Una docente santafesina de 51 años fue condenada este martes por la Justicia Federal de Santa Fe tras ser hallada culpable de defraudar al Estado provincial durante casi seis años mediante la presentación de certificados apócrifos de carreras artísticas y un falso título de abogada de la Universidad de Buenos Aires. La maniobra, investigada por la Fiscalía Federal N° 2, le permitió percibir de manera ilegítima haberes como profesora en distintos establecimientos educativos de la región, a pesar de que la Cámara de Diputados provincial la había distinguido en 2020 por su supuesta trayectoria.
Una carrera docente armada con títulos falsos
Una mujer de 51 años fue condenada este martes por la Justicia Federal local tras comprobarse que utilizó títulos apócrifos para desempeñarse como docente en distintos establecimientos educativos de la provincia. La investigación estableció que, entre octubre de 2014 y julio de 2020, María Andrea Patiño presentó certificados que simulaban acreditar estudios superiores en arte, lo que le permitió acceder a cargos y percibir haberes del Estado provincial por un perjuicio económico acreditado en $ 550.020,42 a valores históricos.
El caso trascendió además por una particularidad institucional: en noviembre de 2020, cuando la investigación ya había puesto bajo la lupa la documentación presentada, la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó un proyecto para otorgarle un «Diploma de Honor a la Trayectoria Destacada» en reconocimiento a supuestos 20 años como profesora de Arte en Danzas.
El entramado de los documentos apócrifos
La sentencia fue dictada por el juez del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, Luciano Lauría, en el marco de una causa iniciada en la Fiscalía Federal Nº 2 —entonces a cargo del ex fiscal Walter Rodríguez— y llevada a juicio por el fiscal general Martín Suárez Faisal.
Durante el debate oral se acreditó que la encartada presentó tres títulos falsificados atribuidos al entonces Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA), actualmente Universidad Nacional de las Artes (UNA). La documentación cuestionada correspondía a:
- Profesora de Arte en Danza y Música
- Profesora de Arte en Teatro
- Profesora de Arte en Danza con mención en danzas folclóricas, tango y clásico
Los informes incorporados al expediente por el Ministerio de Educación y la propia casa de altos estudios confirmaron que la mujer no figuraba como egresada. Las maniobras le permitieron asumir horas interinas en escuelas primarias de San Cristóbal y La Pelada, así como cargos en establecimientos de Santa Fe y María Luisa.
El intento fallido con la abogacía
La acusación fiscal sumó un segundo hecho registrado en mayo de 2018, cuando Patiño presentó ante la cartera educativa un título analítico y la fotografía de un diploma de abogada supuestamente expedido por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El objetivo de esta maniobra era acreditar una nueva condición profesional para acceder a mejores cargos docentes. No obstante, el propósito no llegó a concretarse por circunstancias ajenas a su voluntad, motivo por el cual el tribunal calificó el suceso como tentativa. Para probar este tramo, se incorporó un informe de la UBA y el padrón de graduados correspondiente a 2017.
El debate y la sentencia
El juicio se desarrolló este martes en los tribunales federales. En sus alegatos, el Ministerio Público Fiscal había solicitado una condena de cuatro años de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos y que la acusada permanezca detenida en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal.
Para asegurar su presencia en la audiencia, el 21 de septiembre se había dispuesto su detención a través de la Policía Federal Argentina, bajo la orden de ser trasladada a la sede judicial en la mañana del 22 de septiembre.
Finalmente, el juez Lauría rechazó los planteos de nulidad de la defensa pública —ejercida por los abogados Fernando Sánchez y Rebeca Mazzón— y el pedido de suspensión del proceso a prueba. Condenó a Patiño a la pena de dos años y tres meses de prisión en suspenso, además de imponerle inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y decretar su inmediata libertad.
Una vez que el fallo quede firme, la mujer deberá cumplir durante dos años y tres meses con pautas de conducta que incluyen fijar residencia dentro de la jurisdicción, someterse al control del Patronato y realizar trabajos no remunerados en favor de una institución de bien público. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 29 de septiembre.
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