Con la participación de referentes de distintos países de la región, la 4ª Cumbre Latinoamericana de Autismo reunió a especialistas y organizaciones en la ciudad para debatir sobre la falta de efectividad en la aplicación de políticas públicas y el impacto del colapso mental en las familias. El encuentro, organizado en memoria de Ignacio Galibert, incluyó además el Primer Encuentro de Agrupaciones Unidas en Discapacidad y el Cuarto Simposio Latinoamericano de Judicialización de la Discapacidad para exigir mayores presupuestos y respuestas concretas en educación, salud y derechos fundamentales.
Voces de la región por los derechos y la inclusión
La 4ª Cumbre Latinoamericana de Autismo reunió en los últimos días a referentes de distintos países para debatir sobre educación, salud y derechos de las personas con autismo. El encuentro, organizado en memoria de Ignacio Galibert, incluyó además el Primer Encuentro de Agrupaciones Unidas en Discapacidad y el Cuarto Simposio Latinoamericano de Judicialización de la Discapacidad.
Durante las jornadas participaron especialistas de Argentina, Brasil, Paraguay, Ecuador, Uruguay y Perú, con exposiciones centradas en los desafíos que enfrentan las familias para acceder a derechos fundamentales en el día a día.
Entre las leyes y la realidad cotidiana
Uno de los principales ejes que atravesó el debate fue la distancia entre el reconocimiento legal de los derechos y su cumplimiento efectivo. En ese sentido, los participantes coincidieron en que los avances normativos todavía no alcanzan para resolver las dificultades que atraviesan las familias en las comunidades.
La especialista Leticia Amaral planteó que en Brasil existe un fuerte contraste entre las normas y la cotidianeidad. «Tenemos una legislación que protege los autistas en acceso a terapias, a educación, pero hay un abismo muy grande entre la legislación, sus derechos y la concretización», sostuvo.
La referente brasileña advirtió también sobre las consecuencias que esta situación genera en el entorno familiar. «Todos nosotros, independientemente de nuestros países, tenemos mucha legislación, poca efectividad, acceso a esos derechos. Esto hace que las familias estén colapsando mentalmente en todos los sentidos», señaló, al remarcar que la falta de respuestas genera un impacto profundo en la estructura familiar.
El desafío de garantizar una educación efectiva
El acceso a una educación adecuada ocupó un lugar central en las exposiciones. Eduardo Vieira, también representante de Brasil, explicó que en su país se trabaja para garantizar la inclusión dentro del sistema educativo común, aunque señaló que existen situaciones particulares que requieren dispositivos específicos.
«Estamos trabajando por la inclusión de todos los niños en el sistema educativo, pero identificamos un grupo bastante singular que no consigue beneficiarse de actividades pedagógicas en ambiente común. Es necesario un ambiente especializado para el pleno aprendizaje», afirmó.
Por su parte, el representante paraguayo Edgar Gómez Leiva coincidió en que uno de los mayores problemas aparece cuando las normas deben transformarse en medidas concretas. «En Paraguay estamos avanzando mucho en la parte normativa, pero a la hora de la implementación, como alguien dice, el diablo vive en la implementación. Estamos todavía con mucho déficit», expresó, y remarcó la necesidad de contar con modelos de intervención que contemplen a todo el entorno familiar.
El reclamo por recursos y políticas públicas
Durante la cumbre hubo cuestionamientos sobre la falta de presupuesto para llevar adelante programas y políticas de alcance nacional. Horacio Joffre Galibert, presidente de ALaFe y referente de APAdeA, planteó la necesidad de que los gobiernos traduzcan las declaraciones formales en acciones concretas.
«Queremos firmar un humilde manifiesto para nuestros gobiernos latinoamericanos», expresó al destacar la intención de llevar las conclusiones del encuentro a las autoridades. Galibert también se refirió a una resolución del Gobierno nacional recientemente publicada y cuestionó la ausencia de recursos asignados, aunque valoró positivamente la referencia a cuestiones federales y la elaboración de guías para el diagnóstico y la detección temprana.
Asimismo, manifestó su preocupación por la manera en que se aborda actualmente el autismo y remarcó la importancia de preservar una mirada basada en criterios clínicos frente a la especulación comercial.
Hacia una autonomía en la adultez
Las exposiciones coincidieron en que el desafío no termina con el reconocimiento formal de derechos, sino que requiere recursos, capacitación, acompañamiento y políticas sostenidas a lo largo de todas las etapas de la vida.
En ese sentido, Galibert sostuvo que la inclusión continúa siendo un proceso complejo. «El limbo final sería la inclusión per se, como quiere el artículo 24 y la convención. Pero no son fáciles los procesos de inclusión. Estamos por buen camino, pero hay que trabajar muchísimo», indicó.
De igual manera, se puso el foco en la necesidad de acompañar a las personas autistas durante la adultez y favorecer su autonomía. Gómez Leiva explicó que su organización brinda apoyo profesional durante los primeros meses de inserción laboral, aunque reconoció que en la práctica todavía persisten barreras significativas. La cumbre cerró con el compromiso de profundizar el intercambio regional para avanzar hacia políticas públicas efectivas en educación, salud y trabajo.
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