La Libertad Avanza suspendió la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados prevista para este miércoles, tras no conseguir los respaldos necesarios del PRO, la UCR y bloques provinciales. Los aliados legislativos reclaman modificaciones concretas en el proyecto de Presupuesto 2027 —como fondos para cajas previsionales, financiamiento universitario y deudas de coparticipación— y exigen que los compromisos del Ejecutivo queden plasmados por escrito en la ley. Con este compás de espera, la firma del dictamen quedó postergada para noviembre, condicionada por el límite del superávit fiscal que sostiene el Ministerio de Economía.
Fracasó el intento oficialista y el Presupuesto 2027 pasa a noviembre
La Libertad Avanza no consiguió el respaldo de sus aliados para firmar este miércoles el dictamen del Presupuesto 2027 y debió suspender la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que estaba prevista para las 14.
La Cámara de Diputados consignó la convocatoria como «suspendida». La decisión llegó después de una prolongada reunión que Martín Menem mantuvo el martes con referentes de bloques aliados, sin alcanzar un entendimiento sobre las modificaciones al proyecto.
«No hay dictamen de Presupuesto, hay pedidos que el Ejecutivo no contestó», señalaron desde el PRO de acuerdo con las crónicas parlamentarias.
Con los tiempos justos en el Congreso
El despacho que el oficialismo esperaba cerrar este miércoles quedará inevitablemente para noviembre. En las conversaciones aparecen como alternativas el 11 y el 17 para dictaminar.
La sesión que La Libertad Avanza proyectaba para el 18 todavía es una posibilidad, pero también se menciona el miércoles 25 si continúa la negociación. Ninguna de esas fechas constituye por ahora una nueva convocatoria oficial.
La demora también afecta al Senado. El período ordinario concluye el 30 de noviembre, por lo que el Gobierno contempla extender el tratamiento a diciembre mediante sesiones extraordinarias o una prórroga.
El martes cerró la ronda informativa con las exposiciones de Alejandro Cacace y Maximiliano Fariña, funcionarios del Ministerio de Desregulación. Este último defendió la reducción de estructuras estatales y afirmó que desde diciembre de 2023 se eliminaron unos 81.000 empleos públicos.
Los reclamos de los bloques aliados
El PRO colocó entre sus condiciones que se refleje en el Presupuesto la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. También llevó pedidos vinculados con Entre Ríos: reducir del 21% al 10,5% el IVA sobre huevos y derivados, y revisar el impuesto a los combustibles y el estado de las rutas nacionales.
Una de las diferencias centrales no es solamente cuánto concede Economía, sino dónde queda escrito. Desde el macrismo piden incorporar los compromisos a la ley, en lugar de aceptar entendimientos separados sujetos a decisiones posteriores. Hacienda, a su vez, mantiene el superávit fiscal como límite de cualquier modificación.
La UCR y otros bloques insisten con el financiamiento universitario. La Oficina de Presupuesto del Congreso calcula unos $ 7,7 billones en transferencias para 2027, frente a los aproximadamente $ 11 billones reclamados por los rectores. La semana pasada, los funcionarios de Educación defendieron las cifras oficiales, pero el desacuerdo no se saldó.
En discapacidad hay un principio de acuerdo para retirar los artículos del proyecto que modifican el régimen vigente, tras la media sanción de una nueva iniciativa en Diputados. Falta resolver qué partidas acompañarán la normativa que finalmente apruebe el Congreso.
También está cuestionado el artículo 17, que propone eliminar la movilidad automática por inflación de la Asignación Universal por Hijo. Los aliados reclaman mantener esa garantía, cuya importancia para preservar el valor real de la AUH fue documentada por la OPC.
El debate con las provincias incluye las cajas previsionales no transferidas, para las cuales el proyecto contempla $ 503.326 millones destinados al conjunto de los sistemas jubilatorios jurisdiccionales. En materia de obra pública, se destinan $ 1,3 billones para la ejecución de proyectos en todo el país, lo que abarca unas 435 obras, previendo una reducción drástica en la ejecución respecto de la gestión anterior.
El proyecto de Presupuesto mantiene para 2027 su objetivo de superávit financiero de 0,2% del PBI para el Sector Público Nacional, apoyado en una expansión económica del 4% y una inflación de 18% a diciembre. La negociación deberá determinar qué compromisos entran en ese esquema antes de que la iniciativa pueda llegar al recinto.
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