Una empleada del Poder Judicial de Misiones, de 40 años, se encuentra bajo investigación en Posadas por una presunta estafa que ascendería a más de 9,5 millones de pesos, dinero que habría recibido de al menos 17 personas a cambio de falsas promesas de empleo en organismos estatales. La sospechosa, identificada como Gisela S., se negó a declarar el lunes ante el Juzgado de Instrucción Nº 6.
Investigación por presunta estafa a 17 personas en Misiones
Una empleada del Poder Judicial de Misiones, Gisela S., de 40 años, se encuentra en el centro de una investigación judicial por una presunta estafa que habría perjudicado a 17 personas. Según la pesquisa del fuero, la mujer habría obtenido más de 9,5 millones de pesos de las víctimas, quienes entregaron el dinero con la expectativa de conseguir un puesto laboral en organismos estatales. El pasado lunes, Gisela S. compareció ante el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Posadas, donde, asesorada por su defensa, optó por hacer uso de su derecho a no declarar.
La modalidad de la presunta maniobra delictiva
La investigación, encabezada por el fiscal René Casals, apunta a que la acusada contactó a las víctimas entre marzo y mayo de 2026 a través de la plataforma de mensajería WhatsApp. En esos mensajes, ofrecía supuestos puestos de trabajo en diversas entidades del Estado, incluyendo la Dirección Provincial de Vialidad, el Instituto de Macroeconomía Circular (ex Ifai) y la Municipalidad de Posadas.
De acuerdo con las constancias de la causa, la mujer solicitaba alrededor de 500 mil pesos para acceder a contratos temporarios y cerca de 1 millón de pesos para ingresar a planta permanente. Además del dinero, exigía fotografías de documentos personales y que las transferencias se realizaran a cuentas bancarias o billeteras virtuales a su nombre. Durante este período, mantenía contacto frecuente con los interesados y les aseguraba que las incorporaciones se concretarían en poco tiempo.
Víctimas en situación de vulnerabilidad
La mayoría de los denunciantes reside en la zona oeste de Posadas y atravesaba una situación de especial vulnerabilidad económica debido a la falta de empleo. El legajo judicial da cuenta de que varias personas vendieron animales de cría, materiales de construcción e incluso recurrieron a préstamos informales para reunir los montos solicitados. En un caso, una de las denunciantes realizó una importante transferencia correspondiente a ella y a sus dos hijos mayores, convencida de que los tres accederían a los puestos ofrecidos.
A mediados de mayo, la acusada mantuvo una reunión presencial con varios damnificados y volvió a asegurar que las contrataciones estaban próximas a concretarse. Sin embargo, con el paso de las semanas y ante la falta de novedades por parte de los organismos públicos, las víctimas comprobaron que no existían gestiones reales para su incorporación.
La denuncia formal y las pruebas aportadas
Cuando comenzaron los reclamos por parte de los damnificados, la mujer investigada volvió a solicitar dinero, esta vez con la promesa de devolverlo una vez que un supuesto superior le reintegrara los fondos. Poco después, dejó de responder mensajes y llamadas, lo que motivó la presentación formal de la denuncia el 23 de junio.
El abogado Federico Padolsky, representante del grupo de damnificados, se constituyó como querellante particular y aportó al expediente judicial conversaciones de WhatsApp y comprobantes de las transferencias bancarias realizadas. Entre los mensajes incorporados a la investigación, figuran frases en las que la sospechosa alentaba a las víctimas a reunir más dinero para acceder a cargos permanentes y les aseguraba que pronto firmarían los contratos y comenzarían a percibir un sueldo. Padolsky remarcó que las personas afectadas «literalmente vendieron todo lo que tenían» con la esperanza de obtener un empleo, subrayando que la acusada se aprovechó de quienes atravesaban una situación de especial vulnerabilidad.
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