El Gobierno argentino presentó una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para impedir que el Reino Unido avance con la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte. La presentación, canalizada a través de la Cancillería bajo la conducción de Pablo Quirno y respaldada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), apunta a frenar la actividad hidrocarburífera unilateral autorizada por Londres y evitar que se agrave la controversia de soberanía reconocida por la ONU en 1965. En paralelo, la iniciativa oficial sobre la defensa de los recursos australes continúa su debate en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación en busca de dictamen.
Presentación formal ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar
El Gobierno argentino presentó formalmente ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo (Alemania), una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.
La Oficina del Presidente informó que la presentación busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas a través de la resolución 2065, aprobada por la Asamblea General en 1965.
Según el comunicado oficial, la medida se enmarca en el procedimiento arbitral que el Gobierno Nacional inició el 28 de septiembre, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), para defender la soberanía argentina y los recursos naturales.
El Ejecutivo indicó que la solicitud se fundamenta en el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR, que permite pedir medidas provisionales mientras se encuentre pendiente la constitución de un tribunal arbitral, con el objetivo de preservar derechos o prevenir daños graves al medio marino si la urgencia de la situación lo requiere.
La República Argentina reafirmó además sus derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y sostuvo: «Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas».
Cuatro puntos clave del requerimiento
Minutos después de la difusión del comunicado oficial, el canciller Pablo Quirno detalló los cuatro puntos en los que se basa el requerimiento al Reino Unido vía CONVEMAR:
- Impedir el inicio o la continuación de la explotación de los recursos de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Norte de Malvinas por parte del denominado «Proyecto Sea Lion», que tiene previsto iniciar la actividad comercial en 2028, aunque desde hace varios años realiza tareas de exploración.
- Requerir que el Reino Unido «se abstenga de utilizar la información obtenida durante la exploración de los recursos naturales de las áreas marítimas en disputa, en perjuicio de los derechos de la República Argentina«, apuntando a datos geológicos, geofísicos o técnicos que puedan ser utilizados en beneficio de proyectos foráneos.
- Exigir que «cese de impedir que la República Argentina cumpla con su obligación, en virtud de los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR, de proteger y preservar el medio marino de las áreas marítimas objeto de la controversia».
- Solicitar que «se abstenga de adoptar cualquier otra medida que pueda agravar la controversia, en particular el otorgamiento de nuevos permisos para la explotación de los recursos de la plataforma continental en disputa».
Cómo sigue el proceso judicial e internacional
La decisión se concretó tras el vencimiento del ultimátum de dos semanas que la Argentina había concedido a Londres para adoptar medidas destinadas a frenar las actividades vinculadas con Sea Lion, un proyecto desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.
Con esta presentación, la administración de Javier Milei pretende que el Tribunal ordene una medida provisional —equivalente a una cautelar— que impida el avance del proyecto petrolero.
La resolución dependerá de los jueces internacionales, quienes evaluarán los argumentos y determinarán si existen fundamentos jurídicos y condiciones de urgencia. La conducción de la estrategia diplomática corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Pablo Quirno. En la preparación técnica intervino la Consejería Legal Internacional de Cancillería, a cargo del embajador Mario Oyarzábal, mientras que los aspectos jurídicos estuvieron a cargo de la Procuración del Tesoro, dirigida por Sebastián Amerio.
En la publicación de Pablo Quirno, se destacó el compromiso con «el diálogo, la diplomacia, el derecho internacional», invitando al Reino Unido «a retomar la mesa de negociación bilateral para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía».
Los antecedentes indican que una primera resolución podría conocerse durante noviembre. Como precedente histórico se destaca el caso de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012, cuando el Tribunal Internacional del Derecho del Mar ordenó su liberación inmediata e incondicional tras una solicitud impulsada por la administración de Cristina Fernández de Kirchner.
En cuanto al proyecto Sea Lion, el desarrollo prevé once pozos submarinos conectados con una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo (FPSO), con perforaciones proyectadas para 2027. Pese a las medidas de Buenos Aires, el 7 de octubre Rockhopper comunicó una inversión de 44 millones de dólares en su participación del 35 por ciento en la sociedad propietaria del buque FPSO OSX-1. Por su parte, la Oficina del Presidente informó que Halliburton confirmó que sus filiales se abstendrían de prestar servicios para Sea Lion.
Debate en la Cámara de Diputados
En el plano legislativo, se espera un nuevo plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal, y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados para continuar con el análisis del mensaje presidencial 275/26 sobre la Defensa de la Soberanía Nacional.
El texto genera discusiones por el contenido de la iniciativa, que incluye la creación de un Consejo de Seguridad con amplias facultades. Por el plenario ya pasaron funcionarios nacionales, incluida la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia María Irazábal Murphy, y referentes de la oposición como los exsecretarios de Malvinas, Daniel Filmus y Guillermo Carmona.
El proyecto fue anunciado a comienzos de septiembre en cadena nacional por el propio Javier Milei, quien solicitó un tratamiento rápido. La expectativa del oficialismo es lograr dictamen para llevar el tema al recinto la próxima semana, aunque la oposición ya anticipó que presentará sus propios planteos.
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