El secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, informó en la Cámara de Diputados que la intervención del organismo restituyó unas 150 mil pensiones no contributivas que habían sido dadas de baja durante la gestión anterior y aseguró que se abonaron los retroactivos correspondientes. Ante los legisladores, el funcionario cuestionó el método de auditorías masivas implementado tras la salida de Diego Spagnuolo y ratificó que los nuevos controles se realizan de manera presencial, en medio de la tensión política por la emergencia en el área de cara a la sesión prevista para el próximo 9 de septiembre.
Restitución masiva de pensiones y giro en el control estatal
Unas 150 mil pensiones que habían sido dadas de baja durante las auditorías masivas terminaron siendo restituidas, y sus beneficiarios cobraron los retroactivos correspondientes. Este fue el dato saliente que dejó esta semana el paso de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) por la Cámara de Diputados, un informe que permite dimensionar la magnitud de los problemas heredados por la intervención de la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras la salida de Diego Spagnuolo y el escándalo judicial que precipitó la reorganización del organismo.
La precisión fue aportada por Esteban Giler, subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos, ante las consultas de la oposición sobre las auditorías: «Las alrededor de 150.000 pensiones que se dieron de baja se volvieron a dar de alta, se reinstalaron y se pagaron los retroactivos», ratificó el funcionario.
Por su parte, el secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, explicó la lectura política detrás de esta decisión al señalar que la nueva conducción desestima el mecanismo aplicado hasta su llegada, el cual se basaba en citaciones y controles que derivaron en múltiples reclamos por notificaciones enviadas a domicilios desactualizados o de difícil acceso. «Cuando llegamos nosotros justamente no lo hicimos más», afirmó, y marcó el nuevo lineamiento: «Las auditorías y las que van a venir las hacemos persona a persona».
El encuentro parlamentario se desarrolló en un contexto de presión por parte de la oposición, de cara al anuncio de una sesión prevista para el 9 de septiembre, cuyo temario central incluye la prórroga de la emergencia en discapacidad. En paralelo, el oficialismo anticipó que buscará consensuar un dictamen alternativo junto con los bloques aliados.
Del fraude denunciado a las bajas revertidas
El contraste con la gestión anterior resulta evidente. El proceso de fiscalización había sido uno de los principales emblemas de la administración precedente en la ANDIS. En febrero de 2025, el propio Gobierno anunció el envío de las primeras 300 mil cartas documento destinadas a fiscalizar más de un millón de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.
Alejandro Vilches, quien asumió la intervención a fines de agosto de ese año, tomó distancia de aquella metodología. No obstante, su equipo aportó datos que obligan a matizar el alcance de las irregularidades difundidas durante meses en el discurso oficial, aunque evitaron confirmar si los pagos ya se están liquidando tal como fueron enunciados inicialmente.
Esto no implica que la intervención haya estado exenta de hallazgos irregulares. Alejandro Vilches reveló que el cruce de datos con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) permitió detectar 178.254 personas fallecidas que aún figuraban con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Sin embargo, introdujo una aclaración crucial: «Eso no quiere decir que estuvieran usando servicios, cobrando pensiones; no estoy hablando de eso».
El número expone, en rigor, un padrón desactualizado y no 178 mil casos de fraude. A partir del entrecruzamiento con el RENAPER, la ANSES y las propias bases de la repartición, se llevaron a cabo 14.722 auditorías que sirvieron como punto de partida para la depuración del registro, según detalló el funcionario.
Expedientes históricos y demoras operativas
Durante su exposición, Florencia Moreira Cinat, directora de Gestión y Asignación de Apoyos, indicó que el organismo trabajó sobre más de 650 mil expedientes históricos vinculados con solicitudes de pensiones, un universo que logró reducirse en un 52,3%.
La funcionaria aclaró que no se trataba necesariamente de beneficios fraudulentos, sino de legajos paralizados durante años por falta de documentación indispensable —como el certificado médico oficial—, cuya permanencia en estado activo impedía que los ciudadanos iniciaran nuevos trámites.
Desde la SENADIS aseguraron que actualmente cuentan con más de 20 mil expedientes evaluados en proceso de resolución definitiva, ya sea mediante su otorgamiento o rechazo. No obstante, la demora operativa continúa siendo motivo de fuerte tensión. Diputados opositores expusieron casos de ciudadanos que aguardan respuestas desde hace meses o años, mientras que las autoridades reconocieron que los tiempos administrativos aún distan de las necesidades reales de los solicitantes.
Convenios vencidos y fiscalización en terreno
La exposición también abarcó el programa Incluir Salud, destinado a la cobertura de quienes perciben pensiones no contributivas y dependen exclusivamente del sistema público. En este segmento, la intervención reportó cerca de 20 mil expedientes de pago frenados y aproximadamente el 80% de los convenios con prestadores vencidos, algunos de ellos datados en 2007 y 2009, según precisó Esteban Giler.
Alejandro Vilches sostuvo que la cadena regular de pagos se sitúa actualmente en torno de los 60 días desde la facturación, aunque admitió la persistencia de casos demorados debido a la imposibilidad de hallar el vínculo contractual que respaldaba jurídicamente la relación con determinados prestadores.
En cuanto a la fiscalización territorial, el secretario reconoció la detección de establecimientos inexistentes en los domicilios declarados para la prestación de servicios, aunque acotó: «Por suerte, no son muchos». Ante la solicitud de la oposición para cuantificar el impacto porcentual de estas irregularidades, se comprometió a remitir los datos individualizados con los que cuenta el organismo.
Modificaciones en el circuito de compras
Como resultado directo de la intervención, se modificó el circuito de adquisiciones. Alejandro Vilches explicó que las compras se centralizaron para erradicar «el sistema irregular que tenía la ANDIS» y avanzar hacia licitaciones abiertas, particularmente en medicamentos, prótesis, sillas de ruedas e insumos de alto costo.
De acuerdo con su testimonio, las mayores distorsiones de precios no se registraron en los fármacos de laboratorio único, sino en equipamientos e insumos, rubros en los que hallaron diferencias catalogadas como «abismales».
Ante el pedido de Unión por la Patria para conocer el informe final de la intervención, el detalle de presuntos sobreprecios, denuncias y perjuicios fiscales vinculados a la causa judicial que investiga a la gestión anterior, Alejandro Vilches confirmó la existencia de un informe de la SIGEN y señaló que la SENADIS continúa enviando documentación al expediente judicial. Asimismo, aclaró que el Ministerio de Salud no se constituyó como parte querellante.
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