De una docena de bienes a subastar a 240 lotes entre bienes e inmuebles; de 220 personas participando del evento a más de cuatro mil. Los extremos marcan la evolución registrada entre la primera subasta de bienes secuestrados al delito desde la implementación de la ley en la provincia —durante la gestión de Miguel Lifschitz— y la última realizada el pasado viernes en la ciudad de Santa Fe.
En diálogo con el diario El Litoral, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, analizó los factores que incidieron para que el remate alcanzara un récord histórico de público y de recaudación, al tiempo que reflexionó sobre los mitos, los miedos y la carga simbólica vinculada al origen de los lotes.
Factores determinantes detrás del récord de asistencia y recaudación
Consultado sobre los motivos del éxito de la convocatoria, Matías Figueroa Escauriza explicó que el proceso se fue perfeccionando con el tiempo: «Todo se va ajustando y aceitando; va mejorando. Y también está la confianza de la ciudadanía al ir conociendo estos mecanismos, viendo que no pasa nada, que quien compra tiene seguridad y todo es transparente».
El funcionario destacó que las pujas son reales y que el imaginario colectivo sobre supuestas irregularidades quedó atrás: «Con el paso del tiempo se pudo ver que el precio lo pone la gente y que todos pueden participar con tranquilidad. Creo que eso hizo que haya sido tan masiva, más todavía que la de Rosario, que por lógica y por población debería haber sido la más numerosa». El evento en la Estación Belgrano congregó a una gran cantidad de vecinos locales y a numerosos visitantes provenientes de Rosario.
El impacto de la continuidad institucional
Ante la consulta sobre la continuidad de esta política pública a través de distintas administraciones, el funcionario reconoció la vigencia de la herramienta, aunque cuestionó la falta de impulso en periodos anteriores: «Lo que no tuvo el gobierno peronista de Omar Perotti era difusión del evento. Entonces no había masividad de público. Se hicieron las subastas solamente para cumplir con la ley, pero participaban 50 personas».
El perfil heterogéneo de los compradores
Lejos del mito que asocia estas subastas exclusivamente a grandes hombres de negocios, el relevamiento oficial demostró una marcada diversidad en los asistentes. «Muchísima gente de campo buscaba camionetas para trabajar; muchas personas querían comprar su primer vehículo o utilitarios para repartir mercadería, gente que vino para comprar una bicicleta y se llevó un auto, gente común que participó de un evento distinto y pudo comprar algo que lo beneficie», detalló Matías Figueroa Escauriza. Asimismo, se registraron casos singulares, como el de un comprador que adquirió un Arcade cotizado inicialmente en 20 mil pesos y finalizó en 300 mil pesos como un autoregalo de cumpleaños vinculado a sus recuerdos de infancia.
Coyuntura económica, seguridad jurídica y el destino de los fondos
La actual situación socioeconómica también traccionó la demanda, con sectores que buscaban alternativas accesibles para el traslado diario. Sin embargo, el funcionario enfatizó que la consolidación del proceso radica en la seguridad jurídica del sistema: «El evento está organizado de una manera tan segura que la gente ya está dejando en un segundo plano de dónde provienen los bienes. Lo saben porque se difunde, pero lo compran con tranquilidad porque vieron que ya pasaron varios años y no pasó nada».
Finalmente, ante el debate sobre si el destino final debería ser la destrucción de los objetos, el secretario comparó la situación con la administración de recursos líquidos: «Podríamos preguntarnos qué hacemos si en lugar de bienes, hubiera un millón de dólares en efectivo también proveniente del delito… ¿Lo prenderíamos fuego, por más que provenga del delito? Claramente, no; los reinvertiríamos en educación. En fin, son bienes que se obtuvieron del delito, pero que se venden y tienen una utilidad positiva».
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