La Justicia Federal de Santa Fe ha homologado una serie de juicios abreviados, poniendo fin a la causa iniciada en 2023 con el descubrimiento de una «cueva» financiera clandestina en un departamento de la zona del Puerto. Los acuerdos fueron alcanzados en la víspera del inicio del juicio oral, previsto originalmente para el miércoles 5 de agosto.
El Tribunal Oral Federal formalizó el convenio, que luego fue ratificado por el juez Luciano Lauría. Este último emitirá su sentencia en los próximos días, validando la admisión de culpabilidad de los acusados en una compleja trama que incluyó intermediación financiera no autorizada, defraudaciones y lavado de activos. Cabe destacar que la imputación por lavado de activos fue atenuada, ya que en la instancia inicial se le habían atribuido dos agravantes.
Ángel Yamil Benavídez, sindicado como el principal responsable de la red, admitió su autoría en los delitos investigados y aceptó una pena de cinco años de prisión, que cumplirá bajo la modalidad de prisión domiciliaria. El exasesor del Concejo Municipal santafesino permaneció detenido en la cárcel de Coronda durante dos años, hasta que en febrero de 2025 obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria.
Como parte de lo pactado entre el fiscal Martín Suárez Faisal y las defensas, los acuerdos abreviados también incluyen el decomiso de bienes a favor del Estado. Se incautarán dos vehículos y la totalidad del dinero en efectivo que fuera secuestrado al inicio de la investigación.
El hallazgo fortuito que destapó la red
La investigación tuvo su origen el 12 de septiembre de 2023, cuando detectives de la entonces Agencia de Investigación Criminal (AIC) –actualmente Policía de Investigaciones (PDI)– allanaron un departamento ubicado en el Puerto de Santa Fe. El objetivo de la diligencia era recuperar electrodomésticos que habían sido denunciados como robados por un exinquilino del lugar.
Al ingresar al inmueble, los uniformados se toparon con una considerable cantidad de dinero en efectivo y documentación relevante. El procedimiento derivó en el secuestro de:
- Más de 45 millones de pesos
- 83.000 dólares
- 22.000 euros
- 23.000 reales
- Documentación que acreditaba movimientos bancarios
- 39 tarjetas de débito de una entidad bancaria a nombre de terceras personas
Mecanismo de la defraudación y el lavado
Según la reconstrucción de la fiscalía, la organización utilizaba identidades robadas a personas en situación de extrema vulnerabilidad, residentes en barrios humildes de Santa Fe y Santo Tomé. Con estas identidades, se abrían «cuentas fantasma» que servían para bancarizar la venta de divisas, operar con dólar MEP y canalizar pagos personales, todo ello sin la debida autorización del Banco Central de la República Argentina.
Las pericias realizadas a los teléfonos celulares de los implicados resultaron cruciales para comprender la logística de la operatoria. Se determinó que Benavídez respondía consultas sobre la cotización del dólar a través de mensajes de Whatsapp y citaba a los clientes en una oficina que denominaba «Consultora La Resistencia».
La investigación fiscal pudo establecer que la estructura recibió miles de transferencias bancarias por un monto que superaba los cientos de millones de pesos. Esta liquidez le permitía a Benavídez financiar viajes al exterior, incluyendo su asistencia al Mundial de Fútbol de Qatar en 2022.
Otros condenados en la causa
Además de la pena impuesta a Benavídez, el acuerdo judicial alcanzó a otros colaboradores de la red, con diferentes grados de responsabilidad.
- La contadora María Laura Miassi, expareja del principal imputado y funcionaria provincial, aceptó una pena de tres años de prisión en suspenso. Se la consideró partícipe en los delitos de lavado de activos e intermediación financiera. Se estableció que Miassi aportaba sus conocimientos técnicos para controlar el stock de billetes, registrar las operaciones y calcular las ganancias ilícitas del negocio.
- El entrenador de básquet Juan Emilio Gastaldo y Raúl Mamonellas aceptaron una condena de un año de prisión en suspenso.
- El taxista Carlos Quartucci, socio de Benavídez en una firma de servicios, cerró su situación procesal mediante el pago de una multa económica. Los detalles finales de este monto se conocerán con la sentencia.
Para todos los condenados con penas en suspenso, el cumplimiento no será efectivo siempre que respeten las reglas de conducta impuestas por el tribunal.
Los abogados que intervinieron en la defensa fueron Ignacio Alfonso Garrone, en representación de Benavídez y Gastaldo; el Dr. Pedro Busico, por Miassi; el Dr. Juan José Patiño, por Quartucci; y el Dr. Raúl Sartori, por Mamonellas.
El cierre de la causa implica también la ratificación de los embargos preventivos y el destino final de los bienes. El dinero secuestrado en el departamento del Puerto –cifras millonarias en moneda nacional y extranjera al momento del operativo– y los vehículos, quedarán definitivamente en manos del Estado. Una vez que la sentencia adquiera firmeza, se dará por concluida la investigación que, iniciada de manera fortuita, terminó destapando una compleja red de manejo de divisas al margen del control estatal.
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