Poco después de las 9 dio comienzo la audiencia imputativa presidida por el juez Mauricio Martelossi en la que el fiscal Sebastián Galleano, de la Unidad Fiscal Reconquista, junot al jefe y subjefe de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico de la Fiscalía General, Franco Carbone y Diego Vigo, imputaron a dos agentes de la PDI del norte provincial por la presunta filtración de allanamientos por microtráfico.
Según explicaron, a Ariel Sena, jefe de calle de la Delegación Reconquista de la Policía de Investigaciones (PDI), y Estefanía Oviedo, numeraria de la esa fuerza especial, se les atribuyó el delito de encubrimiento agravado por su condición de integrantes de una fuerza de seguridad, en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
De la profusa evidencia reunida por los representantes para avanzar en la acusación se desprenden datos escabrosos, que agravan el escándalo que envuelve a la división policial investigativa norteña: cobro de 500 mil pesos por avisar a los narcos barriales de las pesquisas, capturas de pantalla adulteradas para incriminar a otros compañeros de trabajo y desviar la investigación, y un modus operandi que, por los dichos de testigos, aparentaría habitualidad.
“Estefanía Oviedo le avisa a mi hermano V. J. R. que iba a haber un allanamiento y que se vaya de su casa”, testimonió en sede fiscal Cecilia R., que además reveló que luego ese “aviso” se distribuía entre los demás dealers del barrio Cooperación de Avellaneda, un enclave perirurbano cooptado la venta de drogas. “La avisadita cuesta medio millón de pesos y es lo que cobran los de PDI”, aseguró en sus dichos que vertebraron, junto con pruebas documentales, la imputación de los funcionarios policiales.
Pruebas plantadas
En cuanto al sembrado evidencia falsa para borrar los rastros que podían incriminarlos, obra en la causa un escrito fechado el 28 de mayo de 2026 por el inspector Sergio Cargnelutti, subjefe del Departamento de Investigaciones Complejas Región 4 de la PDI, en la que denuncia una posible maniobra de suplantación de identidad vinculada a los allanamientos por microtráfico realizados en Avellaneda.
Cargnelutti informó que recibió en su teléfono personal una captura de pantalla de WhatsApp en la que aparecía su foto de perfil y un supuesto mensaje atribuido a él. El texto decía: “No valla a tu casa xq van a ver allanamiento, no dijas nada a nadie javi (sic)”, con evidentes errores ortográficos.
El funcionario aseguró que nunca envió ese mensaje, ni se lo remitió a sí mismo. También sostuvo que la redacción no coincide con su forma habitual de escribir.
En esa línea, manifestó además que detectó inconsistencias entre la imagen enviada y la fotografía original de su perfil, por lo que consideró que la captura podría haber sido manipulada digitalmente. A raíz de ello, solicitó formalmente que se investigara la identidad de los responsables de la maniobra.
Vinculación
En la presentación, Cargnelutti relacionó el episodio con los allanamientos realizados horas antes en el barrio Belgrano de Avellaneda, particularmente en domicilios vinculados a personas investigadas por presuntas actividades de narcomenudeo.
Además, señaló que la maniobra podría estar orientada a tratar de involucrarlo falsamente en una filtración de información, obstaculizar investigaciones relacionadas con la venta de estupefacientes. De la misma manera, surgieron más capturas de pantalla de los teléfonos peritados por técnicos de la PDI con la misma finalidad de inculpar a otros efectivos de la repartición.
Importancia
La nota adquirió relevancia porque coincide con lo expresado por los fiscales Sebastián Galeano, Franco Carbone y Diego Vigo durante la audiencia imputativa contra los agentes Ariel Sena y Estefanía Oviedo.
Los representantes del MPA sostuvieron que, tras la filtración de los allanamientos, hubo intentos de desviar la investigación e involucrar a otros funcionarios policiales, mediante la circulación de capturas de pantalla y mensajes que, según la hipótesis fiscal, podrían haber sido adulterados o utilizados para direccionar erróneamente la pesquisa.
En ese contexto, la presentación de Cargnelutti aparece como uno de los antecedentes que la Fiscalía tuvo en cuenta al analizar las supuestas maniobras destinadas a encubrir el origen real de la filtración.
“De común acuerdo”
Los fiscales encartaron a Ariel Fernando Sena y Estefanía Evelyn Oviedo, ambos funcionarios policiales pertenecientes a la Policía de Investigaciones de la Provincia de Santa Fe, por haber ayudado a J. V. R. y a otras personas vinculadas a esa persona a “eludir la investigación y el accionar de la autoridad, frustrando parcialmente medidas judiciales de investigación dispuestas en su contra”.
Los funcionarios judiciales ubicaron los hechos en tiempo, modo y lugar: “En momentos anteriores no determinados, pero anteriores al 29 de mayo de 2026, en horarios previos a la ejecución de una serie de allanamientos simultáneos ordenados judicialmente en la ciudad de Avellaneda, Ariel Sena, aprovechando su condición de funcionario policial y el acceso funcional que poseía a información reservada y confidencial vinculada a la investigación en trámite, tomó conocimiento anticipado de la existencia de dichas medidas, de los domicilios que serían objeto de registro y de la fecha exacta de su concreción”.
Asimismo, apuntaron que “a sabiendas del carácter reservado de dicha información y de que su divulgación podía comprometer el éxito de las medidas judiciales, Sena transmitió esos datos a Oviedo, quién al momento de los hechos se encontraba de licencia por maternidad”.
Posteriormente, y “actuando de común acuerdo, Oviedo proporcionó la información a J. V. R. y/o a personas de su entorno, advirtiéndoles acerca de la inminente realización de los allanamientos, permitiéndoles adoptar recaudos destinados a evitar o dificultar el accionar de la autoridad, ocultar elementos de interés para la investigación, sustraerse del alcance de las medidas judiciales y, en definitiva, eludir la persecución penal que se llevaba adelante en su contra».
Investigación abierta
La causa representa uno de los episodios más delicados de los últimos años dentro de la estructura de la Policía de Investigaciones en el norte santafesino.
La Fiscalía considera acreditada, con el grado de probabilidad exigido para esta etapa procesal, la participación de Cena y Oviedo en la filtración de información reservada vinculada a los allanamientos por microtráfico.
Mientras tanto, la investigación sigue abierta y los fiscales anticiparon que continuarán analizando evidencia para determinar si existen más responsables dentro o fuera de la fuerza policial.
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