Propofest: la causa vuelve a instrucción para analizar los celulares de Boveri y Lanusse

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional ordenó retrotraer a la etapa de instrucción la causa conocida como «Propofest», que investiga por presunta administración fraudulenta a profesionales del Hospital Italiano de Buenos Aires. El tribunal determinó que el cierre del expediente contra el anestesiólogo Hernán Roberto Boveri y la médica residente Delfina Lanusse fue prematuro, ya que aún resta peritar los teléfonos celulares secuestrados, una medida clave que podría modificar la acusación por el presunto desvío de insumos médicos.

Revés judicial en la causa «Propofest»

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional ordenó que la causa conocida como «Propofest» regrese a la etapa de instrucción. La resolución judicial alcanza al anestesiólogo Hernán Roberto Boveri y a la médica residente Delfina «Fini» Lanusse, quienes se encuentran procesados por el delito de presunta administración fraudulenta.

El tribunal de alzada consideró que la investigación penal preparatoria se había cerrado de manera prematura, sin completar una medida de prueba considerada relevante: la apertura y el análisis forense de los teléfonos celulares secuestrados a los imputados. Dicho peritaje podría aportar elementos determinantes sobre la presunta maniobra de desvío de propofol y precisar la intervención atribuida a cada uno de los acusados.

La decisión, firmada por el juez Nicolás Grappasonno, anuló una resolución del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47 dictada el 17 de julio, así como todos los actos procesales subsecuentes. Asimismo, el fallo estableció que el mismo juzgado deberá continuar a cargo del expediente antes de que el proceso avance hacia la instancia de debate oral.

La prueba pendiente y el criterio del tribunal

En su momento, la fiscalía había solicitado completar el análisis de los dispositivos electrónicos antes de clausurar la instrucción. Sin embargo, el magistrado interviniente rechazó el planteo al entender que la pesquisa se encontraba suficientemente agotada y que los resultados eventualmente podían incorporarse durante el juicio o dar origen a nuevas investigaciones en caso de surgir otros hechos.

Por el contrario, Casación sostuvo que el alcance potencial de dicha diligencia probatoria excedía las medidas complementarias que habitualmente se realizan en la etapa de juicio. El juez Grappasonno señaló que el contenido de los teléfonos no solo podría fortalecer la hipótesis acusatoria, sino también «modificar la plataforma fáctica de la imputación».

En forma paralela, el Ministerio Público Fiscal también había requerido al Hospital Italiano un detalle pormenorizado de cirugías, procedimientos anestésicos y sedaciones con la participación de ambos profesionales, abarcando el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 1 de febrero de 2026, en los cuales se hubiera registrado el uso de dos o más ampollas de propofol.

La imputación y el recorrido judicial

Boveri, médico de planta del servicio de anestesiología, y Lanusse, residente de tercer año de la misma especialidad, fueron formalmente procesados el 10 de abril. Al profesional se le atribuyó el carácter de autor de defraudación por administración fraudulenta, en tanto que a la residente se le endilgó el rol de partícipe necesaria, cuyos procesamientos fueron oportunamente confirmados por la Cámara de Apelaciones.

La hipótesis investigada sostiene que ambos habrían perjudicado patrimonialmente al Hospital Italiano mediante el desvío sistemático de propofol y otros insumos empleados para su preparación y administración. De acuerdo con la acusación, dichos elementos habrían sido sustraídos de su destino legítimo para ser utilizados en beneficio propio.

El expediente había llegado al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17, sede en la cual la fiscalía insistió con la necesidad de retrotraer el proceso a la etapa de instrucción. En su momento, el tribunal aceptó el retroceso únicamente respecto de Lanusse y dispuso que la situación de Boveri continuara su curso hacia el debate oral. Esa disparidad de criterios derivó en el recurso que finalmente resolvió la Cámara de Casación.


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