Condenaron a policías de Santa Fe por extorsión y robo de dólares a un automovilista

Dos suboficiales de la Brigada Motorizada de la policía de Santa Fe fueron condenados tras admitir su culpabilidad en un juicio abreviado por el grave hecho de corrupción ocurrido el pasado 3 de julio. Ambos agentes se hicieron responsables de extorsionar y despojar de dinero a un automovilista en Bulevar Pellegrini y San Lorenzo.

la condena a los agentes policiales

la justicia santafesina dictó condena para los dos agentes de la brigada motorizada de la unidad regional i, pablo tomás pérez y leandro nahuel cárdena, quienes habían sido aprehendidos a principios de mes tras una denuncia por irregularidades funcionales. en una audiencia celebrada en los tribunales locales, la jueza rosana carrara homologó los acuerdos de procedimiento abreviado presentados por el fiscal ezequiel hernández, a cargo de la investigación, y las defensas técnicas de los imputados.

el fiscal de la unidad especial de delitos complejos del ministerio público de la acusación (mpa) lideró la investigación desde el momento en que se radicó la denuncia ante asuntos internos. durante el proceso, los efectivos pérez y cárdena contaron con la representación de los abogados raúl sartori, y julio y jorge pallavidini, respectivamente. los uniformados reconocieron haber abusado de sus funciones para despojar de sus ahorros a un ciudadano que circulaba con su hijo pequeño, y pérez, además, admitió su responsabilidad en un hecho de violencia institucional previo.

el hecho principal: despojo bajo amenazas

el suceso que motivó la detención de los agentes tuvo lugar el pasado viernes 3 de julio, aproximadamente a las 19, en la intersección de bulevar pellegrini y calle san lorenzo. en ese punto, pérez y cárdena interceptaron a un automovilista que circulaba en su vehículo particular junto a su hijo de dos años y medio. tras realizar una requisa vehicular, los policías hallaron dinero en moneda extranjera y comenzaron a ejercer intimidación sobre el conductor.

amenazaron a la víctima con privarla de su libertad y enviar al niño a la subsecretaría de la niñez si no entregaba el dinero. la coacción escaló al punto de advertirle que, de concretar una denuncia, terminaría «dentro de una bolsa». bajo ese severo amedrentamiento psicológico, la víctima fue acompañada por los agentes hasta la intersección de luciano molinas y saavedra, donde se vio forzada a entregar 400 dólares. no obstante, los efectivos también sustrajeron otros 1.100 dólares que estaban ocultos debajo del asiento del conductor, sin que el hombre lo percibiera en ese instante. el fiscal hernández detalló que «hubo violencia del tipo psicológica, lo amenazaron, lo intimidaron, exigiéndoles la entrega de $ 400 que tenía este hombre también en el automóvil, diciéndole que si no lo llevarían detenido». la celeridad en la denuncia de la víctima posibilitó que personal de asuntos internos aprehendiera a los suboficiales esa misma noche, hallando la totalidad del dinero sustraído repartida entre ambos.

un segundo episodio de violencia institucional

la condena de pérez incluyó, además, su participación en un hecho de «vejaciones» ocurrido en junio de 2025 en la localidad de santo tomé. en aquel episodio, el agente agredió físicamente a un joven de 18 años durante el transcurso de un procedimiento policial.

las penas impuestas y restricciones

pérez y cárdena fueron condenados como coautores de los delitos de «exacciones ilegales» y «hurto calificado». se les impusieron penas de tres años de prisión de ejecución condicional, sumado a una inhabilitación especial para ejercer la función policial por el doble de ese tiempo. adicionalmente, la jueza carrara les aplicó multas que ascienden a $ 1.200.000.

debido a la modalidad de las penas aplicadas, los condenados recobraron la libertad bajo una serie de restricciones. el incumplimiento de estas reglas de conducta podría derivar en la revocación de la condicionalidad de las penas, lo que los obligaría a cumplir el resto de sus condenas en prisión. los ex agentes deberán someterse al control de la agencia de medidas no privativas de la libertad. asimismo, la magistrada carrara les prohibió portar armas de fuego y acercarse a las víctimas, quienes en la audiencia manifestaron sentir un profundo temor.

desde la fiscalía se resaltó que la víctima no sufrió un perjuicio económico final, ya que la totalidad de los 1.500 dólares fueron recuperados durante las aprehensiones.


Te puede Interesar

Desarrollo Humano y organizaciones debatieron sobre inclusión educativa y capacitación laboral en la Mesa de Diálogo Social

El Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos articuló con organizaciones sociales y legisladores provinciales nuevas estrategias de inclusión educativa y capacitación laboral, en un encuentro encabezado por el secretario de Seguridad Alimentaria, Miguel Heft, y el director de Educación de Jóvenes y Adultos del CGE, Alfredo Alberto Blochinger. Durante la jornada desarrollada en Paraná,…