«En Unidos hemos tenido muchas veces diferencias, hemos hecho esfuerzos para tener consensos y lo vamos a lograr con Herramientas. Hemos ya votado 70 mensajes del Ejecutivo», fue la cuidada y escueta declaración de la diputada socialista Lionella Cattalini al día siguiente de que la Cámara de Diputados de Santa Fe postergara por siete días el tratamiento, en el recinto, del mensaje del Poder Ejecutivo titulado «Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública».
Si bien el último jueves la Cámara de Diputados votó dos de los tres mensajes del Poder Ejecutivo referidos a políticas de seguridad, el proyecto Herramientas es el que mayores fricciones genera, especialmente entre el socialismo y el resto de la bancada. El interbloque de Unidos cuenta con 28 integrantes, de los cuales 14 pertenecen al socialismo, 9 al radicalismo, 3 al PRO y se suman los representantes unipersonales de Creo y Uno.
El sello de Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados registra el ingreso del expediente el 14 de mayo último a las 9:09. Dos meses atrás, ante la falta de avances en el debate legislativo, el radicalismo logró que la iniciativa fuera tratada de forma conjunta por las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Martín Rosúa (UCR) encabeza la primera, mientras que Lionella Cattalini lidera la segunda.
Plenarios y advertencias del sistema judicial
Más allá de los intercambios sobre los alcances del proyecto, se llevaron a cabo dos plenarios: uno con autoridades del Poder Judicial y otro con entidades vinculadas al derecho penal. La Corte Suprema de Justicia en pleno, autoridades del Ministerio Público de la Acusación y la defensora pública penal Estrella Moreno Robinson asistieron a exponer en la primera jornada, donde advirtieron sobre los riesgos de algunas de las figuras legales incorporadas en el texto.
El segundo encuentro reunió a colegios de abogados, letrados rosarinos y entidades de derechos humanos, ámbitos en los que las críticas fueron aún mayores. Esta situación motivó cuestionamientos solapados tanto en legisladores oficialistas como en funcionarios de la Casa Gris.
Posteriormente, comenzaron los cruces en torno a posibles modificaciones que generaron preocupación en el Poder Ejecutivo, al considerar que atentaban contra el núcleo de la reforma. El paquete normativo abarca nueve reformas al Código Procesal Penal, modificaciones a la Ley de Ejecución de la Pena, a la Ley de Inteligencia, tres artículos de la norma sobre Protección de Víctimas y Recompensas, y sendos artículos de la Orgánica de la Policía y del Código de Convivencia.
La postura del Ejecutivo y el rol del radicalismo
Fue el presidente provisional del Senado y titular de la UCR, Felipe Michlig, quien marcó la postura del Ejecutivo y del radicalismo durante la sesión del 22 de octubre. En el tramo final del cónclave, instó a la Cámara Baja a aprobar el paquete de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro, recordando que la Cámara Alta ya había dado luz verde a varias de esas iniciativas meses atrás.
Por su parte, Maximiliano Pullaro se pronunció ante el personal del Servicio Penitenciario: «Nosotros necesitamos más herramientas. Vamos a mandar más leyes a la Legislatura para pedir más herramientas porque las necesitamos». Ante los cuestionamientos sobre una posible inconstitucionalidad, fue categórico frente a los cronistas: «Yo no voy a mandar ninguna ley que sea inconstitucional».
En la misma línea, figuras radicales como José Corral y Martín Rosúa manifestaron su disposición a votar las medidas reclamadas por el Ejecutivo. La víspera de la sesión, en una reunión del interbloque de Unidos, los ministros Fabián Bastia y Pablo Cococcioni ratificaron que el proyecto se mantendría en su texto original, en el marco de un encuentro calificado como tenso y con cruces políticos.
Negociaciones abiertas y proyecciones presupuestarias
El jueves, Unidos no logró consensuar un dictamen en las comisiones, mientras la oposición aguardaba en los pasillos y varios sectores adelantaban su rechazo, en particular el interbloque del PJ y la izquierda.
Tras la sesión, José Corral y Lionella Cattalini se refirieron a los temas aprobados, pero evitaron profundizar sobre el proyecto Herramientas. El resto del bloque socialista mantuvo silencio, a la espera de un mayor diálogo que permita destrabar los capítulos cuestionados. Desde el socialismo descartaron cualquier ruptura de la coalición. Incluso, el exgobernador Antonio Bonfatti —actual diputado provincial— participó en el streaming del acto en el que el radicalismo conmemoró el triunfo electoral de 1983, fecha en la que resultó electo como presidente comunal de Las Parejas.
En paralelo, el Poder Ejecutivo ratificó que la seguridad pública será un eje central de su gestión de cara a la campaña electoral. Al presentar el Presupuesto 2027, el ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó que las inversiones en el área alcanzarán los $ 2,34 billones, destinados a cárceles, estaciones policiales y equipamiento para las fuerzas de seguridad.
Mientras las discusiones continuaban en la Legislatura, el gobernador Maximiliano Pullaro recibió a tres figuras clave del gabinete nacional durante la ronda de negocios del RIGI en Rosario.
Ejes de la reforma: interrogatorio policial y juicio en rebeldía
Uno de los puntos que genera mayor controversia al interior de Unidos es la implementación de la declaración informativa y el interrogatorio policial. El Poder Ejecutivo propone restituir esta figura para agilizar la recolección de pruebas en los momentos iniciales de la investigación penal, evitando la declaración bajo juramento de personas que luego puedan ser imputadas. Asimismo, se habilita el interrogatorio policial preliminar sin la presencia indispensable de un defensor.
Otro aspecto debatido es la regulación del enjuiciamiento penal en rebeldía. Los fundamentos del proyecto sostienen que no se vulnera el derecho de defensa si el acusado es debidamente notificado y decide no comparecer, debiendo asumir las consecuencias de su contumacia. La normativa también contempla la revisión de la condena en rebeldía y regula los supuestos de aparición tardía del imputado con motivos justificados.
Casilda firmó un convenio con Vialidad Provincial para repavimentar la Ruta 19-S
La Municipalidad de Casilda firmó un convenio con la Dirección Provincial de Vialidad para poner en marcha obras de reacondicionamiento vial en la Ruta Provincial 19-S. Con una inversión superior a los 214 millones de pesos y un plazo de ejecución de 120 días, los trabajos apuntan a mejorar la transitabilidad, optimizar el escurrimiento del…
Valle María es sede por segundo año consecutivo del Campeonato Argentino de Remo Máster con apoyo provincial
Con el respaldo del Gobierno provincial y la organización del Club de Remo Rowing de Paraná, la localidad entrerriana de Valle María es sede por segundo año consecutivo del Campeonato Argentino de Remo Máster, que reúne a 26 clubes y 331 tripulaciones de distintas provincias y del exterior. El evento, que se desarrolla hasta este…
