La investigación por el incendio de un geriátrico clandestino en barrio Nuevo Horizonte de Santa Fe, que dejó siete adultos mayores rescatados, se extiende más allá del establecimiento siniestrado. El fiscal Manuel Cecchini confirmó que, si bien la responsable fue imputada por abandono de personas, se sigue una línea de pesquisa más amplia con posibles nuevas derivaciones.
La investigación excede el geriátrico de José Gollán al 10.100
La pesquisa judicial iniciada tras el incendio registrado el 29 de julio en un geriátrico clandestino del sector norte de la ciudad de Santa Fe podría registrar nuevas derivaciones. Así lo anticipó el fiscal Manuel Cecchini, quien reveló este viernes que la investigación excede el inmueble donde fueron hallados siete adultos mayores en condiciones de extrema vulnerabilidad y alcanza otras hipótesis, que por el momento permanecen bajo estricta reserva.
«Hay una investigación bastante más amplia, pero no puedo mencionar eso», respondió el representante del Ministerio Público de la Acusación al ser consultado sobre la posible vinculación de la mujer imputada con otros hogares clandestinos. Si bien evitó ofrecer mayores detalles para no comprometer las diligencias en curso, la afirmación constituye el primer reconocimiento público de que la causa podría extenderse más allá del inmueble de José Gollán al 10.100, en barrio Nuevo Horizonte.
Imputación por abandono de personas y medidas alternativas
Las declaraciones del fiscal Cecchini se produjeron tras dos audiencias celebradas este viernes ante la jueza Rosana Carrara. En la primera, la fiscalía imputó a María Laura M., de 51 años, por el delito de abandono de personas en perjuicio de siete adultos mayores. Posteriormente, se acordaron medidas alternativas a la prisión preventiva para Ricardo H., quien se desempeñaba como cuidador del establecimiento.
Durante la conferencia de prensa, Cecchini insistió en que la causa atraviesa una etapa inicial y que varias de las hipótesis que trascendieron públicamente aún requieren respaldo probatorio antes de derivar en nuevas imputaciones. «Todo esto tiene carácter provisorio porque la investigación recién empieza», remarcó. En esa línea, explicó que la acusación contra la mujer se sustenta en los informes médicos incorporados al expediente, las inspecciones realizadas en el inmueble y, fundamentalmente, en las declaraciones de las propias víctimas. «Pedimos una serie de informes médicos respecto de cada una de las víctimas, conocimos el lugar en el que estaban alojados y la imputación se basa en gran parte en la declaración de cada uno de ellos», precisó.
La figura penal elegida
El funcionario judicial explicó que la figura penal escogida, «abandono de personas», responde al deber de cuidado que, según la investigación, había asumido la imputada respecto de los residentes. «Es un delito que implica que una persona, habiendo asumido la guarda y el cuidado de otra, la abandona a su suerte, provocando un peligro para su salud», indicó.
Asimismo, la fiscalía posee evidencia suficiente para sostener, en esta etapa del proceso, que la mujer era la titular del establecimiento, pese a su negativa. «No hay un contrato ni una prueba determinante por la informalidad con la que desarrollaba la actividad, pero tenemos un conjunto de evidencias que nos permite sostener que era la titular y que había asumido esa responsabilidad», explicó Cecchini. Entre los elementos valorados para formular la imputación mencionó la alimentación deficiente, la falta de abrigo, las precarias condiciones de higiene y el insuficiente cuidado sanitario. «No hay una forma de comprobar científicamente cuánto hace que una persona no ingiere alimentos, pero nos hemos basado principalmente en la declaración de las propias víctimas, a quienes les creemos», sostuvo.
Delitos en análisis
Cecchini aclaró que otras conductas denunciadas continúan siendo investigadas, aunque todavía no reúnen el grado de evidencia necesario para formular una imputación. Ese es el caso de la presunta retención de documentación personal y tarjetas bancarias utilizadas para percibir las jubilaciones de algunos residentes. «Con respecto a ese punto todavía estamos huérfanos de evidencia para imputar un delito de defraudación», indicó.
De igual manera, se investigan las denuncias sobre presuntos malos tratos físicos atribuidos al cuidador. El fiscal reconoció que los adultos mayores relataron episodios de violencia e incluso confirmó haber mantenido una reunión con ellos el jueves. Sin embargo, señaló que los médicos que los examinaron tras el procedimiento no constataron lesiones que permitan atribuir ese delito.
Tampoco se confirmó si existieron derivaciones de personas desde organismos públicos hacia el establecimiento ni cuál pudo haber sido la eventual participación de terceros en el caso. Sobre esos aspectos, Cecchini se limitó a señalar que «todavía forman parte de la investigación». Finalmente, respecto de la situación procesal de María Laura M., adelantó que la fiscalía definirá en los próximos días qué medida cautelar solicitará cuando el martes se reanude la audiencia. «Tenemos que evaluar cuál es la cautelar necesaria y suficiente para este proceso», concluyó.
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