A cinco décadas de iniciado el retroceso socioeconómico que transformó a la Argentina en uno de los países con mayor crecimiento de la pobreza en América Latina, un nuevo libro editado por Andrés Schipani y elaborado por especialistas en ciencias sociales advierte sobre la urgencia de alcanzar acuerdos políticos y consolidar cinco ejes estratégicos —con eje en la estabilidad macroeconómica, la formalización laboral y la recuperación educativa— para revertir el quiebre estructural del empleo y la movilidad social.
El laberinto social: radiografía de la pobreza estructural en la Argentina
La pobreza se consolidó durante los últimos cincuenta años como uno de los problemas más complejos de un país que históricamente se pensó como integrado y de clase media. El funcionamiento de la movilidad social permitía que el hijo de una familia de trabajadores progresara hasta convertirse en un profesional exitoso, un empresario próspero o un científico brillante gracias a las condiciones económicas y sociales que generaba el Estado. Sin embargo, la medición de este indicador se convirtió en un motivo de disputa política recurrente que desata reacciones desmesuradas en ambos lados de la grieta, profundizando los problemas estructurales y situando al país al borde de un quiebre social, tal como detalla el libro «Pobreza. La grieta que importa», editado por Andrés Schipani y elaborado por una decena de cientistas sociales.
Pese a este escenario, los autores sostienen que aún existe una oportunidad para revertir el rumbo a través de cinco políticas centrales: lograr estabilidad macroeconómica y una moneda estable para frenar los picos de pobreza; implementar un plan específico para los jóvenes excluidos de las políticas sociales; formalizar a los 8 millones de trabajadores informales; diseñar estrategias educativas orientadas a los habitantes de los barrios populares para retener o reinsertar a los estudiantes; y ejecutar un programa para la primera infancia que complemente la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el programa Alimentar.
La brecha entre los ingresos y las condiciones de vida
El análisis de la pobreza requiere distinguir entre la dimensión monetaria y la estructural. La pobreza por ingresos evalúa si las entradas de dinero de una familia le permiten acceder a la Canasta Básica determinada por el Indec, oscilando según se supere o no ese umbral.
Para ilustrar esta diferencia, el libro presenta el caso de Martín, un residente de Villa Itatí con una familia de cuatro integrantes que deja un empleo municipal para sumarse al sector comercial con un incremento salarial del 10%. Formalmente, este cambio le permite superar la línea de pobreza. Sin embargo, sus condiciones de vida permanecen inalteradas: habita la misma vivienda con techo de chapa que se anega ante cada lluvia, transita calles de tierra convertidas en barro, sus hijos asisten a un establecimiento educativo deteriorado y la salita de salud barrial carece de capacidad para emergencias complejas. Las palancas reales de movilidad social, como la educación y el mercado de trabajo, continúan operando de la misma manera, evidenciando que la pobreza estructural persiste.
El deterioro del mercado laboral y la segmentación
La integración de los sectores vulnerables históricamente se canalizó mediante el empleo formal, posicionando a la Argentina como una sociedad salarial con capas populares integradas a buenos ingresos y servicios. No obstante, desde la década del ochenta, el mercado de trabajo experimentó una precarización sostenida y un incremento de la informalidad, impulsada recientemente por el cuentapropismo independiente.
Un trabajador con salario informal afronta más del doble de probabilidad de caer en la pobreza en comparación con un asalariado formal, además de carecer de coberturas como indemnizaciones, seguros laborales u obras sociales eficientes. En los últimos dos años se perdieron alrededor de 230.000 empleos registrados, mientras que el empleo por cuenta propia —ejemplificado en plataformas como Uber o Rappi— creció en 350.000 puestos en el mismo período. Esta precarización impide que los jóvenes logren una integración plena en la sociedad.
La crisis educativa y la pérdida de la sociedad integrada
El sistema educativo atraviesa dificultades generalizadas que se reflejan en mediciones como las pruebas PISA y Aprender, donde la Argentina ocupó el puesto 72 entre 90 países, con un impacto aún más severo en las escuelas públicas de sectores desfavorecidos. El alto ausentismo docente y estudiantil debilita el vínculo con la institución, encontrando establecimientos desbordados ante problemáticas familiares, de salud mental y consumos problemáticos.
Este cuadro se complementa con una segmentación socioeconómica que profundiza el paralelo con modelos de países como Brasil. Desde los años noventa, fenómenos como la segregación residencial —con sectores medios y altos mudándose fuera de los centros urbanos— y la retirada de esas mismas clases de la escuela pública consolidaron un país fragmentado tanto en ingresos como en hábitat y educación.
Políticas de contención y el impacto intergeneracional
A mediados de la década del noventa, marcado por las reformas estructurales de mercado y la aparición de los primeros piquetes en Cutral Co y Plaza Huincul, se gestó una generación de políticas sociales orientadas fundamentalmente a la contención de la emergencia. En 2002, el país contaba con 3,5 millones de beneficiarios de planes sociales, cifra que ascendió a 15 millones en la actualidad, multiplicándose por cinco.
A pesar de una cobertura previsional amplia, el poder adquisitivo de una jubilación mínima con bono incluido experimentó una caída de un tercio entre 2005 y 2024, reduciendo la capacidad de compra de los sectores pasivos. Las intervenciones estatales, eficientes para amortiguar crisis como la de 2002 con el Plan Jefes y Jefas de Hogar, carecen de mecanismos para potenciar el ascenso social, priorizando recortes en áreas clave como la inversión educativa y sanitaria que resultan fundamentales para interrumpir la transmisión intergeneracional de la pobreza.
Primera infancia, mito de la intermediación y el tejido social
Los especialistas coinciden en que la inversión más efectiva se concentra en la primera infancia, etapa en la que se forman las bases cognitivas para el rendimiento escolar y laboral posterior. Sin embargo, en los barrios populares, más de la mitad de los hogares son monoparentales y están liderados por mujeres que enfrentan jornadas de trabajo y cuidado bajo altos niveles de estrés y desgaste, repercutiendo en el desarrollo de los niños.
Respecto al funcionamiento de la asistencia estatal, las encuestas del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) revelan que 8 de cada 10 familias de barrios populares obtienen sus ingresos principales del trabajo y no de los planes sociales. Asimismo, los punteros políticos operan como un síntoma de la retirada estatal en los barrios desde los años ochenta, cumpliendo funciones de nexo con la administración pública ante la ausencia de agencias oficiales.
El impacto en las nuevas generaciones y el avance del narcotráfico
Una de las consecuencias más graves de la crisis estructural es el desaliento que afecta al menos a un tercio de los jóvenes en los barrios populares, quienes pierden la expectativa de que el estudio y el trabajo funcionen como herramientas de progreso. Este segmento experimenta cuadros de depresión, ansiedad, ideas suicidas y vulnerabilidad frente a los consumos problemáticos.
En este contexto de fragilidad institucional, el narcotráfico y la economía del delito se han infiltrado en el tejido cotidiano de los municipios, financiando estructuras de asistencia y disputando el territorio ante la falta de alternativas formales de integración y desarrollo económico.
