La Cámara de Diputados de Santa Fe tratará este jueves con preferencia el proyecto venido del Senado para reglamentar la Participación Ciudadana, incorporada en la reformada Constitución provincial. Previamente, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías se reunirán en la Legislatura para intentar consensuar un texto, en medio de reparos del interbloque oficialista Unidos sobre la necesidad de conocer la opinión del Poder Ejecutivo.
Agenda legislativa en Santa Fe: participación ciudadana y cambios demográficos
La Cámara de Diputados de Santa Fe tiene previsto abordar este jueves once temas con tratamiento preferencial. Entre las iniciativas más destacadas se encuentra el proyecto para reglamentar la Participación Ciudadana, un concepto incorporado recientemente con diversas figuras en la reformada Constitución de Santa Fe.
Un proyecto sobre la materia fue aprobado previamente en el Senado a instancias de Julio Francisco Garibaldi (PS/La Capital) y derivado a dos comisiones de Diputados, donde ya existían propuestas similares, como una impulsada por la legisladora justicialista Lucila De Ponti.
Este jueves se convocó a un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías para analizar los ocho expedientes acumulados. En el interbloque de Unidos advierten que aún no existe un consenso definitivo y sostienen que debería requerirse la opinión del Poder Ejecutivo. «Eso no existió al votarse en el Senado y creemos que debemos tener una opinión de la Casa Gris», indicó un diputado radical.
La iniciativa promovida por Julio Francisco Garibaldi regula mecanismos como la iniciativa popular, el referéndum, la consulta popular, la revocatoria de mandato, las audiencias públicas, las propuestas ciudadanas y los desafíos públicos. Por su parte, el texto de Lucila De Ponti es más acotado y propone la creación de la Oficina de Participación Ciudadana en el ámbito de la Legislatura de la Provincia.
Asimismo, la agenda parlamentaria incluye otras iniciativas con preferencia, como la presentada por la legisladora Natalia Armas Belavi (Somos Vida) para crear el programa provincial «Niños sin pantallas», y la propuesta del socialista Joaquín Blanco orientada a establecer tarifas especiales para la carga de vehículos eléctricos.
Impactos del cambio demográfico en las políticas públicas
El diputado provincial Rubén Galassi (Partido Socialista – Unidos) presentó un proyecto para que la administración provincial incorpore de manera permanente las proyecciones demográficas a la planificación de sus políticas públicas.
«La baja de la natalidad y el aumento de la longevidad ya están modificando las necesidades en educación, salud, cuidados, trabajo, vivienda e infraestructura. Tenemos que tomar decisiones hoy sobre una realidad que ya está cambiando», afirmó Rubén Galassi.
La propuesta establece que la comisión respectiva funcione en la órbita del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, nucleando a representantes de distintas carteras estatales y a organismos técnicos como el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). Su diseño no contempla la creación de nuevas estructuras administrativas permanentes ni un presupuesto propio, sino la optimización de los recursos existentes en el Estado provincial.
Actualización del régimen contra la violencia digital
En paralelo, la diputada Celia Arena, presidenta del bloque «Hacemos Santa Fe«, impulsa un proyecto de ley para actualizar el régimen contravencional frente a las nuevas formas de violencia digital, con especial énfasis en la generación y difusión de contenidos manipulados mediante inteligencia artificial.
La iniciativa busca complementar la Ley N.º 14.471 (Ley Ema), que posicionó a Santa Fe como pionera a nivel nacional en materia de legislación específica sobre violencia digital en entornos educativos. El texto propone modificar el artículo 84 bis e incorporar los artículos 84 septies, 84 octies y 84 novies a la Ley 10.703 -Código de Faltas-.
Celia Arena remarcó que «este proyecto cierra la trilogía normativa provincial compuesta por la Adhesión a la Ley Olimpia (Ley 14.297), la sanción de la Ley Ema y esta reforma sancionatoria y reparatoria contravencional».
De este modo, se endurecen las sanciones por la difusión no consentida de imágenes íntimas y se penaliza el uso de tecnologías de generación sintética para crear material explícito, denigratorio o que afecte la dignidad de personas reales o representaciones con apariencia infantil.
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