Ante el riesgo de que la Cámara de Diputados rechace el DNU 70/2023, el oficialismo de La Libertad Avanza acordó restituir por ley la plena vigencia de la Ley 26.737, que limita la compra de campos por parte de extranjeros. La jugada parlamentaria, plasmada en un plenario de comisiones a través de una iniciativa sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada, busca restarle respaldo a la sesión especial convocada para este jueves y evitar así la caída definitiva del megadecreto dictado por Javier Milei.
Una estrategia de supervivencia legislativa para salvar el DNU
El Gobierno nacional decidió entregar una pieza clave de su programa desregulador para intentar preservar el tablero completo: aceptó restablecer la Ley de Tierras con el objetivo político de evitar que la Cámara de Diputados avance contra la totalidad del DNU 70/2023.
La jugada quedó plasmada este miércoles en el plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde el oficialismo y sectores aliados incorporaron al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada dos artículos que revierten uno de los puntos originales del decreto firmado por Javier Milei: dejan sin efecto su artículo 154 y restituyen la plena vigencia de la Ley 26.737. El dictamen de mayoría reunió 34 firmas sobre 66 legisladores presentes.
El Poder Ejecutivo había justificado en diciembre de 2023 la derogación de esa norma al señalar que limitaba el derecho de propiedad sobre la tierra rural y las inversiones en el sector. Ahora, desde La Libertad Avanza aceptan volver sobre sus pasos ante un riesgo que consideran mayor: que la Cámara baja rechace el decreto entero.
Los límites de la Ley 26.737 y el fantasma del rechazo
La Ley 26.737 establece, entre otras restricciones, que los extranjeros no pueden concentrar más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental; además, limita cuánto puede quedar en manos de una misma nacionalidad y alcanza a campos con determinados cuerpos de agua o ubicados en zonas de seguridad fronteriza.
Fue precisamente ese régimen el que Javier Milei eliminó mediante el artículo 154 del DNU 70. Sin embargo, el conflicto se convirtió en la puerta de acceso para intentar voltear el megadecreto completo.
El Senado ya había rechazado la norma en marzo de 2024 por 42 votos contra 25 y 4 abstenciones. Bajo los términos de la Ley 26.122, si Diputados adopta la misma decisión, el decreto quedará definitivamente derogado.
Por esta razón, el oficialismo procura separar las discusiones: concede la restitución de la Ley de Tierras para que los radicales, los provinciales y otros aliados que objetan la apertura irrestricta a compradores extranjeros no tengan que acompañar la caída de una regulación mucho más amplia.
La ingeniería parlamentaria y el calendario urgente
La estrategia legislativa se canalizó a través de un proyecto que ya contaba con media sanción del Senado: la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa más abarcativa que desregula expropiaciones, mecanismos de restitución de inmuebles y desalojos.
El legislador radical Diógenes González fue quien formalizó el agregado. Durante el plenario, explicó que el nuevo artículo 38 deja sin efecto el 154 del decreto y que el 39 devuelve la plena vigencia a la Ley de Tierras. «La ley de tierras recobra vigencia por ley sin afectar la seguridad jurídica y con sentido de responsabilidad», sostuvo.
La modificación obliga a que, si Diputados aprueba el texto, este deba regresar al Senado. El bloque oficialista apunta a tratarlo en el recinto el 21 de octubre.
No obstante, el calendario inmediato presenta una urgencia mayor: para este jueves 15, sectores opositores convocaron a una sesión especial con el propósito de rechazar el DNU 70.
La intervención de la Justicia y las reacciones opositoras
En paralelo, la Corte Suprema de Justicia también intervino en la disputa. Tras una primera resolución que había vuelto operativo el artículo 154, el máximo tribunal dictó luego una cautelar interina en otra causa y suspendió temporalmente ese punto del decreto. De este modo, volvieron a regir las restricciones a la extranjerización mientras continúa el trámite judicial.
Desde la oposición, referentes como Myriam Bregman (FIT-U) expresaron que la incorporación de la Ley de Tierras constituye «una maniobra para que mañana no haya quórum» en la sesión destinada a voltear el decreto. En la misma línea, legisladores de Unión por la Patria remarcaron la abierta contradicción con la postura original manifestada por el Gobierno nacional.
Ese resquicio temporal le otorgó al Congreso un margen crucial para buscar una salida política. Este jueves, cuando llegue la hora del quórum, se sabrá con exactitud cuánto valió la concesión oficialista.
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