Una investigación por grooming, abuso y explotación sexual de menores en la localidad cordobesa de Villa de María de Río Seco determinó que tres de las víctimas, de entre 12 y 14 años, tenían implantes anticonceptivos colocados desde hacía al menos dos años, por lo que la fiscalía intenta establecer cómo accedieron al procedimiento y ya suma 11 detenidos.
Una nueva y grave derivación judicial
La investigación por grooming, abuso y explotación sexual de adolescentes en Villa de María de Río Seco, en el norte de Córdoba, incorporó un nuevo elemento de prueba: las tres víctimas tenían colocados implantes anticonceptivos subdérmicos desde hacía al menos dos años.
Las jóvenes tienen actualmente entre 12 y 14 años, por lo que la Justicia intenta establecer bajo qué circunstancias accedieron a esos métodos cuando rondaban los 11 años. La causa, a cargo de la fiscal Analía Cepede, ya registra 11 detenidos.
El dato surgió durante las evaluaciones médicas y psicológicas realizadas a las adolescentes. «Las tres lo mencionaron como que estaba instalado hace al menos dos años», explicó la funcionaria judicial.
Desde la fiscalía aclararon que la investigación no cuestiona el acceso a métodos anticonceptivos, sino las condiciones concretas en las que fueron colocados y qué intervención tuvieron adultos responsables y profesionales de la salud en el procedimiento.
Cómo se inició la causa
La investigación se originó tras la denuncia por la desaparición de una adolescente. La joven fue localizada con vida y el análisis forense de su teléfono celular permitió detectar conversaciones, imágenes y contactos sexuales con distintos hombres adultos.
A partir de esos elementos probatorios se identificó a otras víctimas y se desplegaron allanamientos en Villa de María de Río Seco. La pesquisa determinó que algunos sospechosos habrían contactado a las chicas por redes sociales para solicitarles imágenes y, en determinados casos, concretar encuentros presenciales.
Las imputaciones varían según el grado de participación de cada involucrado: algunos acusados enfrentan cargos por grooming y otros por abuso sexual con acceso carnal. Desde el órgano fiscal no descartan que surjan más implicados ni nuevas víctimas en el marco del expediente.
Vulnerabilidad y contexto socioeconómico
Otro de los puntos señalados por la fiscal Cepede es el nivel de vulnerabilidad socioeconómica en el que se encontraban las menores de edad.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, las víctimas no recibían grandes sumas de dinero, sino que obtenían alimentos y productos básicos a cambio. «Acá no hay una retribución patrimonial que haya mejorado su vida. Esto es hambre», sostuvo al describir el trasfondo del caso.
La pesquisa busca determinar si los distintos acusados actuaban de manera coordinada. Hasta el momento, no se encuentra acreditada formalmente la existencia de una organización criminal estructurada, aunque esa línea de trabajo continúa bajo análisis.
Detenciones y situación procesal
Entre las personas privadas de su libertad se encuentra José Aníbal Ricardo Villarreal, quien se desempeñaba como asesor en la Legislatura de Córdoba y quedó formalmente imputado por el delito de abuso sexual agravado.
La causa había comenzado con siete arrestos a fines de julio, sumó nuevas medidas restrictivas durante las semanas siguientes y alcanzó este viernes las 11 personas detenidas.
En adelante, la fiscalía continuará con los peritajes sobre los dispositivos electrónicos secuestrados, la recepción de declaraciones testimoniales y diversas medidas destinadas a reconstruir la modalidad de captación de las adolescentes y el grado de responsabilidad de cada uno de los sospechosos.
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