Condenaron en Santa Fe a los ex jefes policiales Gabriel Lemos y Leonel Almada, quienes admitieron en un juicio abreviado haber integrado una asociación ilícita. La banda utilizaba uniformes, armas y móviles oficiales para simular allanamientos y asaltar viviendas con extrema violencia en la capital provincial y sus alrededores.
reconocimiento y condena de exjefes policiales
Los exjefes policiales Gabriel Ernesto Lemos y Leonel Alejandro Almada reconocieron haber formado parte de una «asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada». Esta estructura criminal, integrada por uniformados y civiles, tenía como principal cometido la ejecución de robos domiciliarios, perpetrados con extrema violencia y utilizando recursos del Estado. El reconocimiento tuvo lugar el pasado jueves durante una audiencia de juicio abreviado celebrada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Ante la jueza penal Rosana Carrara, ambos imputados aceptaron su responsabilidad penal para evitar la instancia de juicio oral.
la trama de la asociación ilícita
El fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Ezequiel Hernández, detalló una compleja red de criminalidad que operó al menos entre el 2020 y enero de 2023 en la capital provincial y sus alrededores. Según la exposición fiscal, «la asociación se dedicaba a la comisión de robos en domicilios, ejecutando todos ellos en banda y ejerciendo violencia contra las personas».
penas impuestas y agravantes
A Gabriel Lemos, identificado como uno de los «organizadores» de la banda, se le impuso una condena de 6 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Por su parte, Leonel Almada recibió una pena de 5 años y 6 meses de prisión efectiva, en su carácter de «miembro» de la organización. Sus respectivas defensas estuvieron a cargo de los Dres. Eugenia Campillay y Agustín Márquez. El principal agravante de sus condenas radicó en que Lemos y Almada eran funcionarios policiales de jerarquía media que, en lugar de proteger a la ciudadanía, «abusaron de sus funciones y de los elementos provistos por la policía de Santa Fe para cometer los hechos».
el modus operandi: operativos simulados
La metodología operativa de la banda exhibía cierta sofisticación. El fiscal Hernández explicó que los delincuentes solían irrumpir en las viviendas vistiendo uniformes oficiales y simulando procedimientos judiciales legítimos con el fin de reducir a sus víctimas.
los hechos ventilados
Uno de los hechos revelados en la audiencia tuvo lugar el 20 de agosto de 2021 en una finca de Los Zapallos. En esa ocasión, la banda maniató a una mujer de 79 años y a un empleado, exigiéndoles dólares bajo expresas amenazas de muerte. En dicho suceso, Almada, quien por entonces ejercía como jefe de una comisaría, se encontraba a solo 500 metros del lugar a bordo de un patrullero, «brindando cobertura y protección» mientras monitoreaba la frecuencia policial para advertir sobre cualquier intervención externa.
Otro de los episodios, incluido en la condena a Lemos, ocurrió en marzo de 2022 en la zona rural de Recreo. Allí, los miembros de la asociación, simulando un allanamiento, sustrajeron dinero y teléfonos. Incluso obligaron a la víctima a subir a la caja de una camioneta Amarok para luego abandonarla en el campo, a dos kilómetros de su vivienda. El fiscal Hernández destacó que Lemos, siendo en ese momento jefe de la comisaría local, se presentó en la dependencia minutos antes del atraco para asegurar que su personal no interviniera en el área donde se perpetraría el ilícito.
estructura cooperativa y ramificaciones
Al finalizar la audiencia, el fiscal Hernández brindó precisiones sobre el funcionamiento de la organización. Aclaró que no se atribuye una jefatura única, sino que «la asociación funcionaba de manera cooperativa». Los integrantes aportaban desde información crucial sobre potenciales víctimas y horarios de las familias, hasta elementos tangibles como armas reglamentarias, precintos y vehículos oficiales.
Con estas dos nuevas sentencias, ya suman más de siete los condenados por integrar esta red delictiva. La investigación de la banda se profundizó tras el recordado copamiento de la Subcomisaría 20° de Arroyo Leyes en noviembre de 2022. Si bien Lemos y Almada no participaron directamente en aquel asalto a la dependencia policial, las pericias telefónicas y los registros de los libros de guardia permitieron conectar sus actividades con el resto de la organización criminal. El fiscal concluyó que «todavía quedan al menos cinco personas para ir a juicio oral, entre ellos exfuncionarios y civiles». Entre los miembros civiles de la banda se encuentra Andrés Kaipl, el relacionista público condenado a prisión perpetua por su participación en el resonante crimen del agenciero de turismo Hugo Oldani, herido de muerte durante un asalto en 2020.
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