El Senado de la Nación dio dictamen este miércoles al proyecto de la nueva ley de Discapacidad con el objetivo de convertirlo en ley antes del 30 de noviembre y evitar el vencimiento de la emergencia. Si bien el consenso legislativo se allanó ante el temor de que caduque el marco normativo, el acuerdo deja planteos abiertos respecto a las deudas con prestadores, recortes en pensiones y omisiones en el Presupuesto que generan reparos en distintos bloques políticos.
Avance en el Senado por la nueva ley de Discapacidad
El Senado de la Nación encaminó este miércoles la nueva ley de Discapacidad, tras alcanzar un acuerdo que, sin embargo, dejó vigentes profundas diferencias en torno a su alcance y su financiamiento.
Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano emitieron dictamen favorable al proyecto, que en la Cámara de Diputados había cosechado 237 votos a favor, 9 negativos y 4 abstenciones. El objetivo del oficialismo es convertir la iniciativa en ley antes del 30 de noviembre —fecha en que concluyen las sesiones ordinarias— para evitar que el 31 de diciembre expire la Emergencia Nacional en Discapacidad.
«Hay una gran desesperación en todo el colectivo de la discapacidad», advirtió el senador Carlos Linares (peronismo), quien optó por retirar su propia iniciativa para prorrogar la emergencia hasta fines de 2027. El legislador explicó que acompañará la media sanción por considerarla «lo más cercano que tenemos ahora, aunque no sea lo ideal».
Por su parte, Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista, valoró la medida al señalar que representa «una respuesta, ya no una emergencia, sino una respuesta permanente». La funcionaria defendió la continuidad de las prestaciones, el esquema de financiamiento y las auditorías, al tiempo que remarcó que la percepción de una pensión no debe constituir un impedimento para acceder al trabajo formal.
El debate legislativo se desarrolla en paralelo a la revisión judicial de 26.141 pensiones cuyos pagos el Gobierno decidió mantener suspendidos. Este conflicto constituye un nuevo capítulo de una disputa más amplia, en la cual las auditorías previas ya obligaron a restituir unas 150.000 prestaciones, según reconocieron diversos funcionarios ante Diputados.
Alcances y cuestionamientos al proyecto
El texto consensuado mantiene la pensión no contributiva equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, el Certificado Único de Discapacidad, la compatibilidad con el empleo registrado para ingresos de hasta dos salarios mínimos y la cobertura del programa Incluir Salud. Asimismo, preserva el nomenclador unificado, la actualización periódica de aranceles y establece controles administrativos junto con garantías para los beneficiarios frente a posibles suspensiones.
Se trata de condiciones que el propio Poder Ejecutivo había intentado restringir en una propuesta anterior presentada este año. No obstante, el nuevo entendimiento negociado en Diputados con sectores de la oposición no logró disipar todas las controversias.
«Creo que es una ley bastante oportunista», cuestionó Alejandra Vigo (Provincias Unidas). La senadora cordobesa sostuvo que la iniciativa careció de la consulta suficiente a los organismos federales y a los prestadores de servicios. En su intervención, propuso revisar cuatro artículos clave: los requisitos de acceso a las pensiones, el financiamiento, las compensaciones y la vigencia. Respecto de las deudas acumuladas, advirtió que los montos arrastran una pérdida de valor que la nueva redacción normativa no logra resolver.
En una línea similar, Juliana Di Tullio (Justicialismo) fue aún más categórica: «Nosotros vamos a firmar este dictamen», afirmó, aunque calificó al proyecto como «malo». La legisladora atribuyó el cambio de postura del oficialismo a la presión ejercida por la movilización de las personas con discapacidad y sus familias, y anticipó que el peronismo intentará introducir modificaciones una vez que la norma sea sancionada.
El impacto fiscal y la discusión por el Presupuesto
De acuerdo con las proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la incorporación progresiva de unos 200.000 nuevos titulares demandará $ 598.912 millones adicionales hacia 2027, cifra equivalente al 0,04% del Producto Bruto Interno (PBI). El organismo separó de este cálculo los $ 278.323 millones correspondientes a las compensaciones pendientes con los prestadores, al tratarse de obligaciones devengadas y no de un costo operativo inédito de la reforma.
El proyecto estipula que las partidas asignadas al Ministerio de Salud para el sistema no podrán sufrir recortes en términos reales en comparación con el ejercicio previo. Sin embargo, la senadora Mariana Juri (UCR) exigió que el financiamiento quede expresamente blindado durante el debate del Presupuesto 2027 en Diputados, para evitar que la norma llegue al Senado desfinanciada.
A su turno, Alejandra Vigo cuestionó que el esquema financiero actual omite detallar qué proporción del costo final recaerá sobre las administraciones provinciales y municipales. Desde La Libertad Avanza, el senador Bartolomé Abdala defendió el esquema previsto y argumentó que el nuevo régimen debe garantizar estrictos mecanismos de control y previsibilidad fiscal.
Finalmente, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde (LLA), ratificó su aspiración de llevar el proyecto al recinto el próximo 19 de noviembre. Respecto de la cobertura de los fondos, indicó que el oficialismo confía en que Diputados «ya lo incluyan en el presupuesto» antes de remitir el texto definitivo a la Cámara alta.
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