Frente a las exigencias ambientales de la Unión Europea y el funcionamiento de la plataforma VISEC, el secretario de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Adrián Luna Vázquez, cuestionó el uso de herramientas privadas para la comercialización de hacienda. El dirigente reclamó alternativas públicas, plena libertad de elección para los productores ganaderos y reglas claras que eviten trasladarles nuevos costos operativos.
El campo en alerta por el impacto comercial de VISEC
El debate en torno a la implementación de VISEC y las estrictas exigencias ambientales de la Unión Europea sigue sumando cuestionamientos desde las entidades agropecuarias. En esta oportunidad, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) planteó duras objeciones al funcionamiento de la plataforma de trazabilidad y advirtió sobre el peligro latente de que una herramienta de gestión privada termine transformándose en una condición excluyente para comercializar hacienda destinada a la exportación.
A través de una columna de opinión difundida el 8 de noviembre, el secretario de CRA, Adrián Luna Vázquez, analizó el alcance del Reglamento europeo 2023/1115. El dirigente recordó que la normativa comunitaria fija exigencias para los productos que ingresan a ese mercado, pero aclaró que en ningún caso obliga a los productores argentinos a incorporarse a un sistema informático determinado. Para la entidad, existe una línea muy clara entre cumplir con los requisitos que imponen los compradores del Viejo Continente y aceptar que una única estructura privada concentre la validación de la información indispensable para operar en el negocio ganadero.
Cuestionamientos a los costos y la libertad de elección comercial
«Europa exige información. No exige VISEC», sintetizó Luna Vázquez. Desde la perspectiva de CRA, la normativa europea asigna la responsabilidad de la diligencia debida exclusivamente a los operadores que introducen los productos en aquel mercado, sin avalar la creación de un sistema de certificación privado y monopólico.
Hay que tener en cuenta que la aplicación del reglamento europeo tiene como fecha prevista el 30 de diciembre de 2026. Ante este escenario, la gremial ruralista insiste en que los productores ganaderos deben contar con un abanico de alternativas válidas para certificar el cumplimiento de las normas ambientales, sin quedar atados a una sola plataforma tecnológica.
Uno de los puntos más ríspidos del conflicto pasa por las condiciones comerciales que, según denuncias recibidas por la entidad, algunos frigoríficos exportadores estarían imponiendo al momento de adquirir hacienda en la invernada o el feedlot. El secretario de CRA advirtió sobre maniobras de condicionamiento en los valores de compra y la aplicación de quitas o descuentos sobre el precio de toda la res cuando el productor no se encuentra inscripto en VISEC Carne.
Desde el sector rural cuestionan con dureza que estas penalizaciones económicas recaigan sobre la totalidad del animal, a pesar de que únicamente determinados cortes nobles tienen como destino final los mercados europeos alcanzados por las nuevas regulaciones ambientales.
Defensa de la competencia y el rol de las provincias
Luna Vázquez contrastó esta práctica con otros esquemas de diferenciación comercial vigentes en el mercado de granos y carnes, donde aquellos lotes que cumplen con atributos específicos obtienen mejores precios en lugar de sufrir castigos financieros. Para CRA, el problema central no es que existan valores diferenciales por calidad o trazabilidad, sino que la posición dominante de compra de determinados frigoríficos se utilice como una herramienta de presión para forzar la adhesión a un sistema privado.
Ante este panorama, la conducción de CRA advirtió que estas acciones comerciales deberían ser evaluadas bajo la lupa de la defensa de la competencia, por lo que no descartan impulsar medidas gremiales y legales al respecto.
El reclamo de la entidad también pone el foco en las atribuciones institucionales y el rol de los organismos públicos. El secretario de CRA trajo a colación el mandato de la Constitución Nacional sobre el dominio originario de los recursos naturales en manos de las provincias, sumado a las responsabilidades que la Ley 26.331 les otorga en materia de ordenamiento de bosques nativos y autorización de cambios en el uso del suelo.
Bajo este marco legal, sostienen que las autorizaciones y los controles emitidos por las autoridades provinciales deben ser plenamente reconocidos en cualquier mecanismo de validación internacional. Asimismo, cuestionaron el acuerdo suscripto entre VISEC y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) para certificar la legalidad laboral, remarcando que el poder de policía y fiscalización del trabajo corresponde exclusivamente a los organismos estatales competentes.
Alternativas públicas y el reclamo federal
Frente a la concentración de la información, CRA reclamó una activa participación tanto del Estado nacional como de los gobiernos provinciales en el diseño de herramientas de validación transparentes. En esa línea, Luna Vázquez recordó que la Secretaría de Agricultura dispuso la creación del Directorio de Esquemas de Diferenciación mediante la Resolución 50/2024, y puso como espejo antecedentes regionales como la plataforma Santa Fe Produce Sustentable, además de los procesos implementados en países vecinos como Brasil, Paraguay y Uruguay.
Entre las principales propuestas presentadas por la entidad figuran el reconocimiento oficial de registros públicos, el desarrollo de plataformas interoperables libres de exclusividades, férreas garantías para la protección de los datos de los productores y una distribución justa de los costos operativos que demanda cumplir con estas exigencias.
Para CRA, la discusión excede ampliamente las barreras de la trazabilidad ambiental y se mete de lleno en cuestiones sensibles como la competencia comercial, el respeto por el federalismo, las atribuciones del Estado y el impacto económico sobre el primer eslabón de la cadena productiva.
«El problema es un modelo en el que otros deciden, otros administran, otros controlan, otros se benefician, y el productor paga», concluyó el dirigente, sintetizando el malestar del campo ante un esquema que amenaza con trasladar costos y restricciones comerciales directamente a los productores.
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