La reciente queja de la Provincia de Santa Fe ante el Gobierno Nacional por los elevados costos de un insumo industrial básico, que impactan especialmente en las Pymes y en los grandes consumidores de energía eléctrica, no es un hecho aislado. Este reclamo tiene sus antecedentes en advertencias similares de otras provincias que, hasta ahora, habían permanecido dispersas.
El ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, ha puesto en evidencia el severo impacto en la industria provincial. Sus presentaciones incluyeron cifras concretas sobre el aumento de costos fijos, en un sector que ya atraviesa graves dificultades. Cabe destacar que, bajo la órbita de su ministerio, se encuentran tanto las políticas productivas como los lineamientos de la Empresa Provincial de la Energía.
El fondo del reclamo de Santa Fe radica en una resolución que vincula las tarifas para empresas de alto consumo a los costos y ganancias de la generación de energía eléctrica. Este esquema, desprovisto de regulaciones o intervención estatal mediante subsidios, expone hoy a las tarifas a los volátiles vaivenes del mercado mundial.
Es importante señalar que, previo a la decisión de la Casa Gris de amplificar públicamente las posiciones de los industriales de la provincia y elevar formalmente las quejas y una propuesta a Buenos Aires, hubo otras advertencias que no lograron el efecto deseado, posiblemente por su falta de cohesión.
Consolidación en la Región Centro
Actualmente, la situación ha cambiado. La defensa de esta postura es liderada por un funcionario del gobernador Maximiliano Pullaro y cuenta con el respaldo de un bloque regional consolidado: la Región Centro. Tanto en Córdoba como en Entre Ríos se han registrado críticas en el mismo sentido, anteriores al tarifazo de julio, que fueron pasadas por alto por el Gobierno Nacional.
El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Córdoba, Pedro Dellarossa, ha manifestado reiteradamente «la pérdida de competitividad» de las industrias locales y la preocupación del sector pyme por estar pagando una «energía cara».
En la misma línea, Guillermo Bernaudo, ministro de Desarrollo Económico de la provincia de Entre Ríos, ha encabezado mesas técnicas con federaciones económicas entrerrianas para abordar el severo impacto de la tarifa eléctrica en la viabilidad de las empresas.
Duras expresiones desde Buenos Aires
Fuera de estas manifestaciones en el área central del país, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha expresado que «la política económica del Gobierno Nacional es incompatible con la industria y el desarrollo de las pymes locales». Esto ocurrió en un encuentro con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), celebrado el 27 de junio, en el Día de las Pymes.
En esa ocasión, Kicillof sostuvo que «es falso que la economía esté funcionando a dos velocidades: impulsan un proceso de reestructuración de nuestra matriz productiva para llevarnos a un modelo de país primarizado, con concentración y exclusión». Asimismo, añadió que «con un tipo de cambio atrasado, importaciones indiscriminadas, tarifas elevadas y tasas de interés inaccesibles, han configurado un combo perfecto para destruir el empleo y la producción local».
Reclamos
Sin embargo, las alarmas habían sido encendidas antes en el norte del país. Desde el Noreste (NEA) y el Noroeste (NOA), se intentó alzar la voz con alguna repercusión durante los primeros meses del año, cuando el calor y los costos de las tarifas eléctricas impactaron fuertemente en los usuarios.
En junio de este año, en una reunión del Consejo Federal de Inversiones, los gobernadores de las diez provincias del NEA y NOA se reunieron directamente con el entonces ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, quien pocos días después asumió como Jefe de Gabinete de Ministros. En ese encuentro, le plantearon los problemas críticos que enfrentaban por las tarifas eléctricas y su efecto en el sector productivo.
Previamente, una sesión del Parlamento del Norte Grande, que congregó a más de 130 legisladores provinciales, exigió «un esquema federal que amortigüe el impacto de las tarifas en los comercios e industrias del interior». Esta demanda fue posteriormente respaldada con la presentación de proyectos de ley en esa dirección en el Congreso Nacional.
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