El intendente de Santa Fe aseguró que la Municipalidad no tenía registradas denuncias ni inspecciones sobre las residencias clandestinas de adultos mayores que investiga la Justicia. Asimismo, confirmó el inicio de un sumario administrativo interno para deslindar posibles responsabilidades y detalló que los adultos mayores rescatados ya comenzaron a ser reubicados en instituciones habilitadas o con sus familias.
La Municipalidad colabora con la justicia y niega denuncias previas en el caso de la residencia clandestina
Tras el escándalo que generó el funcionamiento de una residencia clandestina para adultos mayores en la ciudad de Santa Fe, el intendente Juan Pablo Poletti aseguró que la Municipalidad está colaborando con la Justicia desde el inicio de la investigación. El mandatario negó que existieran denuncias o inspecciones registradas sobre los inmuebles que hoy son objeto de la causa judicial. Además, confirmó el inicio de un sumario administrativo interno para determinar si hubo responsabilidades dentro de la estructura municipal.
El caso tomó estado público luego del incendio ocurrido en una vivienda de la capital santafesina donde funcionaba un hogar ilegal para personas mayores. La situación derivó en el rescate de siete residentes y abrió una profunda investigación judicial sobre las condiciones en las que eran alojados. Desde entonces, la Municipalidad sostiene que el establecimiento nunca estuvo habilitado y que no figuraba en los registros oficiales, mientras la Fiscalía busca determinar cómo operaba el lugar y si existieron omisiones en los controles.
En ese contexto, Poletti explicó que la Municipalidad cuenta con un registro actualizado de todas las residencias autorizadas y que trabaja junto al Ministerio Público de la Acusación para esclarecer los hechos. «El municipio tiene clara la lista de habilitados y estamos colaborando desde el primer día con la Justicia y el fiscal de la causa para que esto se ordene», afirmó.
Sin denuncias previas en los registros municipales
Consultado sobre la posibilidad de que existieran hogares clandestinos funcionando desde hace tiempo en la ciudad, el intendente remarcó las limitaciones legales que tiene el Estado para intervenir en domicilios particulares cuando no existen denuncias concretas. «Es difícil actuar sobre una casa particular sin cartel ni indicios si no hay una denuncia de vecinos; el municipio no puede actuar sobre una casa privada sin saber quiénes viven allí», sostuvo. Y agregó: «Si hubo denuncias y no se actuó, la Justicia determinará la responsabilidad. Por ahora, el municipio no tiene denuncias sobre esos efectores».
Estas declaraciones responden a testimonios de exempleados que señalaron la supuesta existencia de inspecciones municipales en algunos establecimientos que funcionaban de manera irregular, generando preocupación en la comunidad.
Investigación administrativa interna en marcha
Ante esas versiones, Poletti aseguró que en los registros municipales no figura ninguna actuación sobre esos lugares, aunque advirtió que cualquier eventual irregularidad será investigada. «Si hubiesen existido inspecciones, se habría determinado que no estaban habilitados mediante un cotejo con nuestros registros, pero esto no sucedió», indicó. El intendente insistió: «No tenemos registro de denuncias ni de inspecciones en esos lugares». Sin embargo, aclaró que la Municipalidad ya inició una investigación interna. «Si la Justicia determina que hubo acciones municipales, se investigará hasta las últimas consecuencias; ya iniciamos una investigación sumaria sobre áreas municipales para determinar si hubo responsabilidad», precisó.
Cómo deberían realizarse las derivaciones de adultos mayores
Otro de los interrogantes que surgieron tras el caso es cómo llegan personas en situación de vulnerabilidad a establecimientos clandestinos, un tema que preocupa a las familias santafesinas.
Poletti, quien antes de asumir la intendencia fue director del Hospital José María Cullen, explicó cuál era el procedimiento habitual dentro del sistema sanitario. «Cuando yo era director, el área de asistencia social del hospital se contactaba con las áreas de adultos mayores de Provincia o municipio para determinar los lugares, que siempre debían ser habilitados». No obstante, reconoció que existen situaciones que escapan al control estatal. «Si un particular ayuda a alguien y lo lleva a un lugar clandestino sin que medie denuncia, es donde no podemos actuar, pero todo esto está bajo investigación», explicó.
La situación de los adultos mayores rescatados
Respecto del estado de las personas evacuadas tras el operativo realizado por la Municipalidad, Poletti informó que parte de ellas ya comenzó a ser reubicada. «De los siete que estaban en Beata, dos ya fueron retirados por sus familiares», detalló. Además, confirmó que continúa el trabajo conjunto con otros organismos para encontrar instituciones habilitadas donde puedan ser alojados. «Estamos trabajando con Adultos Mayores de la Provincia y con PAMI para reubicar a los demás en los próximos días en residencias habilitadas para que puedan salir de allí», sostuvo.
La investigación judicial continúa mientras se intenta reconstruir cómo funcionaban estas residencias clandestinas, quiénes derivaban personas a esos lugares y si existieron responsabilidades administrativas u omisiones en los controles estatales. El caso volvió a poner en agenda un problema que desde hace años preocupa a organismos públicos y entidades vinculadas al cuidado de adultos mayores en Santa Fe: la existencia de hogares que operan fuera del sistema de habilitación, sin controles sanitarios ni garantías para una población especialmente vulnerable de nuestros barrios.
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