Después de varias reuniones y sucesivos cuartos intermedios, a media tarde del jueves, el interbloque de Unidos en la Cámara de Diputados acordó un texto para regular la actividad de los cuidacoches, conocidos como «trapitos». La iniciativa introduce modificaciones al proyecto aprobado previamente por el Senado, que ahora deberá resolver si las acepta o ratifica su versión original.
Entre los cambios propuestos por la Cámara de Diputados se destaca la creación de dos cargos de jueces de primera instancia, uno con asiento en la ciudad de Santa Fe y otro en Rosario. El artículo agregado por el plenario de tres comisiones que dictaminaron sobre el tema establece: «Créanse dos cargos de juez de primera instancia, uno con asiento en la ciudad de Santa Fe y uno con asiento en la ciudad de Rosario, los que se integrarán a los Colegios de Jueces Penales, en la forma en que disponga la Corte Suprema de Justicia teniendo en cuenta la eficiencia del servicio de justicia».
Las Comisiones de Seguridad, Presupuesto y Asuntos Constitucionales trabajaron intensamente sobre el texto aprobado por el Senado durante la semana. El día previo a la sesión, un plenario de estas comisiones escuchó posturas muy críticas de las Pastorales Sociales de Rosario y de Santa Fe, así como del Foro contra la Impunidad, que advirtió sobre la posible inconstitucionalidad de la norma.
Dentro del interbloque de Unidos, el consenso sobre el proyecto a votar se logró a media tarde, tras la Asamblea Legislativa. Las modificaciones clave se centraron en la decisión de que sean los municipios quienes determinen si la actividad es lícita o no, y la ya mencionada creación de los dos cargos de jueces.
Voces
Ya en el recinto, la socialista Lionella Cattalini abrió el debate en su rol de presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, agradeciendo a la oposición por su paciencia ante la demora del acuerdo interno. «El espacio público y su control es incumbencia municipal», subrayó, defendiendo la síntesis lograda en el texto, al tiempo que remarcó la necesidad de que el Estado provincial dé respuesta a los hechos de violencia.
A continuación, el radical Martín Rosúa, presidente de la Comisión de Seguridad, sostuvo que el principal problema del texto del Senado radicaba en la falta de tipificación del delito. «Es una alternativa legislativa razonable y ataca las conductas abusivas», afirmó, destacando que el nuevo texto subsana esa carencia.
Previamente, la libertaria Silvia Malfesi había anticipado su voto en contra y cuestionado haber recibido el texto en su banca minutos antes de iniciarse la sesión. Por su parte, Natalia Armas Belavi (del bloque Vida y Familia) atribuyó la situación al fracaso de la política de seguridad del Gobierno provincial y solicitó la implementación de políticas inclusivas.
La justicialista Lucila De Ponti valoró el trabajo de la Cámara de Diputados, aunque calificó de «muy mala» la redacción del Senado. Hizo hincapié en el Artículo 1, que diferencia las conductas, pero señaló que su interbloque no votaría a favor debido a la respuesta «eminentemente punitiva» de la propuesta.
Modificación
El Artículo 1 votado incorpora al Código de Convivencia el artículo 66 bis, que establece:
«Quien, sin contar con autorización de la autoridad competente y cuando se encuentre prohibido por normativa local vigente, exigiera, impusiera, o requiriera de modo intimidatorio el pago de una suma de dinero, beneficio o retribución económica por la utilización de espacios físicos destinados al estacionamiento de vehículos en la vía pública, o por su guarda, cuidado, lavado o limpieza, se encuentren estacionados o no, será reprimido con prohibición de concurrencia por un máximo de hasta sesenta días.
La pena se agravará con prohibición de concurrencia de sesenta a ciento veinte días, si el ofrecimiento se realizare en zonas de estacionamiento tarifado o medido; o en las inmediaciones de hasta veinte cuadras de eventos públicos masivos durante las dos horas previas y una hora posterior al mismo; o si mediare aprovechamiento de una situación de desigualdad de género, edad o discapacidad de la víctima.
La sanción podrá ser sustituida por trabajo comunitario cuando las partes así lo acuerden o el juez lo considere en los términos de los artículos 11 y 24.»
Reacciones, Críticas y Disposiciones Adicionales
De Ponti también remarcó que «la ley no prevé recursos presupuestarios para lo social y sí para crear dos cargos de jueces». Otro justicialista, Marcos Corach, reprochó al interbloque de Unidos la falta de espacios para el debate: «lo resuelven entre ustedes», sentenció, criticando lo que denominó «el Frankestein del Senado«. Desde el bloque izquierdista del Frente Amplio por la Soberanía, se expresó un rechazo rotundo al texto, argumentando que «esta ley no busca combatir a la pobreza, sino tapar a los pobres».
El texto de Diputados, ahora girado al Senado, consta de 8 artículos y uno de forma. La nueva media sanción incorpora los artículos 66 bis y ter, además de los artículos 36 y 55.
El artículo 5 estipula que: «El Poder Ejecutivo implementará acciones de prevención e inclusión social que incluirán capacitación, formación en oficios, intermediación laboral y abordaje en materia de salud mental y consumos problemáticos, entre otros, priorizando la articulación con los gobiernos locales, conforme lo establezca la reglamentación».
En el artículo siguiente, «se insta a los municipios a que, en el marco de sus competencias, desarrollen las acciones previstas en el artículo precedente».
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