. Esta morigeración, según los fundamentos del fallo, se basó en la «falta de antecedentes» del condenado.
Asimismo, la Alzada desestimó los planteos de nulidad presentados por los defensores Martín Montegrosso y Mariano Herrera. Estos recursos buscaban invalidar el proceso judicial al argumentar la supuesta inconstitucionalidad de la querella privada y cuestionar la validez del examen de alcoholemia realizado a Sánchez, el cual determinó su estado de ebriedad al momento del siniestro. El fallo ratificó que el conductor actuó con imprudencia al volante y que su accionar posterior al impacto demostró una «manifiesta indiferencia» ante las consecuencias de su conducta.
Los hechos de la madrugada del 25 de diciembre de 2020
La causa judicial se originó por un trágico incidente ocurrido en las primeras horas del 25 de diciembre de 2020, en el kilómetro 480 de la Ruta Nacional 168. En ese entonces, la ciudad de Santa Fe se encontraba bajo estrictas restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19. Poco antes del siniestro, personal policial había desarticulado varias «fiestas clandestinas» que se desarrollaban en la zona de casas quintas de Colastiné.
Esta situación generó que una «multitud de gente», incluyendo a Luciano Nicola, se viera obligada a retirarse a pie, caminando por la banquina y parte de la calzada, debido a la falta de transporte para regresar a la ciudad.
Francisco Mario Sánchez, quien también volvía de una de estas reuniones, conducía un automóvil Nissan March bajo los efectos del alcohol. Los peritajes técnicos determinaron que Sánchez circulaba a una velocidad promedio de 100 km/h. Si bien esta cifra se ajustaba al límite reglamentario de la ruta, el tribunal la consideró «no precautoria» dadas las condiciones excepcionales de esa madrugada. El análisis de sangre practicado horas después del siniestro arrojó un resultado de 1,5 g/l de alcohol en sangre, un nivel que el tribunal consideró «agravaba el riesgo generado por su conducción».
Aspectos jurídicos y los argumentos de la defensa
Un aspecto jurídico central de esta causa radicó en su tramitación mediante la figura de la «conversión de la acción pública en privada». Esta instancia fue posible luego de que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) decidiera archivar la investigación inicial. La familia de Luciano Nicola, bajo el patrocinio de los Dres. Juan José Patiño, Martín Scurato y Sergio Fabbro, impulsó el proceso de manera autónoma, estableciendo un precedente que marcó jurisprudencia a nivel local en cuanto al derecho de las víctimas a la tutela judicial efectiva.
Durante el debate judicial y la posterior etapa de apelación, la defensa de Francisco Mario Sánchez argumentó la teoría de la «autopuesta en peligro» de la víctima, sosteniendo que Nicola caminaba por un área prohibida, como el carril rápido de una autopista.
Sin embargo, el juez Alejandro Tizón refutó categóricamente este planteo. El magistrado enfatizó que todo conductor tiene un «deber objetivo de cuidado de prever la posible presencia de peatones, especialmente en el contexto probado del caso». El fallo destacó que la presencia de jóvenes en la ruta era un hecho notorio y visible para cualquier conductor prudente. Se citaron testimonios de «otros testigos [que] mencionaron que muchos tocaban la bocina mientras circulaban» o directamente «reducían la velocidad porque veían un tumulto de gente».
Respecto a la agravante por la fuga del lugar, el tribunal la confirmó. A pesar de que Sánchez alegó haberse retirado por temor a represalias, el magistrado consideró que el imputado «no tuvo la disposición ni la intención de ponerse a disposición de quienes llevarían a cabo las primeras investigaciones» ni procuró socorrer a la víctima. La resolución subraya que «la sola fuga del lugar es suficiente para la aplicación de la mayor penalidad», sin importar si la muerte de Nicola fue instantánea o no.
Finalmente, en cuanto a la validez del test de alcoholemia, el juez concluyó que la prueba fue «formal y sustancialmente admisible». Se verificó el cumplimiento de la cadena de custodia y los protocolos vigentes, respaldado por el testimonio de tres profesionales médicos que intervinieron en el procedimiento.
Con esta confirmación de la condena, se cierra un extenso capítulo judicial. En audiencias previas, la madre de Luciano Nicola había expresado que su búsqueda era simplemente alcanzar «Justicia acá en la Tierra».
