Dos viviendas utilizadas para el narcomenudeo en el barrio La Lona de Esperanza fueron demolidas este jueves por orden judicial, a pedido del Ministerio Público de la Acusación. El subdirector del MPA, Diego Vigo, sostuvo que la medida busca consolidar la seguridad pública y neutralizar puntos de venta reincidentes. Con esta acción, que contó con la supervisión de autoridades provinciales y municipales, ya suman 125 los inmuebles derribados por microtráfico en la provincia de Santa Fe desde la vigencia de la ley.
Derribo de viviendas vinculadas al narcomenudeo en Esperanza
Dos viviendas que eran utilizadas como puntos de venta de estupefacientes fueron derribadas este jueves por la mañana en la ciudad de Esperanza. La medida se ejecutó en cumplimiento de una orden judicial dictada la semana pasada, a requerimiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Los inmuebles estaban emplazados sobre terrenos usurpados en barrio La Lona, en el extremo sur de la planta urbana. Ambos habían sido escenario de actividades ligadas al narcomenudeo, según consta en al menos dos investigaciones penales consecutivas que fueron encabezadas por los fiscales Alejandro Benítez y Natalia Giordano.
El procedimiento tuvo lugar en una zona de descampados, sobre calle Chaco al 1700. Estuvo a cargo del área Técnica y Logística del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, que contó con el apoyo de efectivos de la Unidad Regional XI y de la Policía de Investigaciones (PDI).
Del operativo también tomaron parte autoridades de la Municipalidad de Esperanza, con la presencia del intendente Rodrigo Müller; el subdirector de la Unidad de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, Diego Vigo; el subsecretario de Análisis Criminal de la provincia, Sebastián Montenotte; y la diputada Jimena Senn.
Las fincas demolidas y el desarrollo del procedimiento
La primera construcción derribada había sido ocupada por Carlos Exequiel Lane, uno de los imputados en la investigación más reciente. Frente a ella, se ubicaba el segundo inmueble, conocido en el barrio como “la casa del peruano” (en alusión a Barbadillo Marín), una edificación precaria compuesta por sectores de mampostería y otros con características propias de un rancho.
Una retroexcavadora avanzó sobre las estructuras, mientras operarios municipales completaban la tarea con mazas y martillos. Finalizada la demolición, un camión del municipio procedió a retirar los escombros del lugar.
Fuentes presentes en el sitio señalaron que el procedimiento se desarrolló con normalidad. Pese a la expectativa generada por la envergadura del operativo, no se registraron incidentes ni manifestaciones de resistencia entre los escasos vecinos que permanecían en sus viviendas durante la mañana.
El «impacto simbólico» de la medida
Presente durante el derribo, el subdirector de Microtráfico del MPA, Diego Vigo, subrayó que la medida constituye una de las herramientas previstas por la ley de desfederalización del narcomenudeo, destinada a intervenir sobre puntos de venta reiteradamente utilizados para actividades delictivas.
“Cuando detectamos los casos y entendemos que se encuentran reunidas las condiciones para neutralizar tanto la actividad delictiva como también desactivar el punto de venta, concretamos estos derribos”, explicó Vigo. En referencia al caso de Esperanza, agregó que “esta es una reiteración delictiva, con lo cual lograr este derribo también tiene un impacto simbólico muy importante para la comunidad, para la pacificación del territorio y para la consolidación de la seguridad pública”.
Vigo también puso en valor el papel de las denuncias ciudadanas en el desarrollo de las investigaciones. “En Esperanza estamos detectando que el Buzón de la Vida funciona y muy bien”, afirmó. Según sostuvo, esto demuestra “la buena articulación que existe con el municipio, la provincia, pero fundamentalmente con los vecinos y las vecinas que se comprometen poniendo en conocimiento del MPA todas las situaciones delictivas”.
Por su parte, el fiscal Alejandro Benítez recordó que las pesquisas tuvieron su origen en llamados al 911 y denuncias anónimas. “A partir de ahí eso se deriva a la Oficina de Microtráfico y nos asignan a los fiscales locales la continuación de la investigación, con resultado positivo”, señaló. Asimismo, remarcó que actualmente hay cinco personas en prisión preventiva vinculadas a los inmuebles derribados.
Las dos investigaciones que precedieron el derribo
La demolición de este jueves constituye el capítulo más reciente de dos causas penales que investigan la venta minorista de estupefacientes en el sector. La primera pesquisa se inició tras allanamientos realizados el 5 de abril de 2025, que derivaron en las detenciones de Kevin Antonio Santillán, Emilce Maricel Scheffer y César Augusto Barbadillo Marín, quienes permanecen detenidos.
Según la hipótesis fiscal, en aquella oportunidad se incautó:
- Cocaína fraccionada para la venta
- Dinero en efectivo
- Teléfonos celulares
- Una balanza de precisión
- Municiones
- Otros elementos de interés para la investigación
Sin embargo, tras esas detenciones, el punto de venta no quedó inactivo. Con el paso de los meses, la vivienda volvió a ser ocupada y la actividad ilícita se reanudó. Esa situación motivó una nueva investigación que culminó el 15 de mayo de este año con cinco allanamientos simultáneos y la detención de Carlos Exequiel Lane, Jorge Ezequiel Luna, Silvina Marisel Vidal, Jorge Andrés Ruiz Díaz y Santiago Ruiz Díaz.
Durante esos procedimientos, los investigadores secuestraron:
- Cocaína
- Cannabis
- Dinero en efectivo
- Balanzas de precisión
- Teléfonos celulares
- Un revólver calibre 32 cargado y apto para el disparo
El pasado 2 de junio, los cinco acusados quedaron en prisión preventiva.
125 derribos en Santa Fe
Desde el gobierno provincial, el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, subrayó que los procedimientos realizados en Esperanza corresponden a los derribos números 124 y 125 concretados en Santa Fe desde la entrada en vigencia de la Ley de Microtráfico.
“Los primeros que sufren este tipo de comercialización son los propios vecinos”, sostuvo Montenotte. Y añadió que estos puntos de venta suelen estar asociados “a robos, violencia y otros delitos predatorios” que afectan la convivencia en los barrios.
Con las dos demoliciones ejecutadas en Esperanza y otra realizada el mismo día en Rosario, la provincia alcanzó los 125 inmuebles vinculados al narcomenudeo inactivados desde la sanción de la ley impulsada a fines de 2023, una política que las autoridades provinciales presentan como uno de los ejes centrales de la estrategia de combate al microtráfico.
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