El plenario de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados de la Nación emitió tres dictámenes distintos para regular el sobreendeudamiento de las familias, tras un debate cruzado sobre el nivel de morosidad y el grado de intervención estatal necesario. Mientras el oficialismo de La Libertad Avanza impulsa un esquema centrado en la prevención y la transparencia financiera, los bloques opositores proponen declarar la emergencia en el secteur y establecer regímenes de refinanciación con topes en las tasas y los ingresos. Las iniciativas girarán al recinto en las próximas semanas para su discusión definitiva.
El debate por el sobreendeudamiento llega al recinto con tres dictámenes en disputa
Después de tres jornadas de extensas exposiciones sobre múltiples iniciativas, el debate respecto al sobreendeudamiento en el plenario de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados concluyó con tres dictámenes que arribarán al recinto durante las próximas semanas.
La Libertad Avanza, acompañada por el PRO y sectores de la UCR, obtuvo el despacho de mayoría con 32 firmas —dos de ellas en disidencia—; Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica reunieron otras 27; en tanto, Argentina Federal presentó un tercer texto con dos adhesiones. Detrás de la discusión parlamentaria quedó planteado un interrogante de fondo: cómo interpretar el salto de la morosidad y hasta dónde debe intervenir el Estado para resolverlo sin volver a restringir el acceso al crédito.
El disenso del Banco Central sobre la mora
Ese fue el eje en el que focalizó su exposición Nicolás Ferro, director y vicesuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Su argumento principal sostuvo que el incremento de los atrasos no puede disociarse de la recuperación que experimentó el financiamiento desde el año 2024. «La mora nunca va a ser cero en un país que crece y tiene crédito», enfatizó, para luego completar: «La mora viene con el crédito. Si es cero, es porque no hay crédito».
Según los datos provistos por Nicolás Ferro, desde abril de 2024 el saldo de financiaciones en pesos y dólares aumentó alrededor de un 140%. El crédito denominado en dólares se triplicó, el otorgado en pesos se duplicó y el stock total alcanzó unos $ 165 billones. Dentro de esta recuperación, el crédito hipotecario duplicó su volumen y pasó a representar cerca del 5% de los balances bancarios.
No obstante, el Informe sobre Bancos del BCRA correspondiente a julio advierte que el 12,9% del crédito otorgado a las familias por entidades financieras se encontraba en situación irregular, frente al 3,6% registrado entre las empresas. Un año antes, en julio de 2025, la mora familiar se ubicaba en el 5,6%.
Por su parte, el CEPA calcula que, en la comparación interanual con 2024, la irregularidad entre los hogares pasó del 2,5% al 13% dentro del sistema financiero, y del 7,3% al 33,9% en los proveedores no financieros. El informe atribuye este fenómeno fundamentalmente al deterioro de los ingresos frente a los gastos esenciales. Se trata de una lectura divergente respecto a la oficial, que prioriza la expansión previa del financiamiento, aunque ambos factores confluyen en un mismo escenario: mayor disponibilidad de crédito y crecientes dificultades para afrontar su devolución.
Las tres propuestas legislativas
El dictamen impulsado por La Libertad Avanza prescinde de un plan general de refinanciación para quienes ya se encuentran en mora y centra su estrategia en la prevención. Entre sus puntos destacados figuran una mayor transparencia en las condiciones crediticias, costos y carga tributaria; educación financiera y digital; mecanismos de prevención de fraudes; consentimiento reforzado; y herramientas de autocontrol y portabilidad para cambiar de proveedor.
La diputada Silvana Giudici defendió esta postura al señalar que fijar por ley límites a las tasas, condonaciones u obligaciones compulsivas podría contraer la oferta de financiamiento. «No debemos sacar parches que terminen quebrando el sistema financiero», advirtió durante el plenario.
En la vereda opuesta, el segundo despacho —suscrito por Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica— prioriza la asistencia a las deudas ya caídas en mora. La iniciativa propone declarar una emergencia por 180 días y establecer un régimen específico para personas con al menos 60 días de atraso, que destinen el 30% o más de sus ingresos al pago de obligaciones y cuya deuda no supere el equivalente a dos Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2.
Este esquema contempla la eliminación de intereses punitorios, la extensión de las refinanciaciones por un plazo mínimo de 12 meses y un tope del 30% de los ingresos para las cuotas. La tasa aplicable al saldo reestructurado tendría como techo la TAMAR de los bancos privados del mes anterior incrementada en 25 puntos porcentuales, además de suspender embargos, cobranzas extrajudiciales y nuevos reportes negativos.
Finalmente, el tercer proyecto, presentado por Argentina Federal, postula declarar por el término de un año la emergencia social y económica en materia de endeudamiento —con posibilidad de prórroga— y la creación de un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal. Su articulado propone unificar obligaciones en una sola operación, refinanciarlas a una tasa fija de hasta el 35% y delimitar el universo de beneficiarios según sus ingresos y nivel de compromiso financiero. Asimismo, para determinados créditos de consumo, fija como límite una tasa nominal equivalente a 1,5 veces la aplicada a los plazos fijos de personas humanas a 30 días.
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