La Justicia penal de Santa Fe rechazó la prisión preventiva para una pareja que había sido detenida en la zona norte de la capital provincial durante un operativo contra el narcomenudeo. El juez consideró que los elementos secuestrados acreditan la tenencia de cocaína, pero que por el momento no permiten sostener que estuviera destinada a la comercialización, por lo que dispuso su libertad bajo condiciones.
Libertad bajo condiciones para una pareja imputada por tenencia de estupefacientes
El juez penal José Luis García Troiano rechazó el pedido de prisión preventiva para una pareja imputada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y dispuso su libertad bajo condiciones, en una audiencia realizada este viernes por la mañana en los tribunales de Santa Fe.
El magistrado cuestionó la solidez de la investigación y sostuvo que, por el momento, las evidencias permiten atribuirles la tenencia de cocaína, pero no acreditar que estuviera destinada a la venta. «La investigación debe acreditar los fines de comercialización o indicios que establezcan que, más allá de la cantidad que se secuestró per se, se puede acreditar el destino de negociación», planteó García Troiano, quien luego añadió que la calificación legal acreditada es la tenencia y no la comercialización.
La resolución alcanzó a Damián Oscar N. y Carina Guadalupe G., de 24 y 25 años, respectivamente, quienes recuperarán la libertad una vez que acrediten un domicilio alejado del lugar donde fueron detenidos y cumplan reglas de conducta. La acusación estuvo a cargo de la fiscal del equipo de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Luciana Escobar Cello, mientras que la defensa fue ejercida por el abogado Héctor Acuña.
El allanamiento en la zona norte
Según la fiscalía, la investigación comenzó el 17 de septiembre, cuando la División Microtráfico de la PDI inició tareas sobre dos viviendas ubicadas en Formosa al 7200, entre Los Negruchos y Bartolomé de las Casas, en el norte de la capital provincial. La pesquisa se originó en información aportada por vecinos que, por temor, prefirieron mantener el anonimato y señalaron que en esos inmuebles se comercializaban estupefacientes.
Escobar Cello sostuvo que las tareas de observación permitieron advertir maniobras compatibles con la venta de drogas. Uno de los domicilios era habitado por la pareja y sus dos hijos, de uno y cinco años.
El allanamiento se concretó el 9 de octubre. En una vivienda con rejas blancas, los investigadores secuestraron los siguientes elementos:
- 125 gramos de cocaína distribuidos en 326 envoltorios de papel satinado.
- $ 351.000 en efectivo.
- 4 teléfonos celulares.
Durante la audiencia, la fiscal solicitó la prisión preventiva para ambos imputados, aunque manifestó que no se opondría a una modalidad domiciliaria para la mujer, en atención a su condición de madre de niños pequeños.
Los argumentos de la defensa
Acuña rechazó el planteo fiscal y centró su argumentación en la diferencia entre la tenencia simple y la posesión con fines de comercialización. «No discutimos la cantidad, pero la cantidad no puede validar por sí sola la comercialización», sostuvo.
El defensor criticó que, tras un mes de investigación, uno de los elementos reunidos fuera una fotografía en la que una persona presuntamente manipula estupefacientes, y remarcó que no se acreditó ninguna operación de compra o intercambio. «Había tenencia, sí, pero no hay balanzas ni armas que acrediten el comercio», señaló, a la vez que cuestionó que transcurrieran siete días desde los procedimientos sin ampliar las declaraciones de los testigos.
El propio imputado hizo uso de la palabra para indicar que se habían mudado al lugar durante la primavera y que se desempeñaba como peón de albañil en un barrio cerrado de la zona. Asimismo, asumió la autoría sobre 26 envoltorios de cocaína, pero atribuyó el resto a un hombre identificado como «Javi», del Mercado de Productores, quien le habría pedido que guardara la sustancia.
Cuestionamientos judiciales a las pesquisas
Al fundamentar su decisión, García Troiano advirtió sobre una debilidad recurrente en las investigaciones por infracción a la ley de microtráfico. «Me preocupa mucho que desde que empezó la provincia a intervenir por la ley de microtráfico, las investigaciones son cada vez más escuetas», expresó.
El juez señaló que debe surgir con claridad la diferencia entre la figura de tenencia y la comercialización, e indicó que existían personas mencionadas como posibles testigos que aún no estaban individualizadas. Pese a calificar el comercio de estupefacientes como un flagelo social, consideró que no existían riesgos procesales y ponderó la situación familiar de los imputados y el monto del dinero secuestrado.
Operativo general de la PDI
El procedimiento se inscribió en un operativo más amplio realizado en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe. Según informó la Policía de Investigaciones (PDI), el 9 de octubre se concretaron seis allanamientos que terminaron con nueve personas detenidas, entre ellas dos mujeres y siete hombres.
En el conjunto de los procedimientos se incautó el siguiente material:
- 271 gramos de cocaína.
- 41,4 gramos de marihuana.
- $ 589.100 en efectivo.
- 26 teléfonos celulares.
- 1 balanza de precisión.
- 1 planta de cannabis.
- 1 notebook.
- 1 cámara de videovigilancia.
- 4 cartuchos calibre 28.
La investigación se originó a partir de tareas de análisis criminal del equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, enmarcada en los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal.
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