Ante las asimetrías del actual esquema fiscal y la falta de una nueva ley de coparticipación, economistas y referentes políticos vuelven a debatir un mecanismo para compensar a las provincias agroexportadoras mediante la eliminación de los derechos de exportación. La propuesta plantea que una eventual baja de las retenciones amplíe la base imponible del Impuesto a las Ganancias en favor de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, a través de un fondo específico distribuido por índices porcentuales. Este debate pone nuevamente en tensión el reparto de recursos federales frente a jurisdicciones beneficiadas por regalías petroleras y mineras como Vaca Muerta.
El dilema histórico de la coparticipación y la distribución de recursos
La distribución de los recursos entre el Estado nacional y las provincias constituye uno de los temas más determinantes de la historia argentina. Atraviesa la vida del país desde antes de su conformación como Nación e incidió decisivamente en casi todos los conflictos de los tiempos de la organización nacional.
De manera recurrente surgen propuestas que, ante la aparente imposibilidad de sancionar una nueva ley de coparticipación —como dispone la Constitución nacional reformada en 1994—, buscan al menos crear mecanismos para compensar a las provincias agroproductoras que pagan retenciones.
La iniciativa fue impulsada inicialmente por Carlos Reutemann cuando era senador nacional, como alternativa a la política de retenciones del Gobierno nacional, entonces enfrentado con el sector agroexportador. Aunque se opuso a la iniciativa del santafesino, el Gobierno fue el único que creó un mecanismo de compensación mediante el Fondo Soja. Reutemann sostenía, con cierta lógica, que la producción agropecuaria desgastaba el suelo.
Desequilibrios fiscales y el impacto de los recursos naturales
«La reforma constitucional de 1994 modificó el mapa fiscal al reconocer a las provincias la propiedad de sus recursos naturales. Esto favoreció especialmente a jurisdicciones como Neuquén, Mendoza, Chubut y Santa Cruz, cuyo esfuerzo fiscal no es comparable con el de Santa Fe. A junio, por ejemplo, Neuquén había percibido 903 millones en regalías petroleras, mientras Santa Fe recaudó 1.400 millones de pesos por Ingresos Brutos, un impuesto que exige un esfuerzo tanto del fisco como de los contribuyentes. Así, mientras la Región Centro y Buenos Aires dependen de tributos como Ingresos Brutos e Inmobiliario, otras provincias reciben ingresos extraordinarios por Vaca Muerta y yacimientos similares de gas y minería. Será necesario revisar este desequilibrio para avanzar hacia un esquema más equitativo; de lo contrario, las provincias del sur concentrarán un mayor desarrollo», afirma Jorge Simón, economista y ex secretario de Finanzas de la provincia.
La idea es sencilla. Así como las provincias mineras y petroleras tienen riquezas en el subsuelo, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos poseen la riqueza en la superficie, pero no pueden cobrar regalías a sus productores agropecuarios ni aplicar impuestos provinciales a la producción que se exporta. ¿De dónde saldrían los fondos para pagar estas compensaciones? Del diferencial que la Nación recaudaría en concepto del impuesto a las Ganancias a partir de la baja o eliminación de las retenciones, recursos que irían a constituir un fondo específico por fuera de la masa coparticipable para distribuirse entre las provincias productoras.
Distintas miradas sobre la carga tributaria al agro
Consultado para esta nota, el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, reiteró la postura de la actual gestión: «Es público que nosotros pedimos que se saquen las retenciones al agro no solo porque las cobra el Estado Nacional sino porque entendemos que no se le debe quitar al productor, es decir que son recursos que deben quedar en la actividad económica y no captarlo el Estado».
«La idea de regalías por el uso del suelo en el fondo es una discusión por quién le saca al productor ese recurso y nosotros creemos que no hay que sacarle al productor recursos. La disyuntiva retención versus regalías parte del supuesto de que alguien le saca eso al productor y la discusión es por quién se la saca. Si el Estado Nacional o las Provincias. A las regalías alguien las paga. Y es el mismo productor o el dueño de la tierra quien se la traslada al productor si quien produce no es el dueño. El mejor destino es en el giro de la actividad de la producción», expresó el ministro.
El impacto económico según la Bolsa de Comercio
Las instituciones vinculadas con el campo y la agroindustria sostienen que eliminar los derechos de exportación aumentaría la recaudación global. Según un informe de la Bolsa de Comercio, la Nación compensaría la pérdida de ingresos por esta vía a través de dos mecanismos: la mayor rentabilidad de los productores ampliaría la base imponible del impuesto a las Ganancias y del impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, mientras que el crecimiento de la producción y la inversión generaría un efecto multiplicador sobre la economía.
El estudio estima que, a partir del cuarto año, la eliminación de las retenciones generaría para el Estado nacional un resultado neto positivo de US$ 296 millones frente al escenario en que se mantuvieran sin cambios.
Viabilidad política y perspectivas a futuro
¿Es viable el proyecto? Para Jorge Simón, la respuesta es afirmativa, aunque advierte que no en un período electoral. El especialista recuerda que, antes de 2000, la Nación no compensaba el déficit de las cajas jubilatorias provinciales. En aquel entonces, mandatarios como Carlos Reutemann, Carlos Ruckauf y José Manuel de la Sota reclamaron que las jurisdicciones que no habían transferido sus cajas recibieran una compensación, dado que también financiaban mediante impuestos el sistema previsional nacional.
Ese reclamo quedó plasmado en los acuerdos federales. Para Simón, el antecedente demuestra que una compensación de este tipo es posible, aunque debería plantearse fuera del calendario electoral, quizá en 2028. Asimismo, advierte que de no corregirse el rumbo, el mapa fiscal será cada vez más desigual, con provincias que contarán con ingresos extraordinarios comparables a los generados por Vaca Muerta o economías petroleras, mientras otras quedarán relegadas en un contexto que favorece principalmente al agro, la energía y la minería.
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