El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, respaldó este miércoles el paquete de leyes de seguridad enviado por el gobernador Maximiliano Pullaro a la Legislatura provincial y reclamó a los legisladores la rápida aprobación de las nuevas herramientas legales, mientras avanza la negociación en comisiones de la Cámara de Diputados para emitir dictamen este jueves.
Tensión en la Cámara de Diputados por el paquete de seguridad enviado por el Ejecutivo santafesino
En la Cámara de Diputados de Santa Fe, el foco central de la agenda legislativa se concentra nuevamente en el mensaje del Poder Ejecutivo provincial, que propone la reforma de seis leyes vigentes bajo el programa denominado «Herramientas para el fortalecimiento de la Seguridad Pública». La iniciativa genera divergencias en el seno del frente Unidos, particularmente entre el socialismo y el resto de los sectores que integran la coalición.
Tras una serie de intercambios de borradores entre legisladores oficialistas desarrollados entre lunes y martes, las negociaciones continúan este miércoles. En tanto, para este jueves ha sido convocado un plenario conjunto de las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General, con el objetivo de emitir dictamen sobre el expediente y habilitar su tratamiento en la sesión vespertina.
El respaldo del Ejecutivo municipal y el contrapunto con la abogacía
En las últimas horas, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, salió a respaldar públicamente el proyecto y solicitó el acompañamiento de los legisladores del oficialismo.
A través de su cuenta en la red social X, el jefe comunal manifestó: «Los vecinos de la ciudad valoran los esfuerzos para la reducción del delito y la convivencia en paz realizados por el gobierno de Maximiliano Pullaro y no quieren volver atrás. En este sentido, instamos a los legisladores a consolidar el modelo de seguridad pública impulsado por el gobierno de Santa Fe con nuevas herramientas legales que profundicen las acciones en el territorio, agilicen los procedimientos y pongan a la fiscalía y a la justicia en un rol proactivo».
Por su parte, el Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe reiteró su profunda preocupación frente a diversos contenidos del proyecto del Ejecutivo. La entidad advierte que varias disposiciones resultan incompatibles con principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
En sintonía con lo expresado semanas atrás ante un plenario de ambas comisiones, los letrados locales señalaron «con suma gravedad la pretensión de habilitar a las fuerzas policiales a interrogar personas detenidas sin la presencia de su abogado defensor». Según argumentaron, una medida de esta naturaleza vulnera de manera directa el derecho de defensa en juicio y abre paso a posibles abusos, arbitrariedades y mecanismos de coerción incompatibles con un Estado Constitucional de Derecho.
Negociaciones contrarreloj y escenario de votación
En paralelo, los contactos entre los legisladores y los funcionarios del Poder Ejecutivo se intensifican para consensuar un texto definitivo que pueda ser votado por el interbloque de Unidos durante la jornada del jueves.
Asimismo, se llevan a cabo conversaciones con otras fuerzas políticas con el fin de sumar respaldos al mensaje legislativo. Incluso, desde la Casa Gris no se descarta avanzar con la votación aun sin el aval del sector socialista. De producirse dicha escisión al momento de sufragar, constituiría un hecho inédito en la actual etapa institucional de la provincia.
Nueva agenda en la Comisión de Obras y Servicios Públicos
Por otra parte, la Comisión de Obras y Servicios Públicos, encabezada por el diputado Dionisio Scarpin, puso en agenda este miércoles el análisis de dos proyectos de ley orientados a crear el régimen de seguridad eléctrica. Las iniciativas corresponden a la legisladora socialista Lionella Cattalini y al diputado justicialista Marcos Corach.
Para debatir la iniciativa, fueron citados representantes de las Asociaciones de la Red de Seguridad Eléctrica de la Provincia de Santa Fe y gerentes de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
El proyecto tiene como propósito fundamental establecer un marco normativo destinado a preservar la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente en lo referente al uso y manipulación del servicio público de electricidad.
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