El diputado nacional entrerriano Guillermo Michel, de Unión por la Patria, cuestionó con dureza las condiciones de la privatización de AySA y reclamó la urgente intervención de la Auditoría General de la Nación (AGN) para investigar lo que calificó como una venta «regalada». El legislador advirtió que el paquete accionario fue cedido por un monto equivalente a apenas tres meses de facturación de la compañía y alertó sobre potenciales conflictos de intereses debido a la participación de actuales proveedores en el consorcio comprador. Asimismo, expresó su preocupación por el impacto negativo que la medida tendría sobre más de 16 millones de usuarios del conurbano bonaerense en términos de futuros aumentos tarifarios y calidad del servicio esencial.
Cuestionamientos a la privatización de AySA
El diputado nacional Guillermo Michel, perteneciente a Unión por la Patria, cuestionó con dureza las condiciones en torno a la privatización de AySA y reclamó la intervención de la Auditoría General de la Nación (AGN). Según sostuvo, el valor de la operación equivale a apenas tres meses de facturación de la compañía.
«AySA el año pasado, en términos operativos, ganó 273 millones de dólares. ¿Y venden el 90% por 340 millones de dólares?», afirmó en declaraciones a Radio 10. A partir de esas cifras, el legislador entrerriano consideró que «la empresa está totalmente mal vendida o regalada».
Las críticas sobre el valor de la operación
Guillermo Michel señaló que la compañía cuenta con cuatro millones de conexiones y calculó que el precio representa aproximadamente US$ 100 por cada una. Asimismo, vinculó el monto de la venta con la duración de la concesión, la cual —según indicó— se extenderá durante 360 meses.
«Le transferiste las acciones de AySA a un grupo inversor, le das la concesión por 360 meses y le vendés esa empresa por tres meses de facturación. No resiste ningún análisis técnico», sostuvo. Su reclamo ante la AGN apunta a que se investiguen en profundidad las condiciones de la operación.
Los vínculos con proveedores y posibles conflictos de intereses
El diputado denunció además que en el consorcio comprador participan empresas que actualmente operan como proveedoras de AySA. A su entender, dicha situación podría generar graves conflictos de intereses al momento de definir futuras contrataciones y fijar los precios de los insumos o servicios que necesita la prestataria.
«Ellos van a estar de los dos lados del mostrador. Van a ser los dueños de AySA, que a su vez se dan vuelta y contratan a sus propias empresas», expresó. En ese contexto, exigió que el organismo de control examine detalladamente estas relaciones comerciales y las condiciones bajo las cuales se realizarían las compras.
Guillermo Michel indicó que ya existen dos actuaciones judiciales vinculadas con el proceso de privatización: una radicada en la Justicia en lo Contencioso Administrativo y otra ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. «La auditoría tiene que meterse de lleno en esto, como ya se metió en lo de la Hidrovía», insistió.
Impacto en las tarifas y propuesta de participación mixta
El legislador también manifestó su profunda preocupación por las consecuencias que la medida acarreará para los usuarios del conurbano bonaerense. «El agua es un derecho, es un bien esencial», afirmó, al tiempo que advirtió sobre eventuales aumentos desmedidos en las tarifas y posibles cortes del servicio. Según precisó, la medida alcanza a más de 16 millones de usuarios.
Como alternativa, propuso un esquema de participación mixta similar al implementado en YPF: que el Estado nacional conserve el 51% del paquete accionario para decidir sobre tarifas y obras, y que el 49% restante se abra al mercado. Además, planteó que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires evalúe sumarse formalmente a los reclamos contra la privatización.
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