La causa por las presuntas estafas millonarias de la firma Moderno House en la ciudad de Santa Fe ingresará en una nueva etapa el próximo 5 de octubre, cuando se realice la audiencia imputativa y la revisión de las medidas cautelares contra los dos imputados en los tribunales provinciales. La postergación se dio luego de que asumiera una nueva defensa técnica y se acordara unificar las instancias procesales solicitadas por el Ministerio Púbico de la Acusación (MPA).
Nueva instancia judicial por las estafas de Moderno House
La investigación por las presuntas estafas cometidas en Santa Fe y alrededores a través de la firma Moderno House tendrá una nueva instancia el próximo 5 de octubre. Ese día, en horario a definir, se realizará la audiencia imputativa solicitada por la fiscalía y, tras un cuarto intermedio, se analizarán las medidas cautelares que pesan sobre Néstor Gabriel Segovia y Camila Dos Santos Rizzi.
La definición surgió este martes durante una audiencia multipropósito realizada en el Anexo de Tribunales de Santa Fe, ante el juez Lisandro Aguirre. El encuentro había sido convocado para resolver planteos formulados luego de la suspensión de la audiencia imputativa prevista originalmente para el 10 de septiembre.
La fiscal Jésica Bernard, junto con Ezequiel Hernández, lleva adelante la investigación, mientras que José Ignacio Chigal representa a la querella. Segovia es defendido actualmente por Jorge Qüesta, en tanto que Dos Santos Rizzi cuenta con la asistencia del Dr. José Nanni, de Rosario.
Modificaciones en la defensa y unificación de actos
Qüesta asumió la defensa de Segovia pocos días antes de la audiencia en la que la fiscalía pretendía formular una nueva imputación. Según explicó el letrado, debido al volumen del expediente y a la cantidad de evidencia digital incorporada, solicitaron un plazo para acceder y analizar la totalidad de las actuaciones.
A partir de ese pedido, el juez dispuso suspender la audiencia y entregar a la nueva defensa la totalidad de la prueba. La decisión fue recurrida mediante planteos de revocatoria tanto por la defensa como por la querella, los cuales se incluyeron en la pauta de la audiencia de este martes.
En paralelo, la fiscalía había solicitado la revisión de las medidas cautelares que mantienen a los dos imputados en libertad. Tras las exposiciones de las partes, se acordó concentrar ambos actos en una misma jornada: primero se desarrollará la audiencia imputativa y, después de un intervalo de menos de dos horas, se evaluará la situación cautelar de los acusados.
Estado procesal y antecedentes de los operativos
Segovia y Dos Santos Rizzi permanecen actualmente en libertad bajo medidas alternativas a la prisión preventiva, entre las que se destaca la prohibición de salir del país. Según indicó Qüesta, con el archivo primigenio de la investigación aquellas restricciones habían quedado sin aplicación práctica, pero tras el desarchivo, la fiscalía pretende revisar nuevamente la situación procesal de ambos.
Un antecedente inmediato se registró a comienzos de septiembre, cuando se concretaron cinco allanamientos vinculados a la causa. Uno de los procedimientos tuvo lugar en el domicilio donde residía Segovia, operativo en el cual —según lo relatado por su defensor— se le secuestró el documento de identidad.
En ese contexto, la fiscalía había requerido que Segovia fuera declarado en rebeldía y se librara una orden de captura, un planteo que no fue admitido por el juez por considerar que el imputado se encontraba a derecho. Para la defensa, dicho antecedente formará parte del escenario a debatir al momento de discutir las medidas cautelares, donde la fiscalía deberá fundamentar qué temperamento solicita para cada uno de los involucrados.
Reapertura de la carpeta judicial
La pesquisa se inició en 2024 a partir de numerosas denuncias contra Moderno House, firma comercial que funcionaba sobre avenida Facundo Zuviría al 6600. Los denunciantes manifestaron haber entregado sus ahorros para la construcción de viviendas prefabricadas que nunca fueron concluidas ni entregadas.
En una primera etapa, la fiscalía atribuyó a los responsables presuntas estafas reiteradas. Sin embargo, tras fracasar las instancias de mediación en el Área de Solución Pacífica de Conflictos, en abril de 2025 el fiscal a cargo dispuso el archivo de las actuaciones bajo la hipótesis de que los incumplimientos constituían un conflicto contractual y no una maniobra delictiva inicial. Dicha resolución fue confirmada posteriormente por la Fiscalía Regional.
La querella apeló la medida y el planteo escaló hasta la Fiscalía General del MPA. El 29 de mayo de este año, María Cecilia Vranicich ordenó desarchivar el legajo y reasignarlo a la fiscal Bernard al concluir que aún restaban producir medidas de prueba para dilucidar si existió dolo desde el origen de las contrataciones.
Con la reapertura de la causa se sumaron nuevas evidencias y reclamos formales. A valores de 2024, el perjuicio económico estimado ascendía a unos 27 millones de pesos. El próximo 5 de octubre, la fiscalía formalizará los nuevos hechos atribuidos a los acusados y sustentará los requerimientos cautelares pertinentes.
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