La investigación judicial por el funcionamiento clandestino de un geriátrico en barrio Nuevo Horizonte de Santa Fe avanza sobre tres ejes principales: el abandono de los adultos mayores tras un incendio, la posible red de complicidad con funcionarios públicos y el manejo irregular de tarjetas y documentos de los residentes. En el marco del expediente que encabeza el fiscal Marcelo Nessier en el Ministerio Público de la Acusación, la administradora del establecimiento permanece con prisión preventiva imputada por privación ilegítima de la libertad, mientras se relevan cuentas bancarias y billeteras virtuales para determinar si existieron pagos ilegales.
La ruta del dinero y los funcionarios bajo la lupa por el geriátrico clandestino
La investigación judicial por el funcionamiento clandestino de un geriátrico de barrio Nuevo Horizonte avanza ahora sobre una de sus aristas más complejas: determinar si existieron pagos o beneficios económicos entre la mujer señalada como administradora del lugar y funcionarios que habrían intervenido, de algún modo, en la derivación o atención de adultos mayores. Para eso, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) pidió información a una veintena de bancos y a una docena de billeteras virtuales y analiza movimientos correspondientes al último año y medio.
La pesquisa se encuentra a cargo del fiscal Marcelo Nessier y tiene actualmente tres líneas diferenciadas. La primera es la que se originó a partir de las condiciones en las que fueron encontrados siete adultos mayores después del incendio ocurrido el 29 de julio en el inmueble de calle Gollán al 10.100, en el norte de la ciudad capital.
En ese expediente, la Fiscalía atribuyó a María Laura Milia Gamboa (45) responsabilidad por el delito de abandono de personas y privación ilegítima de la libertad. La mujer permanece en prisión preventiva desde el 11 de agosto, mientras que un hombre que trabajaba como cuidador recuperó la libertad bajo medidas alternativas.
La situación quedó al descubierto tras el siniestro, pero el establecimiento no contaba con habilitación oficial y existían denuncias y presentaciones previas relacionadas con las condiciones de alojamiento de los adultos mayores. En paralelo, la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación inició una investigación administrativa sobre la actuación de dos fiscales que habían recibido denuncias antes del fuego.
Tres empleados en la mira
La segunda línea, que por su complejidad demanda buena parte de las tareas actuales, involucra a tres funcionarios y a la administradora del geriátrico. Se trata de dos empleados municipales y una asistente social vinculada al Hospital Protomédico de Recreo.
En este tramo se investigan, por un lado, posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público, contemplados en el artículo 248 del Código Penal. En ese marco, la Fiscalía ofició al área correspondiente de la Municipalidad de Santa Fe para que informe si existe una ordenanza o normativa que establezca cómo deben realizarse las derivaciones de asistentes sociales hacia hogares o centros de atención de adultos mayores.
Pero la investigación no se limita a establecer si se cumplieron o no los procedimientos administrativos. También busca determinar si pudo existir un cohecho activo o pasivo entre la administradora y los tres funcionarios. Para avanzar sobre esa hipótesis se solicitaron registros de operaciones bancarias y de billeteras virtuales pertenecientes a las cuatro personas involucradas en esta línea.
Los pedidos abarcan aproximadamente un año y medio de movimientos hasta la fecha del incendio, por lo que la información recibida es voluminosa y todavía restan contestar algunos de los oficios enviados a las entidades financieras. Una vez reunida esa documentación, la Fiscalía prevé solicitar la intervención del perito contador de la Corte Suprema de Justicia, para analizar y cruzar los movimientos y establecer si existieron transferencias de dinero entre las personas investigadas.
Tarjetas retenidas y nuevas denuncias
La tercera investigación se inició a partir de la denuncia presentada por la hija de un hombre que había estado alojado anteriormente en el lugar y que no se encontraba allí cuando se produjo el incendio. La mujer denunció ante el MPA una presunta estafa y sostuvo que Milia habría retenido las tarjetas de cobro y los documentos de identidad de algunos de los adultos mayores alojados en el geriátrico, impidiendo que fueran entregados a sus titulares o familiares.
Esta acusación se conecta con otros testimonios y presentaciones que ya habían puesto bajo la lupa el manejo del dinero de los residentes. Las actuaciones previas incluyeron referencias al pedido de documentación bancaria y a la administración de recursos de personas alojadas en el establecimiento.
Así, mientras la causa por el abandono de los adultos mayores ya tiene una imputación y una medida cautelar vigente, la investigación más amplia intenta establecer qué ocurrió alrededor del funcionamiento del geriátrico y, particularmente, si existió una estructura que permitió sostener un lugar que funcionaba al margen de las habilitaciones y controles oficiales. Por ahora, la Fiscalía espera completar la información financiera para determinar si detrás de las irregularidades administrativas existió también un circuito de pagos que involucre a la administradora y a funcionarios públicos.
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