El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, volvió a insistir en la necesidad de completar el máximo tribunal, en línea con el reclamo de su presidente, Horacio Rosatti, ambos santafesinos. Tras el reciente fracaso para designar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, el Poder Ejecutivo aceleró los tiempos al modificar la reglamentación para la selección de jueces.
Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reactivó el debate sobre la necesidad de completar el máximo tribunal del país. En una entrevista con el canal TN, Lorenzetti afirmó que «no es normal» que la Corte Suprema funcione con solo tres miembros e insistió en que «el tiempo de designar jueces es ahora».
Actualmente, el jurista rafaelino forma parte del tribunal junto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. La Corte Suprema debería estar integrada por cinco ministros, pero opera con dos asientos vacantes. Esta situación se arrastra desde la salida de Elena Highton en 2021 y se agudizó en diciembre de 2024, con la jubilación de Juan Carlos Maqueda. Si bien la situación no es inédita, su prolongada duración la vuelve excepcional. La Ley 26.183 establece que el tribunal debe contar con cinco integrantes, pero la falta de acuerdos políticos en el Senado ha impedido cubrir las dos vacantes existentes.
Funcionamiento
El reglamento interno y la práctica institucional permiten que la Corte Suprema sesione con tres integrantes. No obstante, esta conformación exige unanimidad para dictar sentencias en los casos en que solo intervienen los tres jueces. Cuando no se logra una coincidencia suficiente para alcanzar la mayoría, el tribunal puede recurrir al mecanismo de los conjueces, convocando a magistrados de cámaras federales o a integrantes de la lista aprobada por el Congreso para completar el tribunal en casos específicos.
En la práctica, operar con solo tres miembros reduce los márgenes de deliberación interna y aumenta el riesgo de empates o bloqueos en causas complejas. Además, limita la diversidad de enfoques jurídicos y la presencia de conjueces rotativos debilita la construcción de una jurisprudencia sólida y sostenida en el tiempo.
La visión de Horacio Rosatti
El presidente de la Corte Suprema, el santafesino Horacio Rosatti, se ha manifestado en reiteradas ocasiones en sintonía con su colega Lorenzetti. En diciembre pasado, comparó la situación con «jugar un partido de fútbol de 11 con siete jugadores», subrayando que esta escasez numérica complica las operaciones diarias del tribunal.
Pese a las dificultades logísticas, Rosatti destacó que durante 2025 la Corte Suprema alcanzó un récord histórico de sentencias, superando las 13.000, la cifra más alta desde la creación del organismo. El magistrado también sugirió que, idealmente, el tribunal debería abocarse exclusivamente a tratar temas «estrictamente constitucionales». Esto implicaría una mayor implementación del recurso de casación, para que el organismo revise los criterios una única vez, evitando convertirse en un «tribunal de tercera instancia».
El juego parlamentario
El último intento del Gobierno para cubrir las vacantes de la Corte Suprema resultó frustrado el 3 de abril de 2025, cuando el Senado rechazó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. El académico Lijo obtuvo apenas 20 votos favorables frente a 51 rechazos, mientras que el juez federal García Mansilla reunió 27 adhesiones, 43 votos negativos y una abstención.
Esta derrota parlamentaria dejó nuevamente a la Corte Suprema con solo tres integrantes y obligó al Poder Ejecutivo a reiniciar la búsqueda de candidatos que puedan reunir los dos tercios de los votos requeridos por la Constitución Nacional. La estrategia del Gobierno parece apuntar a una posible nueva composición del Senado en un eventual segundo mandato del presidente Javier Milei.
La actual integración del Senado otorga a la oposición justicialista la «llave» para alcanzar los dos tercios de los votos necesarios, ya que sin su apoyo es imposible obtener ese nivel de consenso. No obstante, el amplio respaldo conseguido para gran parte de los pliegos de jueces federales impulsados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques (incluyendo la renovación del acuerdo para su propio padre, el camarista federal Carlos Mahiques), alimentó en algunos sectores del Gobierno la expectativa de poder construir mayorías amplias para perfiles de candidatos específicos.
Nombres
Mientras las conversaciones se mantienen en un plano informal con legisladores «dialoguistas» y gobernadores, se atribuye a Ricardo Lorenzetti haber impulsado la aceleración de los tiempos en una reunión con el presidente Javier Milei. Se especula que, al igual que en su momento hizo con Ariel Lijo, Lorenzetti habría sugerido dos nombres: los de los camaristas Mariano Borinsky y Karina Perilli.
«Son muy buenos candidatos», respondió Lorenzetti, sin confirmar ni desmentir la versión, y añadió: «También se dijo que el juez Rosatti había sugerido a la doctora Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura. Son todos rumores desde sectores interesados».
En los ámbitos político y judicial, continúan mencionándose juristas federales, académicos y magistrados con trayectoria en tribunales superiores provinciales. Asimismo, persiste el reclamo de diversos sectores para que al menos una de las vacantes sea ocupada por una mujer, dado que la Corte Suprema carece actualmente de representación femenina. La discusión también incluye criterios de equilibrio regional. Especialistas argumentan que la futura integración debería reflejar el carácter federal del país, incorporando candidatos de diversas provincias, ya que de los tres miembros actuales, dos provienen de Santa Fe.
Modificaciones
El debate se reactivó la semana pasada, cuando el Poder Ejecutivo introdujo cambios significativos al histórico Decreto 222/2003, firmado durante la presidencia de Néstor Kirchner. Este decreto había establecido mecanismos de transparencia y participación ciudadana para la selección de jueces de la Corte Suprema.
La reforma eliminó instancias previas de observación pública de los candidatos, redujo exigencias procedimentales y suprimió referencias que recomendaban considerar criterios de género, especialidad jurídica y procedencia regional al momento de conformar el tribunal. El Gobierno justificó la decisión argumentando que busca evitar duplicaciones administrativas y agilizar los nombramientos, ya que el control ciudadano está garantizado durante el tratamiento de los pliegos en el Senado. El nuevo esquema se formalizó mediante el Decreto 467/2026.
Diversas organizaciones especializadas advirtieron que esta reforma implica un retroceso respecto de los estándares de transparencia construidos durante las últimas dos décadas. Ricardo Lorenzetti también se mostró crítico ante esta modificación: «Tiene que haber diversidad de género porque es muy importante. La Corte tiene que ser diversa, tiene que reflejar lo que es la sociedad», señaló, y añadió: «Estos temas que a veces parecen lejanos es importante que los vinculemos con los problemas de la población».
Declaraciones sobre la Causa Vialidad
De manera escueta, Ricardo Lorenzetti se refirió a la condena dictada contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, señalando que «desde el punto de vista jurídico está terminado el tema».
«Entiendo a los que están enojados, pueden estar disconformes, pero el proceso está terminado», afirmó, y apeló a la protección de las instituciones: «Tenemos que ser cuidadosos en proteger las instituciones, porque las instituciones están para proteger a los débiles frente a los fuertes».
Lorenzetti recordó que la mayoría de los jueces que intervinieron en la causa que culminó con la condena a la expresidenta «fueron designados durante los gobiernos de los Kirchner«. Concluyó que, si bien «todos estos casos merecen debates y hay críticas, y entendemos que hay gente que está molesta y que no es bueno en ningún país del mundo el encarcelamiento de un presidente, nosotros juzgamos delitos».
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