La diputada socialista Lionella Cattalini ingresó un proyecto de ley para regular uno de los institutos clave previstos por la reformada Constitución de Santa Fe: el Tribunal de Enjuiciamiento destinado a jueces, fiscales y defensores del Ministerio Público. De aprobarse, la iniciativa quitará a la Legislatura el control directo sobre la conducta de los fiscales y defensores.
Cattalini, quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara y se desempeña como vicepresidenta de la Comisión de Acuerdos, avanzó con esta temática que también analiza el Poder Ejecutivo, aunque este último todavía no remitió un mensaje oficial a las cámaras.
«Hasta la entrada en vigencia de la ley que regule los procedimientos disciplinarios de jueces, procuradores, fiscales y defensores, los mismos se sustanciarán ante los órganos y se regirán por la normativa actualmente en vigor», destaca la cláusula transitoria número 12 de la Constitución.
Hacia un cambio de paradigma institucional
La reciente reforma constitucional estableció la manda de reglamentar tanto el Tribunal de Enjuiciamiento como el Consejo de Selección del Poder Judicial y del Ministerio Público para la elección de los futuros magistrados. Si bien en el Poder Ejecutivo se trabaja en los alcances de ambos institutos, la legisladora resolvió presentar su propia propuesta, tras dar aviso previo a la Casa Gris.
«Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes», sostuvo la autora del proyecto.
El texto apunta a reglamentar los artículos 142 y 143 de la Constitución santafesina, los cuales crean el Jurado de Enjuiciamiento, fijan las causales de remoción y establecen los principios rectores del procedimiento. Hasta ahora, los jueces eran sometidos a un jury integrado por miembros de la Corte Suprema de Justicia, legisladores y abogados, mientras que fiscales y defensores dependían de la Comisión de Acuerdos legislativa.
Integración del nuevo jurado
La iniciativa prevé que el futuro cuerpo esté compuesto por un ministro de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general o el defensor general, dos magistrados (jueces, fiscales o defensores según corresponda), tres senadores y tres diputados elegidos por ambas Cámaras con representación de las minorías, y dos abogados matriculados en los colegios de la provincia.
«Necesitamos una ley que permita poner en funcionamiento lo que establece la nueva Constitución y dejar atrás un sistema en el que el juzgamiento de los jueces estaba en manos de la Corte y el de los fiscales y defensores, en manos de la Legislatura», explicó Cattalini, al remarcar la necesidad de consolidar un modelo moderno, transparente y con reglas claras.
Pedido de informes sobre cobros judiciales en la EPE
En el ámbito legislativo, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un pedido de informes presentado por los legisladores justicialistas Marcos Corach y Lucila De Ponti. La solicitud exige precisiones a la Empresa Provincial de Energía (EPE) sobre los criterios aplicados para derivar a ejecutores fiscales el cobro de deudas de usuarios residenciales por consumos eléctricos.
«Motiva el proyecto nuestra profunda preocupación al tomar conocimiento de situaciones que denotan una grave desproporción en la política de recupero de acreencias por parte de la EPE. Esta situación se materializa en el inicio de juicios ejecutivos y la posterior traba de embargos sobre sueldos de trabajadores en relación de dependencia por sumas millonarias», explicaron los autores.
Asimismo, los legisladores señalaron la necesidad de contrastar el rigor procesal aplicado a los trabajadores con las facilidades otorgadas a grandes consumidores y deudores corporativos, evaluando al mismo tiempo el impacto del crecimiento de la mora como correlato de los ajustes tarifarios en la provincia.
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