La situación en el Cementerio Municipal de Santa Fe refleja un alto nivel de atraso en el pago de las tasas correspondientes. De los más de 46 mil nichos existentes en el predio, apenas unos 16 mil (alrededor del 35%) tienen al día el mantenimiento. En tanto, el 65% restante presenta algún grado de morosidad y forma parte del proceso de regularización que lleva adelante la administración.
Luz Balbastro, directora ejecutiva del Cementerio Municipal, explicó que el vínculo entre los familiares y la Municipalidad se instrumenta como una concesión, es decir, un permiso de uso de la unidad de enterramiento a cambio de una contraprestación. Al solicitar la inhumación, el titular firma un formulario que fija derechos y obligaciones, entre las cuales figura el pago de la tasa de mantenimiento.
El plazo estándar de una concesión de nicho es de 2 años. Una vez cumplido ese período, si no se efectúa la renovación, la concesión queda vencida. Los valores varían según la ubicación y la fila: el costo máximo ronda los 50.000 pesos por dos años (un promedio de unos 2.000 pesos mensuales), mientras que otros sectores se ubican entre 4.000 y 8.000 pesos. La funcionaria reconoció que la situación económica influye en el cumplimiento y señaló que existen casos de atrasos incluso en panteones sociales o familiares, aunque remarcó que el objetivo de la Municipalidad es que los titulares se acerquen a regularizar antes de llegar a una desocupación de oficio.
Qué sucede con las concesiones vencidas
La normativa que regula el funcionamiento del cementerio habilita a la administración a desocupar y disponer la cremación de oficio cuando una concesión caduca. En la actualidad, el municipio trabaja sobre nichos con un año de vencimiento, enmarcado en un cronograma que responde a la necesidad constante de liberar espacio para nuevas inhumaciones, ya que se registra un requerimiento de unos 250 nichos por mes.
Para advertir a los deudos, la administración publica los listados en su sitio web y en diarios de la ciudad, además de colocar stickers visibles sobre las lápidas. Desde el municipio aclararon que no se realizan llamadas telefónicas debido a la desactualización de los números de contacto registrados. La duración total de una concesión es de 20 años; cumplido ese plazo, la unidad debe desocuparse de manera definitiva mediante la cremación o la reducción de los restos para su posterior traslado a un columbario.
Cómo realizar trámites y consultas
Los vecinos que necesiten gestionar temas administrativos o consultar su situación pueden concurrir a las oficinas de la necrópolis municipal, ubicada en avenida Blas Parera 5200, donde funciona una caja recaudadora, además de gestiones vinculadas con el Registro Civil y cambios de titularidad.
Asimismo, las tasas municipales de mantenimiento se pueden consultar y descargar de manera online, aunque la recomendación oficial es acudir directamente a la administración ante cualquier duda para evitar llegar a una intimación.
Obras en los hornos crematorios
En paralelo al ordenamiento administrativo, la Municipalidad avanza en la puesta a punto de los hornos crematorios. Actualmente, el sector opera con normalidad con un equipo en funcionamiento, mientras se completan las gestiones para habilitar nuevos dispositivos.
Las mejoras incluyeron una inversión de 120 millones de pesos para la adquisición de un horno nuevo y 47 millones de pesos destinados a la reparación integral de otro. A esto se sumaron más de 7 millones de pesos orientados a la estación reductora de gas, obra exigida por Litoral Gas para garantizar la seguridad operativa. Recientemente, el municipio adjudicó la confección de los planos técnicos de toda la planta y proyecta realizar las adecuaciones edilicias necesarias para habilitar progresivamente el resto de los equipos.
Demoliciones y medidas de seguridad
Otro de los frentes de trabajo se concentra en los sectores sur y oeste del cementerio, donde se proyecta una demolición controlada debido al deterioro edilicio. El sector suroeste permanece inactivo para inhumaciones desde 2012 y, al tratarse de construcciones linderas, requiere un operativo especial cuyo presupuesto estimado asciende a 166 millones de pesos.
En materia de seguridad, la administración informó que el robo de elementos se redujo considerablemente gracias a la incorporación de 14 cámaras de videovigilancia conectadas al centro de monitoreo, la presencia permanente de personal de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) con recorridas las 24 horas, iluminación perimetral y el uso de un cuatriciclo para patrullaje interno. Como medida complementaria, se implementó un programa de donación de lápidas recuperadas y reacondicionadas para aquellas familias que no pueden afrontar el costo de una nueva, lo que contribuyó a frenar el circuito de sustracción y reventa de materiales en el predio. Ante cualquier hecho de vandalismo, se solicita a los deudos radicar la denuncia formal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
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