Los tribunales de Santa Fe condenaron a Miguel Antonio Benítez, de 35 años, a dos años y ocho meses de prisión efectiva por la tenencia ilegítima de un revólver calibre .32. El arma había sido hallada por el Comando Radioeléctrico en el barrio Villa del Parque, luego de que observaran un intercambio sospechoso entre dos hombres durante la madrugada y rastrearan el recorrido que realizaron.
El incidente en Villa del Parque
El 14 de agosto de 2025, alrededor de las 3.10, efectivos del Comando Radioeléctrico que patrullaban el sector oeste de la ciudad de Santa Fe, a la altura de la intersección de Justicia y Centenera, en el barrio Villa del Parque, observaron a dos hombres que circulaban por la zona. Uno de ellos vestía un camperón negro y pantalón marrón, mientras que el otro llevaba un buzo negro con mangas azules y pantalón negro.
Al advertir la presencia del móvil policial, el hombre del camperón realizó un movimiento brusco entre sus prendas y luego extendió el brazo hacia su acompañante, en lo que pareció ser un traspaso de algún elemento. Acto seguido, el segundo hombre tomó el objeto, dio unos pasos hacia atrás y lo arrojó al costado del camino, entre la vegetación alta. Ante la maniobra sospechosa, los agentes decidieron interceptarlos para realizar una requisa preventiva.
Durante el procedimiento, los policías identificaron al hombre del camperón negro como Miguel Antonio Benítez, de 35 años, a quien le hallaron una gran cantidad de cartuchos calibre .32 sueltos en los bolsillos delanteros. Su acompañante se identificó como Cristian David Benítez, y no tenía ningún elemento de interés en ese momento. Ambos manifestaron dirigirse a su domicilio, sin brindar mayores explicaciones. Los uniformados notaron que se encontraban nerviosos, lo que los llevó a revisar el recorrido que habían realizado. Fue entonces cuando, con el uso de linternas, encontraron entre los yuyos un revólver calibre .32 de color negro, que contenía siete cartuchos intactos en su interior.
La investigación y el marco legal
La investigación judicial incorporó diversas pruebas para sostener la acusación. Entre ellas, se destacó el acta del procedimiento policial confeccionada aquella madrugada y un informe elaborado por la Sección Balística de la División Científica Forense de la Policía de Investigaciones (PDI). Esta pericia determinó que el revólver, de simple y doble acción, calibre .32, se encontraba en condiciones de efectuar disparos y que era compatible con los cartuchos secuestrados.
Además, se sumó un informe de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), que confirmó que Miguel Antonio Benítez no estaba inscripto como legítimo usuario del arma. Con base en estas evidencias, la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Rosana Peresin, atribuyó a Benítez la calidad de coautor del delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.
La condena unificada
Este lunes, Miguel Antonio Benítez fue condenado en los tribunales de Santa Fe. La sentencia, dictada oralmente por el juez Nicolás Falkenberg, se produjo en una audiencia de procedimiento abreviado realizada en la Sala 7 del subsuelo de los tribunales. El imputado fue asistido por los abogados Claudio Torres del Sel y María Julieta Carnaval Sánchez.
Inicialmente, la fiscalía había solicitado para este hecho una pena de ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo y una multa de $ 10.000. Sin embargo, la situación penal previa de Benítez modificó la resolución final. El condenado contaba con una pena anterior, impuesta el 8 de noviembre de 2023 por el juez Sebastián Szeifert, de dos años de prisión de ejecución condicional.
Dado que esta condena se encontraba aún vigente, la fiscalía planteó la revocación de su condicionalidad y la unificación de ambas penas, conforme a lo establecido por el artículo 58 del Código Penal. Así, el juez Falkenberg impuso una pena única de dos años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo, además de una multa de $ 10.000. Para determinar la sanción, también se consideró la reiterancia de Benítez en delitos contra la seguridad pública.
La resolución judicial dispuso, además, el decomiso del revólver calibre .32 y de los cartuchos secuestrados. Estos elementos quedarán a disposición de la Oficina de Gestión Judicial y, una vez firme el decomiso, serán remitidos al Ministerio Público de la Acusación para proceder a su destrucción.
